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La bomba que deberá desactivar la Corte y que condiciona el futuro productivo de Mendoza

Varios departamentos sancionaron ordenanzas prohibiendo el fracking en su territorio. Para Fiscalía de Estado las comunas no tienen potestad legal de hacerlo y pidió que todos los miembros de la Suprema Corte se expidan sobre el tema. Hoy se convocó al fallo en pleno.

Finalmente, la brasa caliente llegó a la Suprema Corte. A pedido del fiscal de Estado, Fernando Simón, los siete integrantes del máximo tribunal deberán resolver si los municipios tienen potestad de prohibir el fracking en sus territorios o va más allá de sus facultades constitucionales. El conflicto se desató luego de que comunas como Tupungato, Tunuyán y Lavalle (también San Carlos y Las Heras) sacaran ordenanzas declarándose zona libre de fracking.

Este jueves se conoció que la Sala Segunda de la Corte le dio lugar al pedido de Fiscalía de Estado y convocó a un fallo en pleno. Específicamente, Dalmiro Garay, Mario Adaro, Omar Palermo, Pedro Llorente, Teresa Day, Julio Gómez y José Valerio deberán responder una pregunta puntual y en base a ello se definirá si es constitucional o no el accionar de los municipios.

“¿Resulta compatible con las potestades atribuidas por nuestro régimen constitucional a Nación y Provincia, el establecimiento por parte de un Municipio de una prohibición absoluta al desarrollo de una técnica de exploración y/o explotación hidrocarburífera autorizada por la legislación nacional y provincial de aplicación?”, es la consulta que cada magistrado deberá responder.

"Fundamenta dicha petición en la circunstancia de hallarse en trámite ante ambas Salas de esta Suprema Corte, acciones declarativas contra ordenanzas de distintos municipios, en las que se encuentra controvertida idéntica cuestión: la constitucionalidad de ordenanzas que establecen reglas sobre la política y/o actividad hidrocarburífera, en forma contradictoria a lo establecido por legislación nacional y provincial vigente en la materia", se puede leer en las actuaciones de la Sala II con las firmas de Mario Adaro y Teresa Day.

En esa sala habían ingresado los pedidos de inconstitucionalidad de las ordenanzas de Tunuyán, Tupungato y Lavalle, pero otras similares están pendientes de resolución en la Sala I.

Para ponerle punto final a la discusión los siete integrantes del máximo tribunal de justicia se expedirán sobre el tema. Hoy por hoy, esta práctica se desarrolla en el departamento de Malargüe, donde se apuesta a la explotación de petróleo no convencional como un motor económico para el municipio.

El método de fractura hidráulica se aplica desde agosto del 2017 en Mendoza. Desde entonces varios departamentos intentaron blindarse en contra del fracking sancionando ordenanzas que le cierran la puerta a ese tipo de explotación petrolera.

"Se advierte que se está en presencia de un caso con una importancia y gravedad institucional tales que la materia aconseja la conveniencia de la intervención del Tribunal en pleno", aseguran Adaro y Day y por lo tanto encomiendan "el conocimiento y resolución de la presente causa al Tribunal en pleno".