Primera parte

Las indignantes irregularidades que encontró el técnico que auditó las empresas de Lázaro Báez

En diálogo exclusivo con MDZ, Ricardo Stoddart, exgerente de Asuntos Jurídicos de Vialidad Nacional durante el gobierno de Macri, dio detalles de la investigación interna que derivó en el juicio por el que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner recibiría su primera condena.

José Luis Carut
José Luis Carut domingo, 21 de agosto de 2022 · 07:15 hs

El abogado Ricardo Stoddart ingresó a Vialidad Nacional después del 10 de diciembre del 2015, acompañando la gestión de Javier Iguacel, como Gerente de Asuntos Jurídicos. Tal cual contamos en una nota anterior a Javier Iguacel, el intendente de Capitán Sarmiento, al poco tiempo de asumir sus funciones en el organismo encargado de las rutas nacionales se encontró de frente con una protesta de 1.500 trabajadores despedidos por Austral Construcciones con el pretexto de que Vialidad Nacional no pagaba los certificados de obra, algo que era falso. No solo estaban al día con la empresa de Lázaro Báez, sino que habían pagado por adelantado certificados de obras que nunca se hicieron.

En un diálogo distendido con MDZ, Stoddart, quien fue el que hizo junto a un equipo la auditoría interna de las 51 obras adjudicadas a Austral Construcciones (el holding del excajero del banco de Santa Cruz y amigo personal de Néstor Kirchner) que derivó en la denuncia penal y el posterior juicio por la obra pública de Santa Cruz donde está siendo juzgada, entre otros exfuncionarios, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, para quien los fiscales pedirán este lunes una dura pena por los hechos de corrupción investigados

En el comienzo de la charla, Stoddart dijo que es clave contar por qué desde Vialidad Nacional hicieron la denuncia penal. En este sentido afirmó: “Desde el minuto cero de la auditoría nos dimos cuenta que había serias irregularidades, más que irregularidades hechos delictivos. Porque estábamos convencidos. Esto fue en abril del 2016, cuatro meses después que llegáramos a la Dirección de Vialidad Nacional y tras comprobar que había evidencia suficiente de que había una organización corrupta que asignaba obra pública de forma arbitraria e ilegal en la provincia de Santa Cruz”.

"Arbitraria e ilegal porque si conocés la provincia de Santa Cruz es una provincia que no llega al 1% de la población de la República Argentina y había concentrado cerca del 12% de las obras públicas que otorgaba Vialidad Nacional. Es decir, del 100% de las obras públicas, el 12% se asignaban a la provincia de Santa Cruz. Que si bien es un territorio sumamente extenso, no tiene gran transitabilidad, no es como las provincias de Buenos Aires, Córdoba o Mendoza, que tienen un tránsito muy superior a lo que podría tener la provincia de Santa Cruz. Que además cuenta con una particularidad: Santa Cruz tiene muchas rutas provinciales de las cuales la mayoría son de ripio, pavimentadas hay cerca de 4 mil kilómetros”, explicó Stoddart.

Y agregó: “Una de las rutas santacruceñas más importante es la Ruta provincial 9, es toda de ripio y une el mar con la cordillera. Al igual que otra ruta muy importante como la 40 que, en la provincia de Santa Cruz, tiene gran parte de ripio. Eso fue lo primero que nos llamó la atención”.

Asimismo, el exfuncionario de Vialidad Nacional durante la gestión de Cambiemos, añadió: “Otras de las cuestiones que nos llamó la atención fue que los funcionarios que estuvieron entre el 2003 y el 2015 en Vialidad Nacional eran los mismos que habían estado con anterioridad en la provincia de Santa Cruz. Te estoy hablando de José López, de Julio De Vido, te estoy hablando de Nelson Periotti. Por ejemplo, Nelson Periotti fue diez años presidente de la Dirección de Vialidad provincial de Santa Cruz y después estuvo 12 años, es decir todo el periodo de Néstor y de Cristina, como administrador general de Vialidad Nacional”.

“Todas esas cuestiones nos fueron llamando poderosamente la atención. Hasta que el 8 de enero nos encontramos con un gran paro de los trabajadores de Austral Construcciones, algo que tomó un estado público muy notorio por lo que representó la medida de fuerza. Obviamente con Iguacel lo tomamos como que era parte de un reclamo que nos estaban haciendo todos los constructores por las moras en los pagos de las obras ya ejecutadas. Dijimos esto es sin duda un caso más de una empresa que se le adeuda mucha plata y que no está pudiendo pagar los sueldos en función de la deuda que Vialidad Nacional tiene con este grupo constructor. Para que tengas una idea nosotros cuando asumimos en el 2015 el presupuesto de Vialidad Nacional para el 2016 era de 26 mil millones de pesos y cuando llegamos teníamos deuda no documentada con los contratistas que llegaba a 14 mil millones de pesos. Para poner en contexto la importancia de la deuda que arrastraba Vialidad Nacional con los constructores”, recordó Stoddart.

Y completó: “Rápidamente nos metimos en el tema y, oh casualidad, cuando vemos los estados de la deuda que tenía Vialidad con la empresa, no le debíamos un centavo. No solamente no le debíamos nada al holding de empresas de Lázaro Báez,  sino que le habíamos pagado certificados por adelantado a todas las empresas que formaban parte del grupo Austral Construcciones. Es decir, todas tenían esa preferencia. Esto consta en la causa porque cuando se paga un certificado por adelantado hay que hacer un descuento por los días de adelanto que se pagan en función del contrato que se firmó. Esos descuentos Austral Construcciones no los tuvo”.

El empleado trucho de Vialidad Nacional que trabajaba para Lázaro Báez

"Hay un dato de color muy interesante que el fiscal Luciani lo trabaja mucho en su alegato, específicamente dice que en función de estos cortes de ruta se hace una reunión en la Secretaría de Trabajo y Empleo santacruceña entre la constructora, la Secretaría de Trabajo provincial, el representante de la dirección provincial de Vialidad y obviamente Vialidad Nacional. Se hace la reunión porque Carlos Alonso, quien era el subadministrador de Validad Nacional en diciembre del 2015, había dicho en una nota periodística que efectivamente se le adeudaban certificaciones de pago a Austral Construcciones y que seguramente iban a parar las obras", explicó Stoddart.

Y añadió: “En función de esa nota, de quien fuera el subadministrador de Vialidad de la gestión de Nelson Periotti, convocaron a esta reunión para ver cómo podían solucionar los problemas. En representación de Vialidad Nacional va Miguel Salazar,  cuando lo veo en el acta me llama la atención , porque no sabía quién era. Llamo al distrito 23 (es el número de distrito asignado por Vialidad Nacional para la provincia de Santa Cruz)  para ver quién era. Hablo con el Jefe de Distrito y le pregunto ‘Che este Miguel Salazar, que fue en representación nuestra hace cuánto que trabaja en la Dirección de Vialidad’ y ahí nos enteramos que no era empleado de Vialidad Nacional. Un tipo que hacía 8 años ocupaba un escritorio en el distrito 23 de Vialidad Nacional, que hacía las certificaciones y las redeterminaciones de obras para todo el grupo Austral que era un empleado de Lázaro Báez”.

El exfuncionario de Vialidad Nacional continuó su relato: “Con Iguacel cuando nos enteramos de esto no lo podíamos creer. Ya con esto teníamos dos datos: el primero era que efectivamente no se les debía nada, en contra de lo que decía el subadministrador de la gestión anterior; y el segundo dato era que en representación de Vialidad Nacional iba Miguel Salazar, que era un empleado de Lázaro Báez. Ahí automáticamente Iguacel firmo la segunda resolución como director de Vialidad Nacional, la primera fue que se haga una auditoría interna en la provincia de Santa Cruz, nombrando como interventor al abogado Leandro García, que era el jefe del distrito 24 que es Tierra del Fuego. Quedando a cargo de los dos distritos".

“Obviamente ante este panorama yo me fui a Río Gallegos, hicimos una gran auditoría que terminó con las 51 obras que se le habían asignado a Lázaro Báez entre el 2006 y el 2015 y en función de eso se hizo la denuncia judicial. La primera parte de la auditoría interna la hicimos sobre 17 obras que se le habían asignado a Austral Construcciones,  entre agosto del 2006 y abril del 2007. De esas 17 obras no había ninguna terminada y estaban todas pagadas en su totalidad. Y de las 51 obras que le adjudicaron a las empresas de Lázaro Báez, 47 no se terminaron. Eso sí, el Estado pagó la totalidad de las obras”, sentenció Stoddart.

A los 60 días de firmar el contratos Austral Construcciones presentaba certificados por el 35% de la obra hecha

Otra de las cosas que detectamos en la auditoría de las 51 obras, dijo el exfuncionario de Vialidad Nacional, es que "por lo general eran a 24 y 36 meses de ejecución y lo que descubrimos es que, de la firma del contrato hasta los 60 días posteriores a la firma, cada una de estas obras certificaban cerca del 35% del total de la obra. Es decir que de la firma del contrato a los primeros 60 días, habían cobrado el 35% de la obra, entre anticipos y los certificados de movilización de obras, de los primeros trabajos que obviamente no se habían realizado. Es decir, ni siquiera la empresa se había movilizado”.

Stoddart graficó como son los pasos a seguir una vez que se gana una licitación: “Para que se entienda, cuando se firma un contrato de obra las empresas tienen un cronograma de obras que van marcando los tiempos de ejecución de los trabajos en función a la duración del contrato. Primero Austral Construcciones no cumplía estos cronogramas de obra. Por lo general es bastante común en las obras públicas que se pidan prórrogas de un 10 o un 15% del total del contrato, pero en todas las obras de Santa Cruz se pagaban las obras en tiempo récord y se pedían prórrogas que duplicaban o triplicaban la cantidad de meses del contrato original. O sea, algo nunca visto, por ejemplo, una obra de 36 meses se llevaba a 100 meses. Por lo que cobraban muchísima más plata por la actualización de costos. Entonces con la extensión del contrato cobraban las actualizaciones a medida que iban presentando los certificados”.

Y agregó: “Testigos en la causa declararon que los obligaban a certificar obras que no se habían construido, con lo cual eso ya está en el juicio”.

“En la auditoría interna demostramos, y consta en la causa, que en estos procesos licitatorios, Vialidad Nacional delegó en la provincia de Santa Cruz todo lo atinente a licitaciones, confección de pliegos, construcción,  modificación e inspección de las obras. Por lo cual todas las facultades que tenía la Dirección de Vialidad Nacional se las entregó a la provincia de Santa Cruz . A fin de que pudieran hacer lo que quisieran con las obras. Obviamente al usar fondos públicos nacionales antes de pagar los certificados, controlados por el organismo provincial, Vialidad Nacional debería haber verificado los montos certificados y corroborado con la inspección de obra que efectivamente esos trabajos se habían realizado. Eso nunca se hizo”, afirmó quien fuera la mano derecha de Iguacel

Ricardo Stoddart sostuvo que “lo que nosotros decimos, básicamente lo repitió el fiscal Luciani, hay dos cuestiones trascendentales: primero al delegarlo a la provincia de Santa Cruz los pliegos estaban reglados por la ley de obra pública santacruceña, sancionada durante la gestión de Néstor Kirchner como gobernador. Esa ley provincial N.º 2743, era la que regía los pliegos y las licitaciones que existieron durante los 11 años que gobernó el kirchnerismo”.

Asimismo, agregó: “En esto es donde nosotros decimos que, sin la cesión de las obras a la dirección de Vialidad provincial, nunca se podrían haber adjudicado las obras a Austral Construcciones. Primero porque Austral Construcciones no tenía capacidad técnica ni económica para realizar las obras y en segundo lugar porque no había competencia en las licitaciones. Esta ley provincial de la obra pública, en su artículo 32, establecía que se iba a rechazar toda propuesta en la que se comprobara que un mismo oferente o representante técnico se hallaba interesado en dos o más propuestas. Es decir, no podía haber más de dos empresas de un grupo económico participando del proceso licitatorio”

“No solamente había dos, sino en algunos casos había tres o cuatro oferentes pertenecientes al mismo grupo. Cada tanto llevaban empresas que acompañaban como Equimac o Esuco que eran empresas de Eskenazi y de Wagner que ofertaban siempre por encima del 20 % de lo presupuestado, automáticamente esas ofertas eran rechazadas y ni siquiera las analizaban por lo cual iban de partner en los procesos licitatorios. Por lo cual automáticamente ganaba cualquiera de las empresas de Lázaro Báez, con valores muy por encima de los presupuestos oficiales. Para que te des una idea las primeras 17 obras que auditamos en Santa Cruz había un promedio de sobreprecios de entre el 36 y el 64 %. Una locura”, recordó Stoddart.

En tanto dio otras particularidades por las que no se deberían haber asignado las obras a las empresas de Lázaro Báez.  “Por ejemplo la celeridad de las actuaciones, básicamente entre la apertura de las ofertas de las licitaciones y la firma del contrato generalmente pasan 200 días; pero en los contratos en donde se firmaban con el grupo Austral los tiempos entre la apertura de cada licitación y la fecha de suscripción del contrato se acotaban a 29 días”, explicó.

Y dio más ejemplos que encontraron en la auditoría interna por los cuales no deberían haber adjudicado las obras: “Las empresas están obligadas a presentar planillas de equipos y dar la localización de los equipos, Austral Construcciones presentó la misma planilla de equipos en 34 de las 51 obras que le adjudicaron. Esto quiere decir que con el mismo equipo que tenían ‘pensaban hacer’ esas 34 obras. Cuando eso estaba expresamente prohibido, tenían una maquinaria reducida".

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