Blanqueo: contadores, abogados y escribanos no podrán ser "colaboradores"

El texto final del proyecto de creación del "Fondo Nacional para la Cancelación de la deuda con el FMI" sobre los “bienes situados y/o radicados en el exterior que se localicen o detecten desde la entrada en vigencia de la presente Ley y no hayan sido declarados ante la Administración Federal de Ingresos Públicos” será seguramente tratado esta semana en el Senado. Allí probablemente encuentre votos positivos. Luego pasará a Diputados donde todo es una incógnita, pero con una seguridad aparente: el kirchnerismo se niega a que en esa cámara avancen nuevas modificaciones a las ya negociadas en el Senado. Con esta novedad, dos de las cláusulas más polémicas quedan entonces firmes y sin intención de ser discutidas en Diputados por el oficialismo.

La primera fuente de inquietudes entre tributaristas es una modificación introducida en el debate de la comisión de Presupuesto del Senado que se encuentra en el título III, y que limita el potencial éxito del llamado. Según el texto final, los escribanos, contadores y abogados que tengan clientes que hayan evadido y que hayan intervenido en la operación, no podrán denunciarlos, ya que deben respetar el principio de "confidencialidad". Esto es, el pacto profesional entre profesional y cliente de respetar el contrato de relación, por la cual una parte confía en la otra. Esta cláusula limita al máximo la aplicación de la figura del "colaborador" con la AFIP se limitará, fundamentalmente, a los financistas, banqueros y asesores económicos varios; además de , claro, familiares y ex familiares descontentos.

La otra cláusula polémica, en este caso proveniente del texto original, es haber mantenido el derecho para que los funcionarios públicos de cualquier nivel o repartición actual o que haya ocupado un cargo en el pasado, podrían sumarse al blanqueo que lanzó el oficialismo. Esto incluye, obviamente, a los integrantes del actual Gobierno de Alberto Fernández, todos los legisladores (incluyendo del oficialismo) y la Justicia; además de los miembros de la gestión macrista, la kirchnerista, y cualquiera hacia atrás. En teoría, una persona que haya trabajado para el estado en puestos políticos o técnicos, podría acceder al beneficio; pagar el 20% de multas para luego poder blanquear las posiciones financieras colocadas fuera del país. Como la exclusión del origen del dinero sólo se concentra en delitos penales como narcotráfico, tráfico de armas o similar, los fondos provenientes de corrupción que no hayan sido investigados por la justicia podrían ser blanqueados sin más. Y sin que el oficialismo acepte considerar esta limitación.

Por otro lado, sólo podrían ingresar los poseedores de bienes en el exterior; tanto en bancos o mercado de capitales como en bienes que hayan sido registrados, como viviendas, inmuebles, autos, yates, aviones, obras de arte, etc. Las personas físicas que hayan elegido huir del sistema financiero local (por cualquier motivo), pero que decidieran resguardar el dinero dentro del país pero sin declararlo (en cajas de seguridad, colchones, etc.), no podrán ingresar en el llamado. Lo que se busca son los dólares fugados. No los que no se fueron del país.