FMI: Juntos por el Cambio ya piensa en renegociar el acuerdo en 2024
Elisa Carrió le hizo un gran favor de gobernabilidad al Ejecutivo, al traer políticamente al escenario la idea de quitar del proyecto de ley de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el contenido de metas y variables técnicas a las que el país se comprometerá con el organismo por los próximos 12 años. Sin embargo, a los ojos opositores, también le dio una gran autopista futura para transitar a Juntos por el Cambio (JxC), si es que terminan siendo Gobierno desde diciembre de 2023. La eyección del artículo 2 del proyecto que hoy tratará Diputados deja en claro la jurisprudencia hacia delante, que cualquier acuerdo con el Fondo puede negociarse y renegociarse en sus metas y contenidos múltiples desde el Poder Ejecutivo; sin que el acuerdo final deba ser tratado y aprobado por el Legislativo.
Únicamente en el caso que haya nueva toma de deuda o la renegociación de la vieja, esta operación debería ser la que se trata por ley; dejando de lado las condiciones impuestas para que el otorgamiento de un eventual préstamo se concrete. Así, con la negociación de ayer, un futuro eventual Gobierno de JxC tiene las manos libres para renegociar el acuerdo de Facilidades Extendidas con el FMI, en el caso de una victoria electoral el año próximo.
El presidente que surja de una eventual victoria opositora, sólo tendrá que autorizar a su ministro de Economía y su titular del Banco Central, a que se sienten con los técnicos del FMI para rediseñar metas, variables y cumplimientos; sin la exigencia de recurrir al legislativo; haya o no mayoría del entonces oficialismo. Y sólo si pidiera más dinero al organismo tendría que recurrir al Congreso, y únicamente para solicitar la autorización de ese dinero extra.
La primer lectura opositora es que con la idea de Carrió, se le dio un guiño al hoy oficialismo para tener el acuerdo sobre la mesa y políticamente dejar en claro que JxC evitó el default. Pero no avaló el plan económico de Martín Guzmán (y del FMI), y tendría ahora manos libres para renegociarlo con el organismo en el 2024. Si son Gobierno.
Como tercera consecuencia, se caería además el argumento acusatorio del kirchnerismo contra Mauricio Macri, Nicolás Dujovne y otros funcionarios de la anterior gestión, que basan el señalamiento de la ilegalidad del Stand By firmado en 2018 por el hecho que este no pasó por el Congreso y fue aprobado por decreto.
El plafón técnico de la explicación para que el contenido del acuerdo con el FMI no pase por el Legislativo, se basa en que, para la visión opositora, no existirían argumentos sólidos y legales, ya que sólo se necesitaría que pase por el Poder Legislativo la aprobación o rechazo (o la abstención), de una reestructuración de deuda por una nueva. En el caso de la discusión con el FMI, el reemplazo del Stand By cerrado en el 2018, por un nuevo proceso de toma de crédito incluido en el Facilidades Extendidas. Pero sólo como dinero que ingresa en un plan de pagos para liquidar otro vigente. Siguiendo esta lógica, de ninguna manera debe pasar por la cámara de Diputados y el Senado para institucionalizar su legalidad, un acuerdo con el FMI para avalar compromisos trimestrales y anuales acordados con el organismo financiero internacional.
El compromiso y cumplimiento de las metas de déficit fiscal, monetarias, financieras, cambiarias, y previsionales, deberían ser negociadas y firmadas y comprometidas sólo por el ministerio de Economía, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y, firmadas y rubricadas por un decreto presidencial. Eventualmente, y sólo como una complementariedad formar institucional, sería tarea del Congreso debatir un proyecto de presupuesto que incluyera las métricas selladas con el Fondo. Pero no mucho más.
Como ya se mencionó en estas líneas, la clave teórica, es que la ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública 27612, aprobada en marzo de 2021, dice en su artículo 2: “Dispónese que todo programa de financiamiento u operación de crédito público realizados con el FMI, así como también cualquier ampliación de los montos de esos programas u operaciones, requerirá de una ley del Honorable Congreso de la Nación que lo apruebe expresamente”. Y que en el artículo 3 se menciona a “la emisión de títulos públicos en moneda extranjera y bajo legislación y jurisdicción extranjeras, así como los programas de financiamiento u operación de crédito público realizados con el FMI, y las eventuales ampliaciones de los montos de esos programas u operaciones”.
La interpretación opositora es que ninguno de estos párrafos se relaciona con las metas y el contenido técnico del acuerdo, sino de la renegociación de la deuda vigente. Se tiene en cuenta en esta visión, que tanto el Stand By como el Facilidades Extendidas son créditos, y que uno sirve para reestructurar el anterior. En este sentido, la ley exigiría que el Congreso apruebe el programa general, pero no las metas y las variables puntuales; lo que sería responsabilidad del Ejecutivo. En la misma línea, se piensa que todo el acuerdo con el FMI podría ser aprobado por un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), sin que perdiera legalidad ni institucionalidad.