El quiebre de difícil retorno dentro de la Corte que inquieta

La Suprema Corte de Mendoza está al borde de cruzar un límite a lo irreversible, pues la pelea política interna avanza hacia una crisis institucional. Ayer, dos ministros de la propia Corte acusaron que desde ese tribunal se manipulan los instrumentos para cambiar la dirección de fallos a través del voto plenario y, además, sugirieron que los jueces de Mendoza trabajan bajo la presión de poder ser sancionados por decisión del Gobierno. Las palabras de Omar Palermo y Mario Adaro no fueron superficiales y quedaron oficializadas en dos fallos. La duda es qué camino seguirán esas visiones, pues hasta podrían ser tomadas como eje para futuros análisis legales del desempeño si los denunciantes sostienen lo que dicen en esas sentencias. Además de acusar de manipular los votos de la Corte, sugieren que el oficialismo subordina a sus intereses el Consejo de la Magistratura, que elige las ternas para designar jueces, y el Jury, comisión que evalúa el desempeño y puede destituir jueces. 

La primera consecuencia fue la ruptura total de la Corte. No hay diálogo entre los dos bloque en los que está dividido ese tribunal y la administración de justicia está en crisis en Mendoza. Más si se tiene en cuenta que la Suprema Corte es la última garantía institucional; para el Estado y para los ciudadanos.  El punto clave será el viernes, día en que deberían reunirse los 7 integrantes para debatir temas internos y también jurisdiccionales.

La Sala Administrativa, que controla la gestión, está formada pro Dalmiro Garay, María Teresa Day y Mario Adaro. Allí es donde más tensión cotidiana hay. Pero en la Sala 2, que preside Adaro, es donde más presión se ejerce. Por el volumen y los temas. Es que allí recaen todas las causas laborales y penales, las que más trabajo le dan a la Corte y que más interés político despiertan. Pero no es lo único. 

El bloque "filo radical" de la Suprema Corte están integrados por Dalmiro Garay, María Teresa Day, Pedro Llorente y José Valerio. Tres de ellos fueron nombrados por Cornejo y Suarez. El trío opositor lo forman Omar Palermo, Mario Adaro y Julio Gómez; también nombrados por gobernadores peronistas.

La vinculación política es en algunos casos directa; como el caso de Adaro y Garay, que fueron ministros de Gobierno y pasaron a la Corte sin que pasara nada de tiempo. En otros es más laxa, como es el caso de José Valerio (que tiene un pasado lejano de militancia) y Llorente (que fue legislador en otra época). Y en otros casos la adhesión política no es partidaria, pero sí filosófica, como le ocurre a María Teresa Day con la línea jurídica sembrada por Alejandro Gullé y el "cornejismo"; o con Omar Palermo, que no tiene militancia partidaria pero sí adhesiones a políticas del oficialismo nacional (fue parte del comité de expertos convocados por Alberto Fernández para analizar cambios en la Corte y aunque ya no se identifica ahora, estuvo en el lanzamiento de Justicia Legítima). 

El problema para la Corte no es el origen de sus integrantes, sino la permeabilidad. Es decir la influencia de los dos lados de la grieta o las grietas que tiene la vida pública mendocina. "Hay jueces que tienen dueño", acusan de manera descarnada dentro de Tribunales. La frase tiene en sí la peor calificación que se puede tener de la última barrera de garantías que tiene la ciudadanía.

Irreversible

Palermo y Adaro denunciaron que el oficialismo judicial, liderado por Dalmiro Garay, utilizan el mecanismo de llamar a fallos plenarios según la conveniencia política y la inclinación que tiene el caso. Incluso, aseguran que lo hacen cuando ya hubo jueces que que emitieron su voto. Toman como ejemplo algunos temas emblemáticos, como el voto por el ítem aula (que fue avalado legalmente) y luego una larga lista de causas judiciales. En la Corte aseguran que no es real esa impronta y que el presidente Garay no ha convocado a tantos plenarios como se denuncia, sino que lo hizo en un solo caso y por razones obvias. Incluso explican que la Sala 2, conducida por el peronismo, es la que más cantidad de causas tiene. Es decir, en temas jurisdiccionales es donde más influencia se puede ejercer. Del total de ingresos a la Corte, el 75% de causas llegan a la sala que hoy preside Adaro y donde la "oposición" tiene mayoría. Incluso en temas administrativos: dos de cada tres causas están en esa sala. 

Según los integrantes de la Sala 2, hay intencionalidad manifiesta.  "Con la evidente finalidad de impedir que resuelva la actual composición de la sala II, con sus jueces naturales, e imponer el bloque hegemónico de la actual integración, se llama a resolver en pleno después de que los votos ya han sido presentados. Tal modo de procede...genera un grave daño a la institucionalidad de la provincia y a la legitimidad formal y material de las decisiones de esta corte", dice Palermo. El juez va más allá y sugiere que hay un aleccionamiento político afuera y dentro del Poder Judicial. "La imposición de mayorías automáticas tiene como consecuencia un disciplinamiento de las instancias anteriores del Poder Judicial. Además, la problemática se profundiza si se tiene en cuenta que tanto Consejo de la Magistratura y el Jury de Enjuiciamiento cuenta con las mismas mayorías... Dicho brevemente, con la actual composición de estas instituciones basta la decisión oficial para que un juez o una jueza pueda ser destituido. Ello pone al Poder Judicial de Mendoza en la situación de mayor debilidad institucional que se conozca desde la restauración democrática en 1983", afirma.

Los intereses que cruzan a ese Tribunal no son ingenuos. La cantidad de causas que ingresan por año a la Corte es enorme y allí se dirimen, por ejemplo, todos los entuertos administrativos de la provincia, los conflictos de poderes y hasta juicios laborales (incluidos los que son contra el Estado) y hasta es el tribunal de casación en lo penal. El volumen de causas y la sensibilidad de los temas preocupa a muchos y tienta a otros. 

El terreno quedó embarrado. Incluso con desconfianza por "carpetazos". Hay causas, por ejemplo, donde las propia Corte se mira el ombligo, como ocurre con los empleados asimilados a magistrados. La Corte tiene en sus manos el reclamo de sus colaboradores y entre los ministros se cruzan chicanas, nombres y hasta valores de salarios; todos exorbitantes. Pero hay otras causas trascendentes que los 7 ministros deben resolver en conjunto y que incomodan adentro y afuera. Es el caso de la polémica por los pozos de agua otorgados a grandes empresas en una zona restringida de la cuenca del Río Mendoza. Allí está en juego la potestad sobre el principal recurso natural de la provincia, el poder del Estado sobre ello y, en el medio, el interés económico de las firmas que consiguieron esos permisos y ejecutaron inversiones millonarias. La Corte parece no tener el aplomo necesario para construir credibilidad después de la autoflagelación. 

La disputa no es nueva. Había cierto equilibrio con la presencia de Jorge Nanclares, que era más imparcial e impredecible. Su salida generó el vuelco político hacia un lado; el del oficialismo. La designación de María Teresa Day tuvo ruido interno y externo. Y los escándalos propios comenzaron con la sucesión en la presidencia. La tregua se había firmado cuando Dalmiro Garay fue electo presidente por mandato propio (antes solo terminaba el mandato de Nanclares); luego de que la tensión creciera. Pero la guerra fría seguía y explotó esta semana.