Avanza la denuncia contra la jueza de familia acusada de prestar su firma

El Jury de Enjuiciamiento se reunió este jueves y resolvió admitir formalmente la acusación que pesa sobre la jueza de familia María Elizabeth Lizán, quien fue denunciada por incumplimiento de los deberes de funcionario público, malos tratos, abuso de poder y violencia institucional. En la presentación en su contra se señala que la magistrada dejaba su firma digital para que otros la usaran.

El órgano que tiene la tarea de revisar y juzgar el accionar de magistrados y magistradas en Mendoza decidió avanzar con el proceso iniciado contra la titular del 12° Juzgado de Familia de la Primera Circunscripción Judicial. El siguiente paso del trámite prevé correr traslado de esta novedad a la magistrada dentro de los 10 días hábiles.

La denuncia contra la Lizán fue presentada por los mismos funcionarios y empleados del Tribunal de Gestión Asociada de Familia de Las Heras en el que se desempeña la jueza. Se aportaron pruebas acerca de reiteradas faltas e irregularidades en la labor diaria de la magistrada en ese tribunal. Entre las más graves se destaca “el incumplimiento de la Jueza del deber de dictar, controlar y firmar sus resoluciones, toda vez que la magistrada ha delegado o autorizado el uso de sus credenciales en empleados y funcionarios del Tribunal para firmar digitalmente distintos actos procesales, lo que se ha extendido en el tiempo y resulta ser una conducta recurrente de la magistrada”, según se expresa en el pedido de Jury, que fue elevado por el presidente de la Suprema Corte, Dalmiro Garay.

Se señala que Lizán “prestaba” su token a terceros para que estos firmaran escritos por ella. El token es un dispositivo intransferible y personal, con el que magistrados, mediante el ingreso de una clave, pueden firmar digitalmente sus actuaciones en los expedientes digitales y que hace a la seguridad jurídica de todo proceso, esquema que se aplica en el Poder Judicial de Mendoza desde el 2018.

Pero este tipo de conducta no se daba sólo con el uso de la firma digital. Según lo declarado por otros empleados del tribunal, Lizán también pedía que le falsificaran la firma ológrafa, para que aquellos firmaran en su lugar.

Asimismo, las acusaciones también apuntan al “destrato para con quienes comparte las jornadas, la flexibilidad horaria con la que se maneja, las formas de dirigirse, malos tratos, faltas sin aviso, inasistencia a las audiencias y las actividades extra laborales realizadas y en las que buscaba involucrar a terceros”. Todos estos comportamientos están encuadrados dentro del desorden de conducta.

El Jury de Enjuiciamiento está integrado por los 7 ministros de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, 7 senadores y 7 diputados quienes deberán valorar las pruebas para determinar si efectivamente existió, por parte de la magistrada, un mal ejercicio en su función de jueza; y si le caben sanciones o no, y de qué tipo.

Los integrantes del tribunal son los siete ministros de la Corte, Dalmiro Garay Cueli, María Teresa Day, Pedro Llorente, Mario Adaro, Omar Palermo, Julio Gómez y José Valerio. También forman parte los diputados José Orts, Cecilia Rodríguez, Andrés Reche, Jorge López, Gustavo Cairo, Marisa Garnica y Verónica Valverde; y los senadores Marcelo Rubio, Natacha Eisenchlas, Alejandro Diumenjo, Mercedes Rus, Lucas Ilardo, Mauricio Sat y Cecilia Juri.