El pedido de Rodolfo Suarez para frenar la interna, que nadie parece oir

La frase del gobernador surcó el aire durante el acto oficial de conmemoración por el 40º aniversario de la Guerra de Malvinas. “Habrán visto que no estoy participando en actos políticos ni siquiera de mi partido. Creo que hoy tenemos que demostrarle a la ciudadanía con mucha empatía, que quienes hemos sido votados para gobernar tenemos que estar gobernando y no pensando en carreras políticas, ni elecciones, ni posicionamientos personales”, dijo Rodolfo Suárez en conferencia de prensa tras el recordatorio a los héroes de la guerra y después de mucho tiempo sin contacto con la prensa.

Pero las palabras gubernamentales parecieron llevadas por el viento de la fresca pero soleada mañana mendocina que sirvió de marco para el recuerdo de Malvinas. El oficialismo desde hace tiempo está lanzado a la construcción de las candidaturas a gobernador para 2023 y con movimientos importantes registrados en la última semana.

Suarez dijo lo que dijo, el día después de haber rechazado una invitación de Horacio Rodríguez Larreta a un encuentro, en algún momento de la visita del jefe de Gobierno porteño a Mendoza para inaugurar la nueva sede partidaria del PRO. Pero también salió así, empujado por el malestar que generó la aparición de un puñado de encuestas en las que la gestión aparecida mal valorada y en la que flotaron los fantasmas de una operación interna.

La presencia de Larreta no fue menor: vino a cortar las cintas de lo que será el centro de operaciones para la construcción de la candidatura de Omar de Marchi a gobernador que ya está lanzada. Lo único que le resta definir al diputado nacional es si esa postulación se hará por dentro de Cambia Mendoza o romperá con la coalición oficialista para competir por fuera. El tiempo y las circunstancias de la política tanto nacional como provincial dirán en definitiva si De Marchi competirá en una PASO que será fuerte si se concreta. Pero la apuesta del ex dirigente hoy, es fortalecer su postulación lo más que pueda para “evitar el golpe de suerte o el dedo”, como cuentan que le dijo Larreta, de una bendición de Alfredo Cornejo que sabe que nunca llegará.

Ulpiano Suarez nunca terminó de oficializar sus intenciones del todo, pero entre estos movimientos políticos de los últimos días protagonizó uno que sorprendió a los propios. Y un poco también a los extraños. Con un respaldo un poco tibio de su tío, el intendente capitalino venía dotando de musculatura a sus ambiciones para el 2023. Pero a mediados de semana le comunicó a los suyos que dejará pasar esta oportunidad para probarse más adelante. Y algo de esto, transmitió en su mensaje de apertura decisiones de su Concejo Deliberante.

La decisión descolocó a los mismos dirigentes del radicalismo que estaban decididos a encolumnarse detrás de su figura para intentar hacerle fuerza interna al cornejismo. Incluso el propio Ulpiano aparecía muy decidido hasta la Vendimia. Pero tras esto, todo apunta ahora a la figura de Tadeo García Zalazar y a la de quien viene empujando desde atrás pero con el respaldo de Julio Cobos, el intendente lasherino Daniel Orozco.

Por supuesto que todos los radicales que quieren ser miran a Cornejo en esta disputa. Son conscientes de que si el exgobernador decidiera volver a competir en la provincia, el juego que están ensayando habrá terminado. Otro de los que está detrás de una construcción política que, en primera instancia, es nacional. Sabido es que Cornejo apuesta a que, detrás de su figura, el radicalismo se termine encolumnado para competir en una PASO con el PRO la candidatura presidencial de Juntos por el Cambio. La tarea aparece como titánica.

En cierto modo, él mismo  terminó transparentando lo que aparece como otra de sus vías alternativas: ser el compañero de fórmula de Patricia Bullrich. “Estarías dispuesto a acompañar a Bullrich”, le preguntó Viviana Canosa en una entrevista que le realizó el miércoles pasado. Después de dar algunos rodeos a la pregunta, finalmente el mendocino respondió: “Sí ¿Por qué no?”.

En este contexto, allí va otra vez Suarez camino a Buenos Aires para presentar mañana un nuevo escrito ante la Casa Rosada por Portezuelo del Viento. La nota será meramente protocolar. Suarez cumplirá con los plazos establecidos antes del esperado laudo de Alberto Fernández y expondrá (por centésima vez) las razones por las cuales Mendoza entiende que el fallo del presidente debe ser favorable para la realización definitiva de la obra.

A decir verdad, a esta altura el gobierno se mueve alrededor de la construcción del dique en Malargüe por pura formalidad y con la decisión casi tomada de dar de baja la licitación en curso para ponerse a diseñar, en consecuencia, en qué utilizará los más de 1.000 millones de dólares que le quedarían disponibles para otras obras hídricas sino se hace Portezuelo.

Nadie sabe cómo votará Alberto. Pero en casi todos los escenarios posibles la posición de la provincia no aparece como favorable. Así como Suarez dará sus argumentos, el resto de las provincias que integran el Comité de Cuenca del Río Colorado (COIRCO) también dirán lo suyo. Ya está claro que La Pampa se opone. Pero el asunto es que en los últimos dos años también se vio la resistencia de Neuquén, de Rio Negro y  de Buenos Aires a la concreción de la represa.

El presidente tiene tres caminos en esta definición. O bien vota a favor, o bien vota en contra, pero también puede optar por no decir que no, e instruir por la continuidad de Portezuelo pero con la condición de que se realicen nuevos estudios ambientales. Si esto último sucede, para Mendoza será lo mismo que le dijeran que esta historia que ya lleva décadas estará terminada. Habrá que ver en qué medida influye en la decisión presidencial el reclamo de los legisladores nacionales mendocinos del Frente de Todos quienes, también por carta, le pidieron a Fernández por un laudo a favor.

Nadie puede dudar de las intenciones del peronismo mendocino para empujar la obra. Pero tampoco hay que descuidar un aspecto político clave: Anabel Fernández Sagasti y compañía no quieren saber nada con dejarle a quien sea el candidato a gobernador radical a la gobernación la posibilidad de tener millones de dólares disponibles para la campaña del 2023. Y más si ese candidato es Cornejo, uno de los que más se opone a que Portezuelo se termine adjudicando.

Suarez ya se viene moviendo en ese sentido. Suma varias reuniones de consulta con sectores empresarios ante quienes viene hablando acerca de qué hacer si no se construye el dique de la discordia. Mientras espera por el laudo de Alberto, tendrá una posibilidad que no desaprovechará para sondear la situación. De manera inesperada, la Casa Rosada lo subió al gobernador mendocino a un viaje a Israel que se realizará durante los últimos días e abril para ver cómo se eficientiza el uso del agua en ese país de avanzada en este sentido. De la comitiva participarán los gobernadores de San Juan y La Rioja, entre otros, y estará encabezada por el ministro del Interior, Wado de Pedro, interlocutor de los mendocinos en la novela de Portezuelo.

El gobierno apuró desde la Vendimia a esta parte una elección clave. En un mes, tramitó en el Senado el pliego para la reelección de Sergio Marinelli en el Departamento General de Irrigación y se descarta que en la votación del martes próximo el actual superintendente se encamina a batir un récord. Será, desde el regreso de la Democracia a esta parte, el único superintendente que permanecerá diez años, si llega al final de su nuevo mandato, sentado en ese sillón estratégico de Mendoza.

Más allá de que por lo bajo muchos senadores del oficialismo objetan la designación de Marinelli para un período más, ninguno de ellos sacará los pies del plato porque no solo es el candidato propuesto por el gobernador. Sino que nadie se atrevería a poner bolilla negra a quien en su momento encumbró Cornejo. Las críticas internas sobre la gestión de Marinelli son varias, pero apuntan al escándalo por posible corrupción que saltó hace dos años cuando, por desmanejos dentro del organismo del agua, la provincia se quedó sin fondos del BID para construir una obra en el Sur. Es el acueducto Monte Comán- La Horqueta al que, en un hecho tan grave como inédito, el organismo crediticio internacional directamente le retiró la autorización de financiamiento.

En junio de 2020, Marinelli se vio forzado a dar de baja este proceso licitatorio a través de una resolución que firmó luego de que el BID comunicara que “no se encuentra en condiciones de financiar la licitación de referencia, por cuanto el proceso no se enmarcó en las políticas de adquisiciones que rigen las contrataciones del contrato de préstamo específicamente por no atender a las previsiones sobre confidencialidad”.

En los meses previos, una comisión investigadora del organismo de crédito, que se encargó particularmente de iniciar una investigación por el caso mendocino, había hecho lugar a las denuncias de un puñado de empresas, de un total de doce que se presentaron a competir, de que el proceso se había direccionado para que todo quedara en manos de Fernando Porreta (Ceosa) y por Omar Álvarez (Obras Andinas).

Marielli siempre argumentó en su descargo que la licitación estuvo bien hecha y que el problema se generó por un problema entre empresas. O como dijo, con un poco menos de decoro, “por un puterío entre empresas”. Sin embargo acabó por reconocer algo: dentro del proceso, efectivamente se rompió la cláusula de confidencialidad porque uno de los integrantes de la Comisión Evaluadora le había informado, al menos a dos empresas, que no reunían los antecedentes que requería el pliego. Una información que, de ninguna manera, podría haberles trasladado. “Si yo tengo que decir quién tiene más culpa, creo que los que hicieron ruido usaron ese precepto de que 'la obra es para mi o no es para nadie'. Ellos son el gran culpable pero todos sin duda tendremos una cuotita de responsabilidad", descargó el gobernador del agua en el momento que  el escándalo estalló.

Lo que dijo fue verdad, pero no explicaba todo el problema. La obra iba a ser adjudicada a Ceosa y Obras Andinas e Irrigación buscó torcer el rumbo una vez que las denuncias ya habían llegado incluso a la Fiscalía de Estado y a la Justicia a través de una medida de amparo. Marinelli descartó entregársela a quien había realizado la oferta más barata, Laugero -Corporación del Sur y optó por adjudicar al tercero en la lista: Hugo Ojeda-Ecosur Bahía SA (UTE). Es decir, una oferta de $17 millones más económica que la que se había elegido en primer lugar.

Extraño proceso siguió la comisión evaluadora del DGI. La obra no presenta complejidades en materia de ingeniería, se trata de un ducto enterrado a un metro y medio del suelo y, salvo las cuestiones vinculadas a la presión del agua que transporta, es quizás un proyecto más sencillo que hacer un canal de riego. Pero por una supuesta falta de antecedentes se dejó afuera de competencia no solo a las empresas denunciantes, sino a otras como la alemana Ludwing Pfeiffer, que construyó obras hidráulicas en toda Europa y China; a la puntana Rovella Carranza que hizo represas, diques y acueductos en Córdoba ,Chaco y Neuquén o a Ecosur Bahía, que construyó plantas cloacales y colectoras en San Juan, por mencionar algunas.

De esta manera siempre quedó flotando la duda acerca si en definitiva la decisión del BID se debió solo a que un integrante de la Comisión Evaluadora rompió la confidencialidad en el proceso o hubo algo más. Esta segunda hipótesis siempre tuvo sustento. En primer lugar porque cuando se estaba tramitando el expediente, fueron los propios funcionarios del gobierno de Suarez quienes se negaron a respaldar con su firma lo actuado por Irrigación cuando todo estaba a punto de hacerse público.

Y después: el conflicto con las empresas se comienza a dar cuando detectan que la Comisión Evaluadora hizo una interpretación del pliego de licitación en cuanto los antecedentes de la capacidad para el tipo de obra que se estaban licitando y, sobre todo, que se había modificado antojadizamente el criterio de los plazos. Es decir: el pliego exigía que las empresas acreditaran al menos dos obras de movimientos de suelos y otras tantas de instalación de cañerías, que podían sumarlas en la UTE y que tenían que haber sido realizadas dentro de los cinco años al mes anterior de la fecha de presentación de la oferta. ¿Qué interpretó la Comisión? Que las obras no podían ser sumadas por empresa y que, además, debían haber sido hechas en el mismo período de tiempo. No les costó mucho a los empresarios darse cuenta acerca de quiénes eran los únicos que reunían esos antecedentes y por eso dos UTE, Laugero. Construcción del Sur y Ojeda. Eco Bahía, acudieron a la Fiscalía de Estado y a la Justicia respectivamente.

El BID leyó el pliego de la misma manera que los empresarios disconformes. Esta presunción, quedó en claro cuando desde el Banco se contactaron con ellos para realizar, en otro hecho inédito, una investigación acerca de lo ocurrido." El problema para nosotros- se explayaban las constructoras, es que estamos ya un poco cansados de que Ceosa gane todas las licitaciones en Irrigación como lo viene haciendo desde hace quince años. Desde Washington, sed del BiD, la respuesta fue contundente: “Precisamente eso es lo que estamos investigando”, sostuvieron, antes de decidir finalmente quitarle el financiamiento a Mendoza.

El propio gobierno, en la antesala de la votación del pliego de Marinelli en el Senado, anunció la semana pasada que el acueducto Monte Comán – La Horqueta finalmente se hará. Pero sumó una diferencia, ya que la licitación estará a cargo del ministerio de Infraestructura y ya no de Irrigación. Pequeño detalle: de la posibilidad de financiar la obra con un crédito blando del BID, ahora los 13 millones de dólares necesarios para hacer el acueducto tendrá que ponerlos la provincia. Y habrá que seguir muy atento el nuevo proceso porque, según se vislumbra, Ceosa y Obras Andinas ya están anotados otra vez.