Grave denuncia contra exministro de Seguridad de Chubut
Federico Massoni, exministro de Seguridad de Chubut, fue acusado de llevar adelante maniobras ilegales para privatizar las plantas de verificación técnica vehicular, todo supuestamente acompañado de la percepción de ganancias personales y perjudicando las arcas de la provincia.
La denuncia fue presentada por el Sargento Primero Luis Suárez, representante del Consejo de Bienestar Policial en Chubut, y ya se encuentra en manos del fiscal jefe de la Unidad Especial de Delitos contra la Administración Pública de la Provincia, Omar Rodríguez. Massoni no está solo en la acusación ya que en la investigación se involucró también a Gabriela Sánchez Galindo, actual subsecretaria de Derechos Humanos de Chubut, por estar sospechada de ser partícipe primario de los hechos.
De acuerdo a la presentación, Massoni realizó diferentes maniobras ilegales entre el 2018 y el 2019 para lograr una virtual privatización de las plantas de verificación técnica vehicular correspondientes a la Policía de la provincia patagónica.
Finalmente el 7 de agosto de 2019 se firma el “Contrato de Administración de Plantas Verificadoras”, celebrado entre el Ministerio de Coordinación de Gabinete, representada por Massoni como Ministro, y la Cámara de Grabadores de Autopartes de Vehículos y Motovehículos por un plazo de diez años. Se trata de un contrato irregular, que no contaría con los procesos administrativos correspondientes y ni con documentación regla.
En la denuncia consta que el ministro intervino en los expedientes y desvió la voluntad de la Administración Pública para lograr este contrato, obteniendo importantes ganancias y afectando económicamente a la Provincia del Chubut y a todos los ciudadanos que realizaron el trámite de verificación desde la fecha, ya que imperativamente deben abonar una tasa elevada que no posee sustento normativo.
A través de ese contrato, Massoni dispuso que la Cámara “tomara a su cargo el manejo íntegro de la administración, contratación de personal administrativo residente en la provincia del Chubut, informatización de turnos, provisión y llenado de Formularios 12 necesarios para la verificación de automotores de la Policía de la provincia del Chubut, con excepción de la actividad que desarrollan los peritos verificadores”.
Para autorizar la firma de ese contrato se emitió el Decreto 640/2019, fechado el 6 de junio de 2019, mediante el cual se autorizó al Ministerio de Gobierno a “contratar en forma directa” a la Cámara de Grabadores de Autopartes de Vehículos y Motovehículos para las funciones mencionadas.
Dos días antes de la firma del contrato, el 5 de agosto de 2019, se dictó el Decreto 842/2019, mediante el que se modifica el referido Decreto 640 y se habilitó a firmar el contrato al Ministerio de Coordinación de Gabinete. En ese período Massoni pasó del Ministerio del Gobierno al Ministerio de Coordinación del Gabinete y firmó el contrato.
El denunciante afirmó que Massoni siempre tuvo un “interés personal” detrás del negocio de la concesión de las plantas de verificación personal. En ese sentido, expresó que el 24 de agosto de 2018 ya había intentado avanzar con la “privatización” ilegítima del servicio mediante la firma de un documento idéntico al contrato en cuestión, pero titulado “Convenio Marco de Cooperación entre el Ministerio de Gobierno y la Cámara de Grabadores de Autopartes de Vehículos y Motovehículos”.
A raíz de este contrato, la Cámara obtendría una ganancia neta de $8.000.000 mensuales, según estimaciones reflejadas en la denuncia. Es decir, el Estado continúa afrontando costos del servicio a cambio de un modesto 14% de participación en las ganancias, mientas él obtiene un 86%, lo que representa un perjuicio económico para la Provincia.
La denuncia
