Antes de irse, Martín Guzmán confirmó que no puede haber cambios en el acuerdo con el FMI

Ya como ex ministro de Economía, Martín Guzmán hizo un último e importante aporte a la gobernabilidad de Alberto Fernández. El hombre de Columbia le transmitió al Presidente la información que le llegó desde Washington en la última comunicación que mantuvo con la gente del Fondo Monetario Internacional (FMI) y donde la conclusión de la charla fue simple y concreta: no habrá posibilidad alguna que el Board del organismo acepte cambios en el Facilidades Extendidas vigente, salvo que, obviamente, haya algún tipo de acuerdo político de altísimo nivel entre Alberto Fernández y Joe Biden. Y que luego, el presidente norteamericano influya directamente para que los otros países miembros del directorio del FMI se plieguen a la misericordia que pediría el jefe de Estado norteamericano para ayudar, otra vez, al país.

Guzmán había tomado contacto con los hombres del FMI de Washington ayer por la tarde, ya cuando su operativo salida- venganza había sido concretado. La conversación era esperada con la misma intensidad tanto desde Buenos Aires como en Washington, desde donde se quería entender lo que sucedía en Argentina.

No por desconocimiento de la realidad política criolla, dado que en el FMI se cuenta con información más que privilegiada sobre la crisis entre el albertismo (o lo que quedaba de él) y el kirchnerismo. La pregunta que surgía ayer por la tarde en el organismo, era que pensaba Alberto Fernández sobre la continuidad del acuerdo aprobado el 25 de marzo en Washington. Más concretamente, si Argentina pensaba en continuar con el acuerdo o lo denunciaría como políticamente caído y, en consecuencia, llamaría a una renegociación.

Se transmitió a Buenos Aires que mañana a primera hora, el director gerente para el Hemisferio Occidental, Ilan Goldfjan, tendría que tener respuestas desde Buenos Aires preparadas, para el caso seguro que altos funcionarios del organismo financiero lo llamaran a reuniones semiprivadas para que cuente qué sabe de la situación política y económica del país, y sobre las verdaderas intenciones de la Argentina a la hora de sostener lo acordado y firmado.

Guzmán, que pasó la tarde noche del sábado en su ex despacho del Palacio de Hacienda cerrando gestiones de todo tipo y esperando el llamado del que fuera su sucesor, habló con Washington, escuchó las preocupaciones obvias y recibió el mensaje. Luego transmitió la situación a Alberto Fernández quién le mandó a asegurar que la idea general es la de mantener las metas del Facilidades Extendidas. Guzmán reenvió el mensaje a su interlocutor de Washington, en lo que posiblemente haya sido su última faena. No fue el único que tenía esta tarea en su agenda. También el embajador argentino en Washington, Jorge Arguello, tomó la posta y se encontraba trabajando a destajo en sostener ante funcionarios de todo tipo y referencia de la capital norteamericana, la idea de un gobierno en marcha pese a la crisis.

Quedó en claro ayer que Guzmán tenía un problema serio ante el organismo. Era imposible presentar como posible la promesa de un recorte del gasto público del 0,6% del PBI, tal como se comprometió el país ante el organismo a partir de la reducción de subsidios a las tarifas de servicios públicos de luz y gas.

El problema del ex ministro de Economía era que ese nivel de contracción del déficit era ya imposible ante la tardanza de la aplicación de la segmentación de las tarifas, proyecto que desde el viernes tenía final incierto. De hecho, Guzmán había recibido pasmado la última presión desde el kirchnerismo: ningún funcionario de la secretaría de Energía firmaría la reglamentación del formulario de reglamentación del sostenimiento de los subsidios, si no se excluía a Santa Cruz de cualquier suba extra. Y esto en un principio.

En un segundo acto de reclamos, iban a sumarse otras provincias más al beneficio. Todas cercanas al kirchnerismo. Para Guzmán, esta última exigencia fue tomada como una provocación. Casi como una broma. Pero más allá de su impresión, sabía el ministro que entre la tardanza en la aplicación de la segmentación, medida que había sido prometida a Washington para aplicarse desde el primero de junio, y la exigencia de dejar provincias afuera; la posibilidad de una aceptación de la marcha del acuerdo para la próxima misión del FMI sería una utopía. Un golpe mortal ante la promesa de una reducción del gasto público por unos 325.000 millones de pesos de piso.

En la comunicación de Guzmán con Washington quedó también en claro que el FMI tenía razón.  Durante las negociaciones por el Facilidades Extendidas aprobado el 25 de marzo pasado y, más específicamente, en los encuentros protagonizados por los hombres y mujeres fuertes del organismo financiero en la cumbre de abril en Washington; se le advirtió a Martín Guzmán que las proyecciones de crecimiento de la Argentina de hasta 4,5% para este año eran demasiado esperanzadoras. Además, le indicaron que la principal traba para que ese crecimiento del PBI se produjera sería la falta de dólares crónica del país. El Fondo había dado más precisiones. Le anticipó al ex ministro de Economía que las restricciones de divisas se agravarían por la decisión de Vladimir Putin de invadir Ucrania. Incluso se le puso precio al problema, augurando una necesidad de desembolsar dólares por un total de U$S 2.000 millones más de piso en el 2022, para que haya gasoil suficiente para la industria y los particulares. Dinero que, según el FMI, a la Argentina le sería imposible de conseguir.

Según aseguraba la gente de Washington, el alza del precio del gas, y el costo que debería pagar el país durante este año, y eventualmente el próximo -por el incremento del combustible- implicaría para el organismo una erogación extra de más de 1000 millones de dólares, lo que presionaría en las arcas públicas y la demanda de divisas durante el 2022. El FMI intuye que ese dinero del que Argentina debería disponer no está (ni estará) disponible en las cuentas públicas, con lo que habrá que ejecutar un ajuste tarifario aún mayor al que se discute. Y sobre el que aún no hay acuerdo en cuanto al incremento que debería ejecutar el gobierno este año en cuanto a las tarifas del gas. En consecuencia, los números del FMI sobre el crecimiento argentino se verían comprometidos. 

Argentina mostraba en la cumbre de Washington un cálculo diferente en cuanto a las consecuencias de la crisis que afecte al incremento del gas. Para el gobierno obviamente habrá un incremento en cuanto a los precios internacionales de importación del combustible, pero este no llegará a superar los U$S 500 millones. Según las estimaciones del oficialismo, este mismo ejercicio habrá un incremento en la producción de gas en Vaca Muerta, que le permitirá al país aumentar la oferta y atender al menos parte de la demanda creciente de gas.

Por otro lado, aseguraban desde Buenos Aires, si bien sube el precio del gas, también se incrementan los valores de los commodities que exporta el país, lo que le permitiría a la Argentina equilibrar las pérdidas por la suba de los valores de los combustibles. El oficialismo hace referencia no sólo a la soja, que creció casi 10 dólares en las últimas jornadas y se estaciona por arriba de los 600 dólares, cuando el cálculo para el ejercicio se hizo a un precio de U$S 590 la tonelada.

También se mira desde los despachos oficiales los valores del trigo y el maíz, donde la producción local marcaría niveles importantes de disponibilidad. Según las mediciones oficiales, en el peor de los casos, la crisis por la invasión rusa a Ucrania terminaría resultando para el país, en términos de mercado "ancar". Esto es, en un empate técnico. Al menos por ahora. Y, de ninguna manera, ameritaría una reapertura de los capítulos ya discutidos entre el país y el FMI.

En el fondo, el problema era el mismo que hoy. Desde Washington no le creían a Martín Guzmán que este ejercicio la economía crezca entre 3,5 y 4,5%. El FMI consideró siempre que al país le faltarán dólares para lograr esa meta, y que los grandes impulsores industriales de ese eventual incremento del producto tendrán escasez de divisas para importar insumos. Se mencionaba desde la sede del Fondo a la producción automotriz, químicos, petroquímicos, maquinaria y, especialmente, al campo; quién a su vez es el principal aportante de divisas.