Desvío de fondos: allanaron las cooperativas vinculadas a Mayra Mendoza

El juez federal de Quilmes, Luis Armella, allanó este viernes a las cooperativas que recibieron $535 millones por parte del municipio conducido por la referente de La Cámpora, Mayra Mendoza. Durante los procedimientos, secuestraron del gobierno local toda la documentación vinculada a los contratos bajo investigación.

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, se encuentra imputada por corrupción tanto en los tribunales de Comodoro Py como en Quilmes. La Justicia investiga si se habrían desviado $535 millones a un grupo de cooperativas vinculadas a funcionarios y ex funcionarios del municipio gobernado por la camporista.

El fiscal federal de Comodoro Py Ramiro González ya había imputado a Mendoza, Sebastián Raspa, Martín Bordalejo, José Alejandro Scozzari, Romina Cangelosi, Alejandro Gandulfo y Cecilia Soler. Ahora la intendenta de Quilmes sumó otro revés judicial. En la justicia federal de Quilmes, la fiscal Silvia Cavallo también pidió que sea investigada.

Ante la denuncia periodística sobre la posible destrucción de documentación, la fiscal pidió que se avance en el caso. Con la acción penal impulsada, el juez federal Armella ordenó una serie de allanamientos a las empresas involucradas en la presunta desviación de fondos públicos.

La documentación vinculada a diversos contratos celebrados con el municipio de Quilmes ya se encuentra bajo custodia del juzgado federal. Además, se secuestraron un conjunto de celulares que serán peritados.

La semana pasada, el personal de Prefectura se llevó del municipio a cargo de Mayra Mendoza todos los legajos de las personas involucradas en la investigación, los decretos firmados por la intendente de La Cámpora, estados contables, entre otra documentación. Todo está bajo resguardo del juzgado federal de Quilmes.

Cuando la fiscal Cavallo imputó a Mayra Mendoza, quien sostiene ser víctima de una persecución política, solicitó que se investigue también al subsecretario de Hábitat de ese municipio, Roberto Raspa, a un abogado y a un empresario.

Los delitos atribuidos en esta primera etapa de la investigación son defraudación a la administración pública, incumplimiento de deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y lavado de activos por una cifra que superaría los 500 millones de pesos.

La fiscal además, por la gravedad de los hechos y la estructura que se investiga, pidió que intervenga la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), a cargo de Diego Velasco.

Silvia Cavallo sostuvo en su escrito que se pudo constatar “relaciones de funcionarios y empresas a través de bases de datos públicas”. A raíz de esa premisa, consideró que se debían investigar “las presuntas irregularidades relacionadas con la ejecución de fondos públicos nacionales por parte de funcionarios de la Municipalidad de Quilmes en el marco de diversas contrataciones realizadas con la Federación de Cooperativas de Trabajo 1ro de Mayo Ltda., la Cooperativa de Trabajo Unión de Azul Ltda., la Cooperativa de Trabajo La Estrella Limitada, la Cooperativa de Trabajo Barrio Unido Ltda., la Cooperativa Progreso y la firma The Wolf Building SA."

Las firmas radicadas fuera del país son Borda Investments LLC, SCO Investments LLC y Raspa Investments LLC”. Según señaló la fiscal, estas compañías "se encontrarían asociadas a Mayra Mendoza, al ex secretario de Hábitat, Sebastián Roberto Raspa, y a un abogado y un empresario", todos imputados por ella.