Ampros fue a la Corte para frenar la Ley de Emergencia en Anestesiología
En medio del conflicto en el sistema de la salud provincial y las medidas de fuerza encaradas por los médicos, la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros) solicitó a la Suprema Corte de Justicia de Mendoza que declare la inconstitucionalidad de la Ley de Emergencia en Anestesiología impulsada por el Gobierno provincial y sancionada por la Legislatura en mayo pasado.
La secretaria general del gremio de los médicos, Claudia Iturbe, con el patrocinio letrado del abogado Carlos Alico, interpuso una acción de inconstitucionalidad contra los artículos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de la Ley 9.391. En la presentación se pide que se declare la inaplicabilidad de la norma debido a que viola los artículos 14 bis, 18, de la Constitución Nacional y los tratados internacionales con jerarquía constitucional.
La cuestionada ley fue impulsada por el Gobierno provincial a raíz de la crisis desencadenada en el sector de la salud por la renuncia masiva de más de 60 anestesiólogos que reclamaban un aumento en el pago de sus prestaciones. Fue aprobada por la Legislatura con el apoyo del peronismo y promulgada el 19 de mayo.
Declara la emergencia en la especialidad de anestesiología en toda la provincia por cuatro meses y suspende la posibilidad de renunciar durante ese periodo, a la vez que habilita al Ministerio de Salud a convocar a anestesiólogos que hayan prestado servicios en el Estado en los últimos 5 años a retomar funciones. En tanto, establece la posibilidad de aplicar la sanción de suspensión de las matrículas de un mes a 5 años a quienes no cumplan con la convocatoria.
Ampros acudió a la Suprema Corte argumentando que los artículos de la normativa violan lo previsto en el Convenio Colectivo de Trabajo y es inconstitucional por haberse excedido claramente de sus facultades legales. Sostiene que los profesionales “no tendrán limitación legal de su jornada de trabajo”.
Plantean que “las exclusiones establecidas por la ley no sólo resultan antojadizas, arbitrarias y voluntaristas, sino que incluso contradicen expresas disposiciones contenidas por el artículo 14 bis, lo cual impone arribar a la conclusión de que son inconstitucionales”.
Otro fundamento que expone el gremio tiene que ver con que “se viola el derecho que tiene toda persona a elegir trabajar, decidir renunciar y el debido respeto por parte del empleador de esa toma de decisión”.
También expresa que la facultad de realizar traslados que establece la emergencia “viola la garantía de estabilidad del empleado público”. Por otro lado, advierten que conforme a lo establecido en la norma “no se sabe a ciencia cierta cuánto, cómo, sobre que parámetros los profesionales alcanzados por la normativa cobraran su sueldo”.
La demanda judicial ingresó a la Sala Segunda de la Corte, la cual está conformada por los jueces José Valerio, Mario Adaro y Omar Palermo. Estos dos últimos ministros forman parte del “ala peronista” del máximo tribunal por lo que constituyen una mayoría de ese sector en la sala.
Vale resaltar que Ampros también mantiene diferencias con la Asociación Mendocina de Anestesiólogos y los Anestesiólogos Autoconvocados. En este sentido, el gremio cuestiona que estos sean los interlocutores elegidos por el Poder Ejecutivo para sentarse a la mesa de diálogo destinada a buscar una solución al conflicto en el sector.
La titular del sindicato, Claudia Iturbe, calificó esta semana ese ámbito de discusión como un lugar “ilegal y sectorizado” que apunta a atomizar a los profesionales de la salud. “El hecho de sentarse con una sola profesión, como por ejemplo con anestesistas, de manera solitaria es desleal”, expresó en referencia a que la instancia de discusión es la mesa paritaria.
Por otra parte, esta no es la primera acción judicial derivada del conflicto con los anestesiólogos y la ley de emergencia. La justicia provincial de primera instancia ya rechazó una demanda contra la normativa vigente.
Al poco tiempo de sancionada la norma, el vocero de este sector de los profesionales autoconvocados, Arturo Salassa, acudió a la justicia provincial presentado una medida cautelar. No obstante, la jueza María Paz Gallardo, titular del Tribunal de Gestión N°1 desestimo el planteo y fijó una audiencia de conciliación.
Esta es la presentación judicial realizada por Ampros: