Suarez y una misión decisiva para dejar atrás fracasos anteriores

Desde hace tiempo que, como una forma de manual de estilo, los gobernantes argentinos buscan hallar afuera las buenas noticias que no consiguen dar cuando están dentro del país haciendo lo suyo. Con mucho de esto cargado en las valijas, Rodolfo Suárez viajó este fin de semana a Canadá para sumarse a la comitiva de funcionarios y gobernadores argentinos que participarán de la Prospectors and Developers Association of Canada, una de las ferias internacionales mineras más importante del mundo y en dónde el mandatario mendocino tomará contacto por primera vez con los potenciales inversores del único proyecto minero de envergadura que está en pie en Mendoza.

En una provincia en donde la minería está fuertemente restringida por los alcances de la Ley 7722, la delegación mendocina local tiene como máximo objetivo del viaje ajustar la negociación con los inversores que vienen mostrando interés en poner plata en Potasio Río Colorado (PRC) el yacimiento de sales de potasio en Malargüe. Algo que entendemos nosotros nada más y desconcierta al mercado minero internacional: Mendoza, dueña de un potencial gigantesco en esta materia, como consecuencia del corset legal que se autoimpuso hace ya más de una década, va a ofrecer ante los jugadores fuertes del negocio solo una pequeñísima porción de su territorio para desarrollar la actividad. El sinsentido, en esta ocasión, quizás sea un poco más leve de lo que ocurrió allá por 2007 en este mismo escenario internacional que ahora pisará Suarez.

En aquella oportunidad el entonces gobierno de Julio Cobos mandó a una comitiva a Canadá para ofrecer a toda la montaña mendocina para explorar. Pero solo un par de meses después de ese viaje, el mismo gobierno terminó impulsando la sanción de la ley antiminera que rige hasta hoy.  Una norma que, como quedará en los libros de historia,  Suarez quiso cambiar cuando asumió y no pudo como consecuencia de errores propios y presiones ajenas.

La contradicción mendocina no escapa a lo que sucede a nivel nacional. A la cabeza de la delegación argentina va el ministro de Economía, Martín Guzmán, quién aprovechó la crisis interna del gobierno de Alberto Fernández para quedarse con el control del área minera tras la salida de Matías Kulfas. Un reclamo escuchará con seguridad el protegido político de Alberto Fernández, quien dará en la feria un mensaje fuerte de apuesta a la actividad. Las empresas internacionales que operan en el país están reclamando por la rebaja de los derechos de exportaciones del 12% al 8% que firmó el presidente hace ya más de dos años y que el gobierno no cumple.

Otro de los problemas. Las trabas para los giros de utilidades, que se extiende a todas las empresas extranjeras que operan en el país, generó, por caso, una decisión de la Barrick en San Juan que al principio fue considerada como un mito. Pero que con el correr de los meses fue tomando visos de realidad: la mega minera, de origen canadiense precisamente, construyó una bóveda en Veladero para almacenar los lingotes de oro que produce para almacenarlos y a la espera que cambien las condiciones para poder exportarlos.

Entre risitas nerviosas y signos de preocupación por lo que puede derivar en un gran papelón, los gobernadores que formarán parte de la comitiva (que son seis) cruzaron mensajes antes de viajar cuando comenzaron a enterarse de la forma en la que Argentina saldrá vender su producto minero al mundo. En los render que armó el gobierno nacional para mostrar en la feria habla varias veces Kulfas, que fue expulsado del gabinete hace ya más de una semana.

En lo que al interés particular de Mendoza respecta, Suarez viajó este sábado a Toronto con el ministro Enrique Vaquié, con Victor Ibañez y con el secretario de Minería, Emilio Guiñazú. Tras varios años de trabajo para volver a poner en marcha el yacimiento abandonado en 2013 por los brasileños, finalmente el gobierno apuesta después de esta gira a entrar en la etapa final para encontrar quien invierta y comenzar a extraer sales de potasio en el Sur.

Los sucesivos fracasos del gobierno para cumplir con su promesa de cambiar la matriz productiva de la provincia transforman a esta misión en decisiva. Y más aún si se la enfoca en la importancia que tendrá para Malargüe, departamento que viene siendo castigado tras la frustración del intento por desarrollar la minería a gran escala de 2019 y, ahora, con la segura caída de la licitación de Portezuelo del Viento.

El intendente Juan Manuel Ojeda no solo está muy pendiente de lo que suceda en Canadá, sino que se prepara también para concretar su embestida política y lograr que en su distrito se puedan extraer minerales y mover la aguja económica. Algunos movimientos empresariales importantes se conocieron  hace algunos días. La minera sudafricana Gold Fields Limited compró Yamana Gold, en una operatoria a nivel mundial que comprende operaciones en  Sudáfrica,  Australia y América del Sur, entre otros países. Yamana controlaba proyectos  en la Patagonia y en el Norte y además era, hasta esta adquisición, la dueña de los derechos de exploración en la mina Don Sixto. Un yacimiento a baja altura que potencialmente es uno de los más importantes del país para la explotación de oro.

El jefe departamental sureño viene anticipando desde hace semanas que presentará un proyecto de ley para modificar la 7722 y antes de fin de mes se presentará en la Legislatura aunque con un plan distinto al que venía anunciando. Malargüe insistirá con su intención de que le permitan hacer minería, pero no apuntará a modificar la ley en vigencia. Sino que buscará otro camino que le podría evitar a Suarez las protestas de los activistas en las calles: Ojeda presentará una ley para hacer minería sin modificar a la 7722 y ya no para permitirla en la totalidad del departamento, sino que propondrá una zonificación (que abarca solo al 30% de la superficie total) a través del cumplimiento de la Ley Nacional Minera.

En relación a las sales de potasio, desde que en 2020 se logró que la empresa Vale le entregara la mina al estado provincial (tras haberse retirado a pesar de haber invertido allí U$S 2.500 millones) una consultora internacional que fue contratada especialmente, el banco suizo USB, viene tejiendo los vínculos con los interesados del sector que a partir de este lunes comenzarán esta ronda de negocios con las autoridades provinciales.

Hasta aquí el gobierno se movió con mucha reserva acerca de quiénes son los potenciales inversores y con varios de ellos tiene firmados acuerdos de confidencialidad. Se habla de que son al menos una decena, pero esa cifra es ajustable. En realidad serían siete las empresas que están dando vueltas alrededor del proyecto y de ellas unas tres estarían en condiciones serias de sentarse a negociar. Cómo funciona el mercado internacional de las sales de potasio permitiría establecer que, con seguridad, el interés de los chinos está al tope de la lista. Pero salvo alguna filtración de esa información, de nada de estos nos enteraríamos por ahora.

Lo que sí, la provincia está segura de que va a vender un producto que el mundo necesita y que hoy está atravezando un ciclo de alta. Las sales de potasio son utilizadas como fertilizante y son claves en la cadena de la producción de alimentos. La coyuntura ayuda. Como consecuencia de la guerra en Ucrania, el precio de estos commodities se disparó y en poco tiempo la tonelada de sales de potasio pasó de un valor de U$S300 a los U$S1200. Sin embargo esta no será la ecuación de un negocio que tendrá como mínimo un plazo de dos o tres años hasta que Potasio comience a producir. Se calcula que el valor de la tonelada se estabilizará a futuro en U$S400 dólares y estiman que será un buen precio en definitiva para que el negocio resulte rentable.

Pero en el medio está la realidad económica y política de la Argentina. Y este yacimiento es testigo directo de eso. Brasil compró, a través de la empresa Vale, los derechos de explotación de la mina como una forma estratégica de lograr el autoabastecimiento al ser uno de los principales consumidores del planeta de este tipo de fertilizante. Diseñó en su momento un mega proyecto de U$S 6.500 millones para extraer 4,5 millones de toneladas al año y, más allá de haber puesto poco menos de la mitad de esa inversión, de un día para el otro le puso un candado a la tranquera de ingreso y se fue.

El proyecto comprendía la extracción y el procesamiento del cloruro de potasio en ese yacimiento promesa situado aproximadamente a 200 kilómetros al sur de la ciudad de Malargüe y para la extracción del mineral estaba previsto que se utilizara una tecnología denominada “minería por disolución”. Es decir, un proceso que consiste en perforar un par de pozos hasta encontrar el potasio, que iba a ser disuelto mediante el uso de agua caliente a una profundidad promedio de 1.200 metros. Vale suspendió los trabajos en la mina en enero de 2013 y meses después se supo que, para continuar, había pedido exenciones del IVA y una tasa de cambio más favorable que la oficial, para compensar el alza en los costos, temas rechazados por el entonces gobierno de Cristina Kirchner.

Además de que en aquél momento la empresa había quedado envuelta en un monumental escándalo de corrupción en su país y en el nuestro no había podido escapar de situaciones más que irregulares. Para lograr exportar su producción, Vale había diseñado el trazado de un ferrocarril nuevo de 350 kilómetros que salía de Neuquén y luego utilizaba vías existentes hasta el puerto de Bahía Blanca, pero en el trazado de esa línea debió resistir los pedidos de “peajes” de cada uno de los gobernadores de las provincias involucradas. La salida de los brasileños fue un golpe duro para el gobierno de Francisco Pérez, quien llegó a amenazar con la caducidad de la concesión y hasta planteó la posibilidad de encontrar un nuevo inversionista que se hiciera cargo. Buscó alternativas y llegó a mencionar en aquél momento un supuesto interés del holding Mubadala (el grupo árabe que tiene sede en Abu Dabi y que entre otros negocios es propietario del club Manchester City de Inglaterra), pero nada de eso sucedió.

Durante la gestión de Alfredo Cornejo, se negoció la salida de los brasileños a través de un acuerdo que abarcaba la alternativa del retiro de los privados para que el Estado se hiciera cargo de la mina. Fue la solución posible que, de no concretarse, hubiera traído consecuencias graves y la apertura además de un largo litigio judicial.

A lo que se apunta ahora es al desarrollo de un proyecto más chico y con una inversión estimada de entre U$S 1500 y U$S 2000 millones para extraer entre 200.000 y 300.000 toneladas al año. El estado mendocino no apunta a quedarse con el control de la compañía, pero sí plantea retener un porcentaje societario (podría rondar el 20%) que será aparte del cobro de las regalías. La idea de hacer un tren está descartada, porque eso hace también a la exigencia de la inversión requerida y Potasio estará atada a sacar su producción a través de camiones. Pero para llegar  a esta parte todavía falta encontrar a alguien interesado en poner plata. Misterio que se comenzará a develar por estos días en Canadá.