Tarifas: el modelo desigual que golpea más en las provincias y el temor a una reacción

El 2022 es el año de la energía. En realidad el año en que puede haber una bisagra en un área que es clave porque es un servicio indispensable, un potencial negocio para el país y, también, un sector que puede hacer derrumbar a los gobiernos si es mal gestionado. Una de las etapas, quizá la más llana, de la cadena energética tiene que ver con las tarifas; lo que se paga por la energía y quién cubre el resto del costo. Pues el Gobierno nacional y el de Mendoza están con el foco puesto allí. Y hay una realidad que se va a repetir: los mendocinos, como casi todos los habitantes fuera del Gran Buenos Aires, sentirán cómo les impacta un modelo que hace de la desigualdad una forma de ser.

Alberto Fernández y Martín Guzmán autorizaron las audiencias públicas para evaluar el precio de las tarifas. Es una etapa formal para aplicar aumentos que vayan en consonancia con las cuentas públicas, acercarse al costo y cumplir el acuerdo con el FMI. Lo más complejo para Alberto no es la ecuación económica, sino la realidad política. Así como se generó una dura pelea interna en la Secretaría de Energía antes de autorizar el proceso, a la hora de aplicar los aumentos esa tensión será aún mayor. Las audiencias se tienen que hacer, pues ya le ocurrió a Mauricio Macri que tuvo que demorar los tarifazos porque se habían “olvidado” de ese paso. El problema es que allí quedarán expuestas las diferencias y las ambiciones de cada sector.

En la tarifa eléctrica es donde más se va a sentir la desigualdad entre las provincias y el “distrito 25” que conforman Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Ese servicio es jurisdicción de los gobiernos provinciales, salvo en ese sector privilegiado. La tarifa que pagan los usuarios está dividida en tres. El costo de distribución (llamado Valor Agregado de Distribución), que lo determinan las provincias, el costo de generación y transporte, que lo determina la Nación, y los impuestos, que está atado al resto. Pues en Mendoza y el resto de las provincias el VAD tuvo fluctuaciones cercanas a la inflación. En la provincia aumentó un promedio del 35% por año (salvo en la pandemia). De hecho hubo tarifa “plena” tras un acuerdo con las distribuidoras durante el gobierno de Alfredo Cornejo y desde entonces las cuentas parecían equilibradas.

Gran parte de las decisiones estructurales sobre las tarifas están centralizadas, las consecuencias y los costos políticos se diversifican. Por eso Rodolfo Suarez sigue de cerca el tema. Las tarifas suelen ser un detonante; un catalizador del mal humor social. Le ocurrió a Mauricio Macri, e incluso le pasó a otros gobiernos de manera mucho más dramática. La inflación más alta de las últimas décadas se dio con los precios regulados “pisados” y las tarifas pueden generar una escalada nueva. Por eso la tensión crece. El Gobierno de Mendoza autorizó que se inicie la revisión de las tarifas como corresponde en el caso de los servicios públicos locales. Luego se evaluará cómo se aplican, aunque la luz ya tuvo su primera suba en enero, igual que el transporte y el agua. La bronca en Casa de Gobierno es que el impacto es desigual. Suarez ha mantenido un equilibrio político y no se sumó a las críticas hacia la Ciudad de Buenos Aires (como sí hizo Gerardo Morales).  

En el AMBA desde 2019 el VAD aumentó solo un 20%. El resto del costo se paga con subsidios nacionales; es decir que con los recursos de todo el país se paga la luz del Gran Buenos Aires, energía que distribuye Edenor, la empresa que comparte propietarios con la mendocina EDEMSA. En el resto del país casi se duplicó el VAD en el mismo período. Ahora, con la actualización de la parte “nacional” de la tarifa el aumento será parejo para todo el país en ese ítem, pero el impacto es muy desigual por cómo ha subido la tarifa global en el resto del país. El modelo de “segmentación” que preparan asusta. Es que ese esquema tiene un condimento netamente argentino: el empobrecimiento general.

Temores y desigualdades

Que más del 40% de los mendocinos estén bajo la línea de pobreza es un dato dramático que también tiene consecuencias políticas. El temor por golpear de nuevo al "electorado preferidos" de Cambia Mendoza genera preocupación. Lo mismo pasa en el Frente de Todos, donde no logran captar la atención de ese sector. Mucho menos con la nueva realidad social. El proceso ya venía ocurriendo, pero la pandemia lo potenció. Familias que tenían acceso a bienes y servicios y que empeoraron su calidad de vida; que aunque viven en barrios y zonas "acomodadas" no tienen los recursos con los que antes disponían. Por eso, por eso, por ejemplo, cambiaron de estilo de vida, de fuente de ingresos o buscan un segundo empleo. 

Ni siquiera la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se animó a tocar los privilegios de sus vecinos de Recoleta. Ella, como presidenta, había usado el eufemismo “sintonía fina” para tratar de ejecutar una política que era de necesidad urgente: comenzar a sincerar el costo de la energía para evitar un colapso. Finalmente no se animó y hubo caos energético, desorden de las cuentas públicas y una desigualdad enorme en el vuelco de recursos, sumado al hundimiento de las inversiones. Para llevarlo al llano: mientras los vecinos de Cristina seguían pagando el gas y la luz con un “un par de billetes de Evita”, gran parte de las zonas más pobladas y de bajos recursos del país pagaban a precios exorbitantes las garrafas de gas o volvían a calentarse a leña.

La tarifa del gas será probablemente la más compleja para todo el país. Porque es un servicio que no está universalizado y por eso se nota más la desigualdad. Todo el país “paga” los subsidios, pero no todos los argentinos reciben los beneficios. Es, además, un recurso estratégico que es parte de la paradoja económica del país: este año se pagarán valores enormes para importar gas o sus sustitutos, a pesar de que hay una enorme disponibilidad bajo el subsuelo. El presidente Alberto Fernández volvió a anunciar la construcción de un gasoducto bautizado como Néstor Kirchner. Justamente el nombre hace a la práctica: anunciar como concreciones obras aún no ejecutadas y de manera redundante. Esa infraestructura es indispensable para aprovechar y transportar el gas de Vaca Muerta. Pero las condiciones económicas son las que impiden que esos recursos sean mejor empleados por el país; para explotar y transportar el gas, para exportar y también para “almacenar” el excedente en épocas de baja demanda para estos días.

Se espera que el impacto de los aumentos sea importante, pero para Mendoza habrá un alivio por haber sido incluido dentro de la “zona fría”. La mayoría tendrán un descuento del 30% en la boleta. También se incluyó el compromiso de ampliar la cantidad de garrafas de gas licuado, para tratar de amenguar la injusticia que se genera con quienes no tienen acceso a la red de gas natural. Las cuentas públicas serán las que no tendrán ese alivio por la relevancia que tendrán los subsidios.