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Sin competencia: la obra que confirma la particular matriz de negocios del Estado mendocino

Ocurrió con Portezuelo del Viento, pero también con obras más chicas como la línea eléctrica Cruz de Piedra - Gran Mendoza: en la provincia no hay competencia en las licitaciones y la omnipresencia de EMESA inquieta. La empresa estatal arma pliegos, maneja fondos y es parte de los adjudicatarios.

En Mendoza hay una realidad muy peculiar relacionado con el vínculo entre el Estado que licita obras y las empresas que buscan participar. En un contexto de crisis en la que cada proyecto genera ambición de parte de las constructoras para sumarse, en la provincia hay un patrón que se repite y llama la atención: que haya oferentes únicos (sin competencia), incluso en obras de baja complejidad. El sumun de esa característica fue Portezuelo del Viento, donde solo hubo un consorcio que se presentó a pesar del volumen de la obra. Pero no es el único caso.  

La matriz se reprodujo con otra obra que es clave, aunque vieja, para el sistema eléctrico local: la línea Cruz de Piedra – Gran Mendoza, un tendido eléctrico proyectado hace décadas pero que recién ahora se realizará para darle más seguridad al sistema eléctrico mendocino. Los trabajos, como adelantó MDZ, tiene un solo postulante para realizarlo, pues no hubo posibilidad de competencia. Dos empresas presentaron propuestas, una fue anulada por el Gobierno y quedó solo una.

La zona donde estará la línea Cruz de Piedra - Gran Mendoza.

Allí hay otra clave fundamental: la empresa que quedó es Distrocuyo, que tiene en su composición otra de las características de la matriz de gestión. Es que de esa empresa es parte EMESA, la empresa estatal de energía que además armó los pliegos y administra el fondo con que se financiará la obra. Es decir, EMESA está en todos los lugares del mostrador posibles: arma las reglas, administra los fondos, licita y es parte de la empresa que lo hará. No se trata de sellos de goma desde el punto de vista político. Es que así como la “marca” EMESA se repite, también los nombres de quienes gestionan el área, comenzando por el Ministerio de Economía liderado por Enrique Vaquié y la propia empresa que conduce Pablo Magistochi.

Desde el Gobierno aseguran que no hay incompatibilidades porque es una empresa con participación estatal. Y que tiene los controles cruzados por las dos vías: las mismas exigencias que una sociedad anónima y los controles del Estado como la Fiscalía de Estado y el Tribunal de Cuentas.

La impronta mendocina inquieta. En el sector  ya hay una idea formada: que en Mendoza no se puede competir porque hay una empresa que corre con ventaja. EMESA gestiona como empresa privada, pero tiene los beneficios de ser estatal. Entre ellos conocer las reglas de juego de antemano. Y hasta poder armarlas. En una serie de correos a los que accedió MDZ (bajo el asunto: “Revisión interna”, se trasluce cómo en el caso de la línea eléctrica Cruz de Piedra hubo debates internos entre representantes de Distrocuyo y EMESA para ajustar los pliegos. En esos intercambios hay un detalle lingüístico: se habla de un “nosotros” inclusivo que sugiere a las partes en cuestión. También habla de “foráneos”, apuntando a otras empresas que podrían competir. Los detalles de la licitación son muy particulares, pero suficientes para excluir competencia. Finalmente es lo que ocurrió: en una licitación presupuestada en 20 millones de dólares (nada mal para un sector en crisis) solo hubo dos ofertas y una fue descalificada.

La propuesta de Distrocuyo es por 17.086.140 dólares más IVA. La empresa SEMISA es la otra que había presentado oferta. El sobre con la propuesta económica no se abrió porque fue descalificada antes por no cumplir las exigencias. Sin embargo, hubo un hecho curioso. A pedido de privados se hizo una apertura ante escribano público para dejar registro. Los pliegos estaban en EMESA; la empresa “licitante y beneficiaria” de la obra. Según el acta, la oferta económica de la propuesta desechada era por 14.854.906 dólares más IVA. La obra fue calculada varias veces y tenía un costo estimado de 12 millones de dólares, a lo que había que sumarle el costo financiero. Incluso en la actual gestión se cambió el formato de financiamiento, que pasó de ser una obra bajo el paraguas del ENRE, a ser netamente provincial.

Los pliegos fueron armados por EMESA. La obra se financiará a través del Fondo Fiduciario del Plan de Infraestructura Eléctrica de Alta Tensión, Zonas Aisladas y Zonas a Desarrollar, que es administrado por EMESA. También quedó como único oferente una empresa de la que es accionista EMESA. La falta de competencia en la licitación llamaría la atención sin ese contexto. En San Juan, por una obra similar pero más chica hubo seis competidores, entre ellos los mendocinos Obras Andinas y Cartellone. 

La Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de Cuyo (Distrocuyo) tiene a su cargo el transporte de la energía en la región. Pero además tiene anexado un departamento de obras, cuestión que hace vidrioso su rol. Hoy, la empresa tiene como principal accionista al Banco Galicia (51% de las acciones) y luego al estado mendocino a través de EMESA, que tiene el 25.5% de las acciones. Justamente, desde que fue creada por el gobierno de Francisco Pérez, la energética estatal recibió las acciones de todas las empresas de las que era parte el Estado local (como las hidroeléctricas y distribuidoras) salvo EDEMSA. Pero además, se agregó como requisito a cualquier negocio la participación automática de esa empresa estatal como parte del negocio. Esa cláusula funciona, según aseguran en el mercado, como espanta inversiones. “Obligan a darle una parte del negocio sin aportar nada”, explican.

Atraso energético y apagón

Mendoza está en una situación delicada desde el punto de vista energético. Por el lado, de la generación, la crisis hídrica complica el futuro de las represas hidroeléctricas. La central térmica ubicada en Luján, que es el principal abastecedor del Gran Mendoza, está en declive en cuanto a su vida útil y requiere mantenimientos constantes. Y la provincia no ha sumado obras relevantes desde hace 20 años: el último dique fue Potrerillos y no hubo proyectos de magnitud significativa en cuanto a energías renovables.

A nivel transporte la situación es aún más frágil. Sin la línea Cruz de Piedra – Gran Mendoza, no se cierra el anillo que permite darle garantías en caso de una contingencia. Por eso, si sale de funcionamiento la central térmica o hay otro problema, hay un apagón generalizado. Incluso esa obra era parte anexa de los tendidos que se hicieron en Mendoza hace décadas. Se postergó y ahora aparece como una solución novedosa, aunque es antigua. Tanto, que hay quienes sugieren que no es la mejor solución posible porque sería más eficiente realizar obras hacia el norte de la provincia para darle también seguridad y disponibilidad de energía al área más vulnerable (como Las Heras). O incluso dejar líneas disponibles para, en el futuro, poder subir energía que se genere con parques solares. 

A pesar de tener una empresa provincial de energía y de ser casi una bandera provincial, no hubo avances. San Juan, por ejemplo, ya genera más energía a través de parques solares que con todo su sistema de diques. Mendoza, con el mismo recurso disponible, apenas tiene proyectos testimoniales. Incluso ocurre que empresas locales (como IMPSA) “migran” su atención a San Juan para trabajar en esas iniciativas.