La oposición criticó la estrategia oficial en el juicio por el femicidio de Florencia Romano y el Gobierno de despega

La familia de Florencia Romano, la adolescente de 14 años que fue asesinada en diciembre del 2020, abrió una demanda civil contra el Estado de Mendoza por daño moral. Es que, según señalaron en la demanda, el femicidio podría haberse evitado si la operadora del CEO hubiese enviado un móvil al recibir el llamado de un vecino que alertó sobre un hecho de violencia de género. 

En cuanto a lo penal, Pablo Arancibia fue quien admitió el femicidio y recibió la pena perpetua. En tanto, la oficial Verónica Herrera, quien no dio seguimiento a la denuncia telefónica y fue sentenciada a 3 años de prisión. Sin embargo, en el ámbito civil el proceso continúa discutiendo en Tribunales. 

Allí, la familia pide una recomposición económica por la pérdida de su hija ya que los mecanismos del Estado no funcionaron correctamente aún cuando la casa en la que murió Florencia estaba a muy corta distancia de la comisaría y se identificó la presencia de varios patrulleros disponibles en la zona. 

En 2021, el Gobierno de Mendoza, a través de su asesor legal Ricardo Canet presentó un escrito a modo de defensa en el que responsabiliza a los padres de "al menos la mitad" de lo ocurrido. Las reacciones al divulgar el contenido de la defensa oficial no se hicieron esperar y causaron una gran polémica. Tras conocerse ese argumento legal, desde el Gobierno explicaron que esa no es la visión oficial sino una respuesta técnica. En ese sentido, explicaron que la respuesta no tiene trasfondos políticos, ni representa el pensamiento del Gobierno sobre el tema. 

Desde la oposición lanzaron fuertes críticas. El senador provincial, Lucas Ilardo, fue contundente al señalar: "Hay que ser basura no?".  Luego se explayó sobre el tema recordando una de sus intervenciones en la Legislatura en la que el legislador había repudiado los dichos del entonces jefe de la Policía, Roberto Munives, quien en esa oportunidad había lanzado comentarios en el mismo tono.

En tanto, la diputada Laura Chazarreta acusó al Estado de no aplicar la perspectiva de género en su defensa, mientras que la senadora Cecilia Juri calificó de "lamentable" el hecho y agregó: "El gobierno en Mendoza insiste en culpar a otros sin hacerse cargo de su responsabilidad".