Por qué el Gobierno no reacciona públicamente ante los hechos de violencia que conmocionan

Dicen que fue un día frenético. Llamados del gobernador Rodolfo Suarez al  ministro de Seguridad Raúl Levrino. Idas y vueltas. Que había mucha tensión interna por la repercusión del homicidio de Emiliano Fernández que generó, nuevamente, un fuerte impacto social. Dicen que la preocupación en el Gobierno era grande, aunque nadie se enteró porque la estrategia de respuesta a esa situación es el bajo perfil. Que pase.

La decisión de no exponerse ante las crisis agudas surgidas de hechos puntuales de violencia o inseguridad apunta a no agitar y a tratar de cargar responsabilidades en toda la cadena; sobre todo en la Justicia. Hay varios modelos habituales en la gestión de esas crisis. La demagogia que aplicaba el exministro Carlos Ciurca, que aparecía en cada hecho “abrazando” a los familiares de las víctimas, más allá de si había o no gestión; el estilo bizzarro de Sergio Berni en la provincia de Buenos Aires, que incluye operativos, cámaras y disfraces de comando. También está el de Mendoza: el distanciamiento y la frialdad, que encarna el ministro Raúl Levrino.

Desde el Gobierno aseguran que ese distanciamiento es solo desde la comunicación; que los sistemas de asistencia a las víctimas funcionan y también los vínculos con el Poder Judicial. Sin embargo esa lectura no es compartida por algunos actores principales del sistema de Seguridad y Justicia. El único mensaje del Gobernador hacia el Poder Judicial fue hacia la Sala 2 de la Corte, pero no por temas de inseguridad, sino por la polémica por la elección de la reina de la Vendimia. 

Ese mecanismo también tiene repercusiones internas. Más que una estrategia es, en realidad, un estilo que va más allá de la comunicación. De la intensidad obsesiva, se pasó a la confianza delegativa en seguridad. Desde el Gobierno y también en Tribunales reconocen esa diferencia. Aunque muchas veces cruzando la línea de lo que corresponde, Alfredo Cornejo solía estar encima de funcionarios y también fiscales cuando había algún hecho de alta repercusión social.

En Mendoza está todo medido. Por ahora el Gobierno descansaba en que las principales preocupaciones de la población tenían que ver con temas económicos, la mayoría de ellos dependientes de resortes nacionales. Alberto Fernández era el principal responsable. Sin embargo, como ocurre al menos desde 2002, la inseguridad siempre está presente y tiene cada vez mayor relevancia. Según la última encuesta nacional realizada por la consultora Marta Reale, la inseguridad es la segunda preocupación más importante para los argentinos: el 59% de los encuestados mencionó el tema. En Mendoza esa tendencia se mantiene, aunque con una incidencia más baja. Más allá de los contextos, la prevención, control y represión del delito es jurisdicción provincial y por eso la preocupación puertas adentro. 

Tampoco es sorpresa. Desde que comenzó la pandemia, en marzo del 2020, se preveía que a mediano plazo hubiera un crecimiento de la tensión social, la violencia y los hechos relacionados con la inseguridad. Esos estudios se fueron ajustando. Incluso habían previsto que a fines del año pasado hubiera una escalada de hechos y creen que ese pronóstico “se trasladó” a este año. No está claro si a los trabajos previos le siguió alguna estrategia de gestión para amenguar los impactos o prevenir.

El asesinato de Emiliano Fernández, al igual que el de Jean Carlos Sosa, tiene un impacto social enorme porque denotan que el valor vida es igual a cero. La propia y la ajena. También la subestimación de las complejidades de la vida cotidiana. En la zona donde mataron a Emiliano ya habían pasado muchos hechos de violencia, como ocurre en muchas de las ciclovías que se armaron para recorrer el Gran Mendoza y que muchas veces son corredores inseguros y de fácil acceso para el robo de bicicletas que, algunas veces, terminan de manera trágica.

Hay un error de lectura en parte del oficialismo que toma las estadísticas de manera lineal, que acentúa el discurso en los datos que indican que hubo un descenso en la cantidad de hechos. Otros, en cambio, entienden que no tiene sentido comunicar eso en medio del shock social o personal por algún hecho. A diferencia de lo que ocurría en otras épocas, no hay mecanismos de "agitación" para potenciar la repercusión social. Hay sectores, ligados también a la política, que solían movilizar, hasta que se les volvió en contra.

Los resortes institucionales para ejercer presión sobre el Gobierno, como la Bicameral de Seguridad y la Comisión de Derechos y Garantías, están devaluadas. Luego del éxito de la reforma de la policía y la política de Estado de Seguridad, realizada en la gestión de Arturo Lafalla, no hubo ningún otro punto de encuentro. Los municipios simulan preocupación con sus guardias ciudadanas (algunos con móviles vetustos o en desuso) y de a poco la seguridad pasó a ser un tema de estatus social: búsqueda de soluciones individuales según las posibilidades económicas y de acceso.