Las devastadoras consecuencias económicas de la presión tributaria e impositiva en Argentina
Una política fiscal es la manera que tiene el Estado de cumplir una de sus funciones, que es la redistribución del ingreso, para mejorar la vida de todos los argentinos. El objetivo de su intervención es en una parte achicar la desigualdad que se manifiesta en la sociedad reduciendo la pobreza (o mejor dicho, combatiendo el negocio de la pobreza) y favoreciendo la equidad, pero también premiando a quienes generan riqueza y producción. Pero claro, esta reingeniería para controlar el gasto público no es posible con la más alta presión tributaria de toda Latinoamérica.
Esta presión que pisa la cabeza de los productores, emprendedores y laburantes es asfixiante y agobiante. Casi 7 puntos porcentuales por encima del promedio de la región. Además tenemos una estructura impositiva de las más complejas, no solo en cantidad sino en distribución, ineficiencia e inequidad, mientras que los bienes y servicios que nos da el Estado como contraprestación son notablemente menores a lo que pagamos y a lo que son en los países del primer mundo.
Los gobiernos populistas, kirchneristas y demagogos, como los que padecimos los últimos años, han desarrollo el síndrome de la anti-inversión, lo improductivo y el “pídale al Estado que éste te da”. Además de la altísima presión tributaria y la elevada incidencia de impuestos distorsivos. Algo increíble es que nuestro sistema tributario e impositivo demostró ser un modelo de desincentivo, que transforma a la inversión en una mala palabra. Mas allá de nuestro sistema tributario e impositivo, nos encontramos con un alto nivel de informalidad producto de la catarata de normas y de presencia de un Estado que no acompaña, sino que genera conflicto, alimentando sus propios intereses. Osea, no es posible mejorar la estructura actual impositiva si no se disminuye la tasa de informalidad y la evasión.
Los tributaristas pensamos en un sistema productivo, o mejor dicho un modelo productivo, que acompañe programas de desarrollo y progreso económico donde la inversión sea vista como una buena señal y no una mala palabra. La expansión económica debe tener un pilar crucial y determinante en la reducción impositiva para los sectores productivos, buscando incentivar las inversiones y dotar de una mayor eficacia a la economía laboral. El carácter distorsivo y regresivo de nuestro sistema tributario e impositivo se ve reflejado fundamentalmente en el sector generador de divisas que nuestro país necesita para cumplir sus obligaciones internaciones: las exportaciones. Este gobierno ve al campo como un enemigo y no lo es; es un aliado que acompaña el crecimiento económico y genera un mejor nivel de competitividad en los mercados mundiales.
Mas allá de lograr incentivos a las inversiones privadas y dejar que las exportaciones compitan con los mercados del mundo, tenemos una obligación interna, una gran deuda interna, que es combatir el altísimo nivel de informalidad con políticas que generen una consolidación fiscal, y que no se genere un círculo vicioso en favor del trabajo en negro y la evasión fiscal por la presión que ejerce el Estado con los que generamos empleo y estamos día a día en algún proceso productivo. Cuando los contribuyentes formalizan su economía, la evasión se reduce y mejora la calidad de vida de los bienes y servicios que un buen mercado competitivo desarrollan. Todo esto fortalece la legitimidad del Estado, aumenta la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas y revaloriza los beneficios de una verdadera inclusión social.
Al tener menos asistencialismo y menos subsidios, no solo se baja exponencialmente el gasto público y se destina a inversiones, sino que las personas estarán incentivadas a salir a trabajar. La pobreza no se define por bajos ingresos, sino por carecer de las oportunidades necesarias para tener la capacidad que cada ser humano tiene.
El debate es si vamos a un capitalismo abierto, moderno e inteligente, o nos quedamos en un modelo totalitario, de pobrismo extremo. Hay que derrotar el pobrismo y a quienes expresan esas ideas, sea quien sea.
*Juan Pablo Chiesa es abogado especializado en Empleo y Políticas Públicas, escritor, docente y Presidente de Aptitud Renovadora.