Presionado por la suba de delitos, Levrino apura medidas en Seguridad

Su padre está condenado a perpetua por femicida y cuando la Policía lo detuvo en la noche del 13 de marzo pasado estaba descalzo. “¿Querés que llamemos a alguien para que te traiga calzado?”, le preguntaron los efectivos que lo habían apresado.

- No hace falta, no tengo a nadie a quien puedan llamar, contestó Maravilla.

Alejandro Gullé, el Procurador jefe de los fiscales, argumentó que los delitos por los cuales había sido imputado Maravilla con anterioridad eran excarcelables, cuando se lo consultó acerca de la efectividad de las reformas encaradas en el Código Procesal Penal durante la gestión de Alfredo Cornejo que estableció, como cambio central, un endurecimiento de las prisiones preventivas.

Gullé dijo que "los delitos eran uso de arma de fuego calibre 22, que es de uso civil, tiene una pena de 2 a 4 años, y el otro era robo por escalamiento que tiene una pena de 3 a 10, absolutamente excarcelable también. Él (por Maravilla) estuvo 7 días preso. Pero como no tenía antecedentes de reincidencia y se consideró que los dos delitos eran excarcelables se le dio la libertad bajo una fianza". Y soltó además una frase definitoria de la situación: “Si tuvieran que encarcelar a cualquier persona que tiene antecedentes y reiteran cualquier delito, necesitaría lugar para 50 mil personas en la cárcel", dijo.

Hasta aquí se aplica el criterio estricto de la ley, si se sigue la argumentación del Procurador. Pero sin tener en cuenta un elemento clave que podría haber sido considerada por los jueces: el concepto de reiterancia establecido también en la propia ley. La Justicia podría haberlo aplicado en esta instancia para impedir su excarcelación, ante un chico que ya había acumulado un par de intentos de robo y que además estaba inmerso en un contexto social más que difícil que no auguraba otro camino para él que seguir saliendo a robar.

Desde hace más de una semana, el Gobierno viene refutando con datos propios las críticas que arrecian. Sostiene en ese sentido que se controló la tasa de homicidios y que también se logró disminuir la cantidad de robos agravados. Sobre estos puntos, según las cifras oficiales, entre enero y febrero del año pasado los homicidios en Mendoza fueron veinticuatro. En los primeros meses de este año, catorce. Con respecto al segundo indicador, los robos con arma registrados en los dos primeros meses de 2021 fueron 828. Durante enero y febrero de este año, sumaron 429.

En estos números es en dónde Suarez se para para decir que la situación no está fuera de control y que , más allá de casos recientes impactantes como el de Emiliano Fernández o el asesinato del ciudadano venezolano Jean Carlos Sosa Delgado, la inseguridad en el Gran Mendoza no se acerca a la realidad del Gran Buenos Aires o de otros conglomerados urbanos comparables del país como Rosario, Córdoba o Tucumán.

Tomando en cuenta estas estadísticas, Levrino puede demostrar cierto control de la situación. Pero el problema serio para el ministro aparece reflejado en otros números. Comparado con el 2020, la cantidad de delitos simples creció por encima del 70%, existen zonas rojas que no son otras que las de gran movilidad urbana y los hechos particularmente ocurren entre las 19 y las 23 de los días jueves, viernes, sábado y domingo. En Mendoza subió además el robo de autos y de neumáticos, crecieron los hurtos, el robo de celulares y las entraderas a las viviendas.

Además, existe otro elemento vital que refleja la situación: según un anticipo de la última encuesta de victimización a la que accedió este diario y que está procesando el ministerio de Seguridad, el 82% de los delitos de estas características no se denuncian. La cifra es altísima si se compara que históricamente ese número rondó el 50%, pero comenzó a subir en 2016 (60%), siguió trepando en 2019 (65%), hasta llegar a los valores actuales que demuestran que, en el fondo, lo que baja no es el delito. Sino que lo que descienden son las denuncias.

Ante este panorama, Levrino ensayará una respuesta que está en el plano de la elaboración y que será puesta en marcha en los próximos días según la promesa oficial. Por un lado Seguridad apunta a aumentar la cantidad de cámaras de vigilancia disponibles en la vía pública, pero no solo apelando a una mayor inversión estatal en este aspecto. El Gobierno apunta a sumar a las cámaras de vigilancia de las empresas privadas a las públicas, a través de un software especial, para pasar de un sistema de 1.500 a 3.000 cámaras aproximadamente que monitoreen lo que está sucediendo en las calles.

Para aumentar esta capacidad de visualización, una medida que ya se adoptó en ocasiones anteriores cada vez que se hizo evidente el déficit de efectivos policiales. El Gobierno convocará a policías retirados (de alrededor de 50 años) para que cumplan las tareas de vigilancia del sistema de cámaras que se apunta a incrementar.

Y por último. Se estima que mucho del material robado en las calles (computadores, celulares, bicicletas, etc) luego termina siendo comercializado on line. Hoy, las herramientas con las que cuenta el Estado para combatir el ciberdelito aparecen como muy rudimentarias y se apuesta a generar un cuerpo de especialistas informáticos para tal fin. Con una particularidad: Seguridad apunta a reclutar a jóvenes recién recibidos después de un proceso en los que , profesionales de experiencia que estaban trabajando en el ámbito público, terminaron yéndose al sector privado en búsqueda de mejores ingresos.

Gobierno y oposición están enfrascados en una disputa política alrededor del problema de la inseguridad, sin que se logren soluciones a problemas estructurales. En los últimos años, a pesar de la discusión por los números que muestran uno y otros, lo destinado a Seguridad del total de los recursos provinciales nunca superó el 7%, aunque la actual gestión busca diferenciar que el 4% de esa cantidad se destina a la compra de bienes mientras que con anterioridad era utilizado para gastos corrientes.

La cantidad de policías que se suman a la fuerza siempre están equilibrados con los que se retiran (entre 400 y 500 por año) y desde hace una década aproximadamente que el total miembros de la fuerza no supera los 9.500. En los últimos cinco años un problema se agravó: al elevarse los requisitos para ser policía solo el 20% de los aspirantes logra superar el primer año de capacitación en el Instituto Universitario de Seguridad Pública. La crisis económica del país y la gran cantidad de menores que terminan volcados al delito (que son inimputables para la Justicia) no terminan más que por empeorar el estado de cosas.

En tanto el peronismo apunta a virar un tanto su estrategia en la Legislatura para abordar el problema de la inseguridad. Ya no reclaman la salida de la cúpula del ministerio, sino que pedirán cambios en la política provincial de combate contra el delito. “Si yo tengo propuestas y el otro las toma. Si el otro tiene propuestas y yo las tomo para trabajar en conjunto, podemos salir adelante. Pero no podemos seguir hablándole a alguien que no está”, patalea Rafael Moyano, legislador del Frente de Todos y presidente de la Comisión Bicameral de Seguridad en relación al ministro quien, por ahora, pondrá en marcha medidas para contener la escalada pero seguirá alejado de la exposición pública.