Peligra uno de los compromisos más importantes de Martín Guzmán ante el FMI

El principal incentivo/obligación que tenía Martín Guzmán para avanzar en la segmentación de tarifas de electricidad y gas para este año, entró en crisis. La necesidad de reducir subsidios en un 0,6% del PBI en el presente ejercicio, reduciendo el gasto público en unos 400.000 millones de pesos, podría no lograrse. Incluso, el ministerio de Economía podría alcanzar menos de la mitad de ese dinero. Y teniendo en cuenta que este capítulo es la gran esperanza del Ejecutivo de cumplir con el compromiso firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) de un déficit no superior al 2,5% (al menos en lo que refiere al ajuste del gasto público), la situación se convierte en problemática para el mediano plazo.

El problema es simple de explicar. Por cuestiones de legalidad (no se pueden aplicar medidas hacia atrás), el Gobierno sólo podrá ejecutar las suspensiones del 100% de los subsidios, una vez que la persona ingrese en los registros oficiales para anotarse como pasibles de continuar manteniendo la ayuda. Esto es, completando el formulario correspondiente que, hasta hoy, no está habilitado.

En tiempos concretos, no pueden eliminarse los subsidios de junio, como era la intención oficial, sino probablemente entre agosto o septiembre (más cerca de este último mes que del primero). Esto quiere decir que la reducción del gasto comenzará a sentirse en las cuentas públicas en el último trimestre del año. Como la medición de 0,6% de reducción de subsidios está calculada a partir del segundo semestre del año, si se ejecutara finalmente en el último trimestre, el ahorro en subsidios se reduciría a la mitad.  

El titular del Palacio de Hacienda se había comprometido ante el organismo financiero internacional a una reducción de 0,6% del PBI en subsidios para los servicios públicos, para lo cual la segmentación anunciada ayer resultaba clave e indispensable. Sin esta decisión, cuestionada en algún momento dentro del Ejecutivo de manera semipública, haber logrado esa meta hubiera sido imposible.

Si bien el Gobierno se comprometió a no volver a ajustar las tarifas por encima del 20% ejecutado en junio, para lograr el 0,6% podría no alcanzar con la eliminación del 100% del beneficio a los sectores de mayores ingresos y propiedades. El cuadro conocido hasta ahora con un alza tarifaria de 20% y la eliminación de los subsidios totales para algunas zonas favorecidas de CABA y el conurbano bonaerense, sólo llegaba al 0,2% del monto acordado con el Fondo, con lo que debió acelerar el nivel de ajuste; mirando la meta de déficit fiscal de 2,5% de PBI comprometida para todo el 2022.

Si hacia septiembre Guzmán se acerca a ese nivel, el ajuste podría ser menor. Si se aleja, el alza tarifaria se profundizará, y combatirá contra el incremento de la inflación. En este caso, para saber el ajuste final de las tarifas eléctricas y del gas, habrá que esperar el incremento que muestren los salarios privados y públicos en blanco. Si los ajustes comenzaran en septiembre, la meta sería utópica.

Si no se cumpliera este objetivo comprometido ante el FMI, Guzmán deberá explicar ante el FMI como hará para lograr la meta de un déficit de 2,5% anual; sin poder lograr (al menos en su totalidad) la ejecución del principal capítulo de reducción del gasto público. Sabiendo además que el tema subsidios a las tarifas de servicios públicos es un tema donde los fiscalizadores que cada trimestre circularán por las cuentas nacionales, más énfasis pondrán.