El detrás de escena que esconde el manejo de una importante caja del Estado
“Hay que reemplazar los planes sociales por trabajo”. Se trata de una frase hecha que ahora la toman desde todos los sectores políticos: liberales, populistas, progresistas y novatos.
Dejando de lado la linealidad, el problema de fondo para ellos es el volumen de personas que son asistidas: hay más electorado dependiente de ayuda social de emergencia, que nuevos afiliados a los partidos políticos.
Con más de un tercio de los argentinos y mendocinos marginados de la actividad formal, la representación dejó de estar en manos de los gremios, los partidos y las organizaciones “formales”. La necesidad de abandonar la dependencia de los planes sociales es una máxima indiscutible, el problema es que no se logra porque no hay más empleo formal disponible.
Ahora la disputa encierra una resignación, pues es por el control político. El principal plan social vinculado con la política es el “Potenciar Trabajo”, que es ejecutado a través de organizaciones populares: comedores, merenderos, asistencia directa donde, se supone, el Estado no llega.
Falta de recursos, falta de trabajo, personas fuera de sus familias y asistencia social tercerizada. Toda la disfuncionalidad que han creado las crisis agrupadas. En Mendoza, la información es vidriosa.
Para los intendentes y gobernadores no es una novedad la idea de administrar los planes sociales. Hay antecedentes de sobra y no son positivos. Ahora se agrega una complejidad. En Mendoza, por ejemplo, temen que si el control de los planes pasa a su propia jurisdicción venga acompañado por un aumento de los reclamos. Es decir, que los acampes en la Nación, se reproduzcan en la explanada de Casa de Gobierno y en las municipalidades con mayor intensidad.
“Manejarlos es contar con una herramienta para hacer política. Pero también ganarse un problema”, analizan.
En Argentina, el 80% de las personas de bajos recursos económicos tienen alguna asistencia directa del Estado. Pero casi la mitad de la población en general recibe ese tipo de ayuda. Allí no solo hay planes sociales directos, sino también asignaciones de emergencia, la tarjeta Alimentar, la Asignación Universal por Hijo y otras vías de asistencia. La AUH, por ejemplo, no tiene como finalidad ser un plan social, sino garantizar un ingreso mínimo para los niños, así como los trabajadores formales tienen asignaciones familiares.
Los intendentes hoy reciben reclamos, pero tienen menos poder para administrar ayuda. Eso les ha generado tensión porque ni siquiera tienen claro quiénes reciben y quiénes no; cuestión que hace superponer las ayudas. Pero además se quejan porque los consideran una fuerza “de choque”.
En la provincia hay situaciones sui generis también. La asistencia social estatal no la controla el radicalismo, sino sus aliados de Libres del Sur y las organizaciones asociadas a ese partido. Incluso eso genera algunos ruidos internos en Cambia Mendoza. Hubo, por ejemplo, reproches por sospechas de direccionamiento de la ayuda social a rivales del oficialismo en algunos departamentos (como en Rivadavia) y hay quienes creen incompatible el doble juego. En la cúpula de esa coalición no hay tantas dudas.
En Mendoza, los intendentes manejaron el plan de asistencia más grande que se haya creado y que terminó en un desastre de corrupción. Los “ticket Vale Más” surgieron como un plan social innovador porque le daban a las personas de bajos recursos los tickets para comprar alimentos en los negocios. Se suponía que no había intermediarios. Pero ocurrió lo contrario.
Se armó un circuito paralelo de reducción de ticket sin que pasaran por los destinatarios y, en paralelo, fue un festival de clientelismo: había padrones paralelos en casi todos los municipios y cada vez que hacía falta pagar algún favor se hacía vía ticket Vale Más. Por eso a más de uno le eriza la piel la idea de que el control vuelva a los intendentes de manera directa.