Gran expectativa por un posible apoyo de EE.UU. al impuesto kirchnerista

Argentina tiene que terminar de cerrar un acuerdo con Estados Unidos, demorado desde hace seis años, para que el intento de creación de un Fondo Nacional para la Cancelación de la deuda con el FMI sea posible. Esto resulta imprescindible, al menos, para mantener la intención de detectar "evasores" y "lavadores" con presente o pasado en el sistema financiero y registral de ese país.

Según se aclaró anoche, especialmente en altas oficinas de auditoras con presencia en el país y en Estados Unidos, el acuerdo entre la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Internal Revenue Services (IRS) aún no se puso en práctica por un factor clave para interpretar la norma.

Desde EE.UU. aún esperan la aclaración argentina sobre la necesidad, o no, de la intervención de un juez local y de ese país, para que el intercambio de información entre los organismos recaudadores se ejecuten. Si la respuesta es positiva, que no se requiera la intervención de un magistrado, resolverá Estados Unidos dentro de la jurisprudencia judicial de ese país; si es posible que sin un juez se pueda enviar información de un argentino o residente local en sus actividades en esos mercados.

Precisamente, la clave del acuerdo entre la AFIP y la IRS, se basa en la aceleración de los tiempos de investigación de casos potenciales de evasión y lavado; reclamando (y obteniendo) información desde cualquiera de los dos sistemas tributarios de manera inmediata. Y que la consulta a un juez sea posterior.

Esta norma es la que acordaron en su momento desde la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) unos 100 países que se fueron sumando al pacto internacional de intercambio de información entre países y sistemas tributarios; esquela a la que adhirió Argentina en 2017; y que aún está en período de aplicación.

Estados Unidos no se sumó a la iniciativa de la OCDE que apunta a combatir el lavado de dinero a nivel internacional y reducir la especulación financiera mundial. En cambio, sólo avanza acuerdos bilaterales, puntuales y con países con los que hay relativa buena relación diplomática. Sólo los socios políticos y económicos de ese país son "invitados" por la IRS a avanzar en intercambios de informaciones de personas que eligen el mercado norteamericano como reservorio de valor de sus pertenencias financieras; ya que en EE.UU. se tiene el criterio amplio de recibir dinero desde el exterior. Será eventualmente la IRS local la que investigue si ese dinero tiene procedencia sospechosa o no.

La costumbre de EE.UU. es que esta máxima sólo se altere en el caso que haya un socio pleno el que requiera la información o que sea un juez el que requiera. Argentina y EEUU habían avanzado con cierto entusiasmo en un acuerdo alternativo al de la OCDE. Lo había negociado casi personalmente el exministro de Hacienda Alfonso Prat Gay en el 2016, como forma de potencial el llamado al blanqueo impositivo y fiscal que se impulsaba durante el gobierno de Mauricio Macri.  

La Argentina había comenzado a negociar el acuerdo directamente con la administración de Barack Obama desde junio de 2016; aprovechando la buena sintonía entre los presidentes Macri y Barack Obama, cerrando un primer tratado preliminar de "doble imposición e intercambio informativo" con Estados Unidos, para que pueda aplicarse una vez vencido el blanqueo de capitales.

Prat Gay lo había hablado con el secretario del Tesoro norteamericano de entonces, Jack Lew, el 6 de octubre pasado, cuando el funcionario del Gobierno de Barack Obama visitó Buenos Aires. Allí, Lew le dio la promesa al ministro de Hacienda que, al llegar a Washington, se acelerarían las negociaciones.

Las negociaciones avanzaron rápidamente, hasta que en 2017 llegó al poder Donald Trump, quién directamente congeló todas estas iniciativas hasta nuevo aviso. Si bien las negociaciones durante la gestión Macri continuaron, no fue pasión de ninguna de las dos administraciones acelerarlas. Finalmente llegó Joe Biden a la presidencia de EEUU, y se retomó el dialogo entre la AFIP y la IRS. En febrero del año pasado se firmó un primer paso en la aceleración del trámite, pero referido sólo a las acciones de las multinacionales presentes en los dos países. Aún no está en ejecución del tratado para particulares, y no se sabe si la IRS está dispuesta a avanzar. En parte esto es lo que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner le reclamó el lunes pasado al embajador norteamericano Marc Stanley en la reunión que ambos mantuvieron en el Senado. Aún no se sabe si el diplomático ya se comunicó con la secretaría de Estado de la que depende por el reclamo.