Misión máxima de Martín Guzmán: convencer sobre una inflación del 62%
Martín Guzmán eligió una cruzada difícil. Para preservar su visión conservadora sobre la evolución de la macroeconomía en general, impuso una meta inflacionaria básica para este año. Según la proyección conocida ayer, para el Palacio de Hacienda, el alza de los precios llegará al 62% con un crecimiento de la Economía de 4%; dos porcentajes considerados por el propio Guzmán como "ambiciosos" pero posibles. Y que le demandará absoluta concentración y marca cercana para lograrlas. O, como mínimo, alejarse lo menos posible. Especialmente de la primera, ya que el alza del PBI es más fácil de lograr. Aún con la falta de dólares imperante.
-
Te puede interesar
La pobreza bajó a 28,2% en el segundo semestre de 2025
El problema mayor para Guzmán es que su propuesta de un alza de los precios total para este año llegue al 62%, cuando las consultoras privadas más "friendly" hablan de un piso de 70%, a la vez que los locales más críticos estiman un inevitable 80% de plataforma de despegue. Economistas opositores ya se descuelgan con un temible tres dígitos. Es ante este panorama complicado que Guzmán tienen que jugarse su credibilidad de predictor de inflaciones; con dos antecedentes algo negativos: el 29% del 2021 y el 38% de este año. No es una simple competencia de factibilidades. Debe Guzmán defender un porcentaje ante tres peligrosos contrincantes.
El primero es el propio FMI. El organismo debe ser convencido en los próximos días, sobre que las proyecciones del ministro son creíbles, luego de haberse demolido rápidamente su compromiso original cerrado en marzo pasado, de un alza del IPC de entre 38 y 48% final para el Facilidades Extendidas aprobado el 25 de ese mes. El funcionario supone que los datos de la inflación de mayo del 5,1%, confirman su tesis sobre que la tendencia de aumento de los precios se desacelera; y que para el último tramo del año podrían lograrse índices inferiores al 4%. Y que si bien en el primer semestre el acumulado general superaría el 35%, en el segundo el dato podría ubicarse cerca del 25%. Y si hay ciertas distorsiones, estas no implicarían un alejamiento fuerte de ese ansiado 62%.
La publicación del Presupuesto 2022 a través de un decreto presidencial, fue uno de los compromisos a los que Guzmán llegó en las negociaciones cerradas antes de esa fecha. El ministro les aseguró a los técnicos del Fondo, que antes del tratamiento del resultado de la primera misión en el Board, el decreto estaría publicado. Está atrasado Guzmán, pero aun a tiempo de cumplir. La medición final de la inflación de mayo era el último dato que necesitaba.
El segundo contrincante en la credibilidad de la nueva meta inflacionaria son los empresarios cuya rentabilidad directa está vinculada en la evolución de los precios. Por ejemplo, alimentos y bebidas junto con super e hipermercadistas. Estos privados colocan productos en las góndolas de todo el país, a partir del precio de reposición, y no de los valores y ganancias correspondientes a lo que efectivamente costó ese elemento a vender. Esto sucede en Argentina casi como en ningún lugar en el mundo, y representa un componente serio de especulación en cada precio de venta de un bien. El combate entonces entre la inflación estipulada por Guzmán y la que estiman los privados (con una brecha de aproximadamente 20 puntos porcentuales), es una pelea desigual para el ministro.
El último sector a convencer es el más complicado de todos. Los principales sindicatos, y a pedido de Guzmán a Alberto Fernández, aceptaron la presión oficial para imponer un tope de 60% final para el 2022 en las paritarias que terminaron de negociarse en mayo, porcentaje que ya queda atrás, para las propias mediciones del oficialismo. En el listado de gremios que, aliados al presidente, aceptaron la propuesta se suman UOM, UOCRA, Smata, Camioneros y la mayoría de los sindicatos que representan a los trabajadores públicos; que se conformen con ese porcentaje; bajo la certeza que ese sería el incremento de los precios para el 2022. Y la garantía que si la situación empeora los gremios estarían habilitados y tendrían luz verde para renegociar las paritarias a fin de año.
Fue un esquema también aceptado por las empresas, en momentos en que los privados querían que Guzmán se mantuviera con su proyección de 50% para todo el 2022. En cierto punto, y con la endeblez del caso, ese 60% fue fruto de un mini acuerdo político sindical empresario social; algo que desde el Ejecutivo siempre se defendió.