La urgencia electoral de Cristina Fernández de Kirchner que Martín Guzmán se niega a atender

Sergio Massa definió el alivio fiscal que recibirán monotributistas y autónomos en una charla privada con Alberto Fernández. El Ministro de Economía, Martín Guzmán, sumó un nuevo foco de tensión a su enfrentamiento con el kirchnerismo y es ahora el titular de la Cámara de Diputados quien debió salir a rectificar el rumbo del programa económico que también cuestionan a viva voz Cristina Fernández de Kirchner, Máximo Kirchner y La Cámpora.

Detrás de la presión de Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa para torcer la política económica que, hasta ahora, tiene al acuerdo con el FMI y el cumplimiento de las nuevas metas fiscales como prioridad central de Guzmán, laten también urgencias políticas que el ministro de Economía parece no atender. 

A la suba del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, aplicada gracias al pedido de Massa al presidente, ahora se suma un proyecto de alivio fiscal para los monotributistas y los autónomos. Ninguna de estas iniciativas surge del Ministerio de Economía sino más bien del ala política del Frente de Todos que ya entró en estado de alerta electoral ante la proximidad de la campaña para las presidenciales 2023. 

Al igual que la suba del salario mínimo vital y móvil, impulsado por La Cámpora y aliados, o el establecimiento de un salario básico universal, todas estas iniciativas surgen de los fundadores políticos del Frente de Todos y están alejadas de la agenda de prioridades de Guzmán. Casi un programa económico paralelo, atado al termómetro político del peronismo, que el Ministerio de Economía no impulsa por iniciativa propia.

Tal vez por eso Alberto Fernández le recomendó en privado a Guzmán que no suma a Massa a su lista de enemigos internos donde ya figuran Cristina Fernández de Kirchner, Máximo Kirchner y Andrés "Cuervo" Larroque, entre otros. El consejo presidencial parece haber llegado tarde. En el massismo consideran que el ciclo de Guzmán también está agotado y hace falta un ministro con olfato político para poder revertir el escenario electoral del 2019 que le propinó al Frente de Todos una derrota no sólo en la provincia de Buenos Aires sino también a nivel nacional. 

Esa es la clave, invisible en la superficie del debate por la actualización de las escalas del monotributo, que lleva a Massa y al kirchnerismo a apurar medidas económicas que Guzmán no aplica. En la radiografía política del impacto que tendrá la modificación del tope del monotributo, en el despacho de Massa destacan un dato determinante: el 40% de los monotributistas está ubicado geográficamente en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Se trata, en términos territoriales, del principal bastión del peronismo donde radical la fortaleza electoral no sólo del kirchnerismo sino también del Frente Renovador de Massa, con foco especialmente en la primera sección electoral.

La iniciativa que Massa elevará al Congreso junto con los diputados nacionales Leandro Santoro y Mónica Litza, contempla adelantar a julio parte de la actualización anual del monotributo, que suele hacerse desde el 1° de enero de cada año a través de la fórmula de movilidad jubilatoria. Las escalas de facturación de ese régimen quedaron desactualizadas por la escalada inflacionaria. En el primer semestre de este año, las jubilaciones y demás prestaciones que paga la ANSeS acumularán una suba de 29,1%. El proyecto apunta a que ese porcentaje se utilice para actualizar las escalas de facturación de las distintas categorías del monotributo desde el 1° de julio de 2022.

Además, no incluirá aumento en las cuotas mensuales a pagar, sino que se buscará una actualización de los topes máximos de facturación, para que los cuatro millones de monotributistas no tengan que saltar hacia una escala mayor -o quedar afuera del Régimen Simplificado- si su facturación creció en términos nominales por efecto de la inflación, según la propuesta de Massa. Con relación a los autónomos que están alcanzados por el Impuestos a las Ganancias y que en la actualidad deben pagar el tributo con ingresos mensuales superiores a $63.000, la solución que contempla el proyecto es actualizar las escalas y deducciones a fin de que el mínimo no imponible quede en línea o cercano a los empleados en relación de dependencia, que desde el mes que viene será de $289.792.

El paso siguiente sería establecer un mecanismo de ajuste que se aplique por la evolución salarial o la fórmula de movilidad, que hasta ahora determina los montos que esos contribuyentes deben pagar mensualmente como aporte jubilatorio.