La dura advertencia de un economista oficialista que recomienda no aceptar los reclamos K

Si el Ejecutivo accediera a todas las presiones del propio frente aún (y de manera imperceptible) oficialista, de adoptar medidas de expansión del gasto público; el déficit fiscal llegaría al 6% del PBI. Y, si así fuera, habría dos consecuencias directas: se caería sin mayores negociaciones y discusiones el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y, seguramente, la inflación se aceleraría hasta límites, seguramente, de tres dígitos.

En consecuencia, es imposible que desde el ministerio de Economía se acepte avanzar en todos los reclamos de los últimos días que llegan como bombas incendiarias, fundamentalmente, desde el Congreso Nacional. Y lo único que le queda a Martín Guzmán es seleccionar alternativas, elegir las fiscalmente factibles y enfrentar el conflicto final. Entre las primeras se encuentra la alternativa de aumentar el mínimo no imponible de Ganancias. Entre los segundos la reforma previsional.

A estas conclusiones llega el último informe preparado por la consultora PXQ que maneja Emmanuel Alvarez Agis, un economista cercano en su pensamiento al oficialismo; con lo que el trabajo cobra mayor valor agregado por su aporte. Según el informe titulado "La Economía Política del Conflicto Distributivo", se consolida el piso inflacionario de 60% para este año y aumentan las dudas ante la meta de un déficit de 2,5% cerrado con el FMI. Las principales conclusiones del paper presentado por la consultora el domingo son las siguientes. Directamente, en las conclusiones, se definen a los reclamos como "inconsistentes". 

*El reciente "debate de ideas" de carácter público dentro del FdT coincide con la peor aceleración de la inflación doméstica (e internacional) desde la hiperinflación de principios de los '90. El centro del debate es la distribución del ingreso y su intensidad afecta no solo al costado político de la coalición, sino que tiene un impacto directo sobre la determinación de precios y salarios.

*La división explícita del FdT entre "albertismo" y "kirchnerismo" tiene una base económica bien clara: mientras que a los primeros les toca administrar la política monetaria y fiscal acordada con el FMI, los segundos empujan una recuperación de los ingresos formales e informales. Al albertismo le toca, en el marco del EFF22, aumentar tarifas de gas y electricidad, descongelar los precios de los combustibles y de las prepagas y mantener una política cambiaria que evite la apreciación real. Por el lado del kirchnerismo, la estrategia consiste en tratar de morigerar los aumentos de tarifas, manifestarse públicamente en contra de la política cambiaria y monetaria, e intervenir directa e indirectamente en la dinámica de las paritarias y los ingresos informales, con reclamos fiscales de todo tipo y color.

*El conflicto distributivo en el FdT intenta incrementar el déficit fiscal: mientras Sergio Massa presiona al Ministerio de Economía para reducir el impuesto a las ganancias a aquellos trabajadores que, paradójicamente, no son pobres, los movimientos sociales no solo cortan la 9 de Julio en busca de aumentar la cantidad de planes sociales, sino que aceleran su reclamo por un ministerio de la economía popular. Además Máximo Kirchner exige, y consigue, adelantar las cuotas del salario mínimo, vital y móvil. Por último, desde el propio FdT aparecieron 2 nuevos proyectos de ley. El primero, un salario básico universal, que abarcaría a 9 millones de personas con un costo estimado de 1% del PIB. El segundo, un régimen de inclusión previsional, con un costo aproximado de 0.5% del PIB.

*Las medidas intentan que los salarios y los ingresos se acomoden a la nueva velocidad de la inflación. Pero, al hacerlo, consolidan un nuevo piso de 60% para el año. Si no se tiene forma de controlar los precios, responder con subas de salarios puede resultar contraproducente. Por otro lado, la reducción del déficit fiscal es una de las pocas anclas que evitan una espiralización de la carrera precios-salarios. Pero las dudas sobre la meta de 2,5% de déficit primario para el año aumentan a medida que el conflicto en el FdT se recrudece y los nuevos precios internacionales presionan sobre los subsidios a la energía. Sobre esto último, la posición del kirchnerismo en contra de los aumentos de tarifas no hace más que recrudecer la disputa sobre el déficit fiscal, con el poder ejecutivo compensando ese efecto con una reducción del gasto en infraestructura. 

*Los reclamos distributivos suman 3,5% del PIB. Es decir, si el Poder Ejecutivo decidiera "dejar a todos contentos", el déficit fiscal de 2022 sería de 6%, casi el mismo nivel que el año de la pandemia ¿En qué nivel quedarían las reservas internacionales y la inflación si tal escenario tuviera lugar? Dejar "a todos contentos" podría, paradójicamente, dejar a todos en la calle. Los pedidos distributivos son, a todas luces, inconsistentes.

*Para peor, ese no es solo un atributo del oficialismo: eliminar las retenciones y reducir el impuesto a las ganancias para empresas y trabajadores revisten costos fiscales significativos, en un marco en el que el fisco argentino tiene problemas para financiar internamente una convergencia al equilibrio fiscal avalada por el FMI.