Oscar Parrilli cuestionó a un juez y habló de persecución en el juicio por defraudación
En el marco del juicio oral que se le sigue ante el Tribunal Oral Federal 7 al senador Oscar Parrilli, a Katya Daura, ex titular de Casa de Moneda, a Javier Grosman, ex director de la Unidad Ejecutora Bicentenario, entre otros, por el presunto delito de defraudación por administración fraudulenta al haberse pagado un adelanto de $800.000 por libros de “La década ganada” que nunca se imprimieron durante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en 2013, el legislador kirchnerista declaró en indagatoria de forma presencial frente al Tribunal.
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En el mismo momento que se desarrollaban los alegatos en la causa de obra pública con la presencia de la vicepresidenta conectada desde su despacho, el senador nacional del Frente de Todos exponía en los estrados del Tribunal porque así lo había solicitado su defensa. El motivo del pedido era la necesidad de hablarle cara a cara al presidente del TOF 7. “Castelli consideró que debería haberse excusado porque hay enemistad manifiesta y considero que no es juez natural sino especial puesto de manera arbitraria”, sostuvo y agregó que en 2018 el magistrado fue puesto en una causa donde él ya estaba.
Parrilli cuestionó los traslados de jueces y sobre todo el de Germán Castelli que se encuentra judicializado y le dijo “usted tuvo palabras agraviantes hacia mi persona en la carta que envío a la comisión de asuntos constitucionales donde habló que participamos de una maniobra ilegal con prepotencia continuada por el ejecutivo”, al referirse a ello el senador fue más allá y le dijo: “Usted fue designado en San Martín no aquí, yo no le di el acuerdo porque entiendo que no debe estar sentado donde está y menos juzgándome”.
Finalmente el imputado decidió no recusar al presidente del Tribunal y continuó su indagatoria negando haber cometido delito. Aseguró que "la causa existe porque Bonadio tuvo una actitud de persecución ideológica contra el Gobierno kirchnerista" y remarcó que del requerimiento de elevación a juicio de la causa no surge que se hubiera cometido delito. Además aseguró que se lo juzga por haber gobernado la argentina con Cristina Fernández de Kirchner y Néstor Kirchner.
"Analizan acciones de Gobierno que les podrán gustar o no, pero que no tienen nada que ver con delitos", sostuvo y resaltó que la idea del libro, que no se hizo, tenía que ver con dejar registro de las acciones de Gobierno llevadas a cabo durante una década. “Se me juzga por un libro, por el contenido de un libro. Pero yo no licité el contenido, licité el formato, calidad, características del libro”.
Finalmente el senador dijo que no iba a contestar preguntas “lo que voy a preguntar es de que se me acusa y si causé un daño a quién se lo causé porque la licitación fue lícita. Se hizo anticipo con otro organismo del Estado. No voy a contestar preguntas hasta que se me diga cuál es el delito y se explicite”.
La causa se originó a raíz de una denuncia del entonces presidente de la Casa de Moneda, Marcelo Pose, por las maniobras supuestamente defraudatorias concretadas en el marco de la Licitación Pública 16/13 de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación durante el kirchnerismo. Dicha adjudicación de la "Unidad Ejecutora Bicentenario de la Revolución de Mayo 1810-2010" por entonces a cargo de Parrilli fue para el organismo dirigido por Daura, para imprimir 100.000 ejemplares del libro sobre "La década ganada" por $8.000.000, de los cuales recibió un anticipo de $800.000 pesos para la primera etapa.
Según la denuncia, el proceso licitatorio habría estado direccionado a que la Casa de Moneda ganara y contratara a terceros para la publicación de un libro sobre la década kirchnerista que nunca se hizo y tampoco fue reclamado por la secretaría de Presidencia.
La Casa de Moneda compró papel a Celulosa Argentina por $2.650.000 y una parte lo envió a depósitos de la firma "Anselmo Morvillo S.A", quien se encargaría de la impresión de la obra y que ahora reclama por una deuda de $1.650.000 pesos en concepto de depósito de papel.
Cuando en 2017 el fiscal Carlos Rívolo le pidió al fallecido juez Claudio Bonadio la elevación de la causa consideró que Parrilli en su carácter de máximo responsable de la gestión y administración de los fondos correspondientes a la Unidad Ejecutora del Bicentenario, “tomó parte en la ejecución del hecho, acordando con la Sociedad del Estado Casa de Moneda – por fuera de los canales legales- los términos y condiciones de una licitación para la impresión de un libro cuyo interés público no se encontraba debidamente justificado y disponiendo el pago de una suma de dinero a Casa de Moneda por un trabajo que jamás fue realizado, y sin perjuicio de lo cual nunca reclamó su devolución”.
El debate continuará tras la feria con testimoniales.

