Tarifas y energía: el kirchnerismo promete resistencia

Luego de la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y de la lucha contra la inflación, ya se conoce el tercer escenario de la aparentemente inevitable y de largo plazo batalla entre el albertismo y el kirchnerismo. La intención de Martín Guzmán de avanzar sobre el manejo del área de energía, dominio casi personal de Cristina Fernández de Kirchner a través del secretario Darío Martínez y el subsecretario Federico Basualdo, enemigos declarados del ministro de Economía (adelantada ayer por este medio); provocará una contraofensiva.

El kirchnersimo ya le aclaró a ambos funcionarios que resistirán, y que deberán defender la embestida con firmeza. Y que sólo tendrán que responder a las órdenes que lleguen del Senado. La aclaración incluye además una instrucción aún más estructural e importante: no deberán hacerse responsables de un eventual incremento tarifario por encima del 20% aceptado por el kirchnerismo; y mucho menos defender en audiencias públicas un alza de casi 50% como la que quiere aplicar Guzmán. La instrucción, aceptada por los funcionarios, es que debe ser el ministro de Economía el que enfrente ante las organizaciones intermedias la situación, y que deje en claro y de manera pública que los incrementos de semejante porcentaje se deben al acuerdo que el Ejecutivo cerró con el Fondo Monetario.

Como se mencionó ayer en  MDZ, Martínez es el verdadero destinatario de la frase dicha por Guzmán desde un canal de televisión, que apuntaba a separar los leales de los que no lo son. "El presidente ha marcado que gestionaremos con gente que esté alineada con el programa económico que se ha definido"; dijo el ministro de Economía en referencia a todos los funcionarios importantes de la secretaría de Energía. El hecho concreto es que Guzmán ya tiene el aval de Alberto Fernández para imponer su posición sobre el incremento de tarifas de servicios públicos. Su estrategia se basa en que las tarifas de los servicios públicos de la electricidad, el gas y el agua deberán aportar un recorte del 0,5% del PBI, con lo que el incremento final deberá medirse en términos fiscales y no porcentuales. Esto es, en dinero; el que por otro lado, deberá ser recaudado de los bolsillos de la clase media, media alta y alta de todo el país; algo que, como se sabe, los políticos (de todo color) quieren naturalmente evitar por razones obvias.

El ajuste tarifario que deberá aplicar el país, por arriba de las alzas que ya se anunciaron del 20% en el servicio de electricidad y gas deberá duplicarse, y trepar a los $ 325.000 millones. Un total de 0,5% del PBI, en reducción de subsidios. El cuadro conocido hasta ayer incluía un ajuste cercano al 0,2%, esto es unos $ 130.000 millones; cifra a la que se llegaría con la eliminación del beneficio en algunas zonas puntuales de la Capital Federal y el conurbano bonaerense; más el incremento de 20% promedio anunciado para el primer semestre del año, y que para gran parte de la coalición oficial (especialmente el kirchnerismo) debía actuar como incremento máximo para todo el año. El ajuste de las tarifas de electricidad se elevaría a más del 40%, siempre desde el segundo semestre del año. El porcentaje de incremento dependerá de dos cuestiones. El primero, la marcha de la meta de déficit fiscal de 2,5% de PBI comprometida por Economía para todo el 2022. Si hacia septiembre Martín Guzmán se acerca a ese nivel, el ajuste podría ser menor. Si se aleja, el alza tarifaria se profundizará, y combatirá contra el incremento de la inflación. En este caso, para saber el ajuste final de las tarifas eléctricas y del gas, habrá que esperar el incremento que muestren los salarios privados y públicos en blanco. Si, por ejemplo, estos crecen por encima del 50% ante una aceleración inflacionaria, el alza tarifaria final también subirá por arriba del 40%, acercándose incluso al 45%.