El débil y confuso acuerdo entre Suarez y Anabel por Portezuelo
Lo que parecía como un débil, pero principio de acuerdo al fin alcanzado el viernes entre Rodolfo Suarez y Anabel Fernández Sagasti acerca de cómo intentar salvar la obra Portezuelo del Viento que parece destinada a naufragar, con el transcurso de las horas se fue transformando en otro episodio más de cortocircuitos y propuestas de salidas distintas acerca de cómo encarar el problema que se presenta como tan grave para Mendoza.
Ambos dirigentes expresaron públicamente luego de la cumbre de anteayer (reunión de la que además participaron funcionarios de Suarez más intendentes y legisladores nacional del Frente de Todos ) la intención de pedirle al presidente Alberto Fernández que finalmente laude en el marco del Comité Interjurisdiccional de Cuenca del Río Colorado (COIRCO) para que la provincia logre saber si podrá avanzar o no en definitiva con la construcción de la represa.
El tema es que no está claro cuál será el mecanismo para ejecutar ese reclamo. Y el punto aquí no es menor. El Gobierno entiende que la senadora se subió al pedido del Ejecutivo para que Alberto defina en el corto plazo, mientras que Sagasti hace una salvedad que no es pequeña. Salió del encuentro convencida de que había dejado claro que su postura fue respaldar una solicitud de este tipo al presidente, pero que como paso previo el gobernador debía solicitar el pedido de laudo que, como sostiene la Casa Rosada, no está presentado.
La diferencia entre una cosa y la otra no es sutil. Suarez viajará esta semana a Buenos Aires para pedirle a Fernández una definición en los próximos treinta días sobre el asunto, algo que difícilmente pueda llegar a cumplirse porque el gobernador rebotará contra la misma respuesta que ya obtuvo en enero cuando buscó aplicar un emplazamiento similar: el ministerio del Interior le respondió que no podía había laudo, porque formalmente este no había sido pedido en el marco del COIRCO.
Se suponía que luego del encuentro del viernes, había un apoyo opositor a esta gestión. Pero el planteo de Sagasti fue en otros términos. “Tenés que volver a presentar el trámite. Demuestren que quieren hacer las cosas bien para no seguir discutiendo el sexo de los ángeles”, pudo saber MDZ que le dijo la senadora al gobernador. En definitiva, el mandatario viajará con la seguridad de que lo ampara lo ya ejecutado en el COIRCO. Si Alberto Fernández no resuelve en un mes, Portezuelo será historia según la decisión que ya tomó el Gobierno.
No sorprendió, en definitiva, el resultado final de la reunión encabezada por ambos dirigentes que encarnan la representación del oficialismo y la oposición en la provincia. En el marco de la eterna desconfianza y la imposibilidad de llegar a acuerdos, el gobierno entendió que Fernández Sagasti trasladó a Mendoza la interna actual entre el kirchnerismo y el presidente y que, en buena medida, Anabel estaba comenzando a despegarse de Alberto.
Del otro lado la mirada es muy directa. Están convencidos de que Suarez está buscando una excusa para hacer caer la licitación de Portezuelo, que esa excusa es la indefinición presidencial, y que además la cuestión de fondo es una disputa por la caja para hacer obras que quedaría disponible si se derrumba la licitación que encabezan los chinos de Sinohydro y que también involucra a IMPSA y a las empresas constructoras de Fernando Porreta y de Omar Álvarez.
El gobierno, ya se sabe, sostiene como Plan A que el presidente defina a favor de Mendoza dentro del COIRCO, ese el laudo que, ratifica, tiene en carpeta porque dentro del organigrama institucional de ese organismo el primer mandatario es árbitro final entre las cinco provincias que los conforman.
En el encuentro con el peronismo se terminó por blanquear otro plan. En caso de que Alberto le baje el pulgar o estire en el tiempo una decisión por Portezuelo, Suarez aspira a discutir con la Casa Rosada aquél convenio que firmó Mauricio Macri en 2019 y que fijó un destino específico para aquellos mil millones de dólares en caso de que no se adjudique la licitación del dique en Malargüe.
Existe un debate sobre la lectura de aquél arreglo. Si la provincia no hace Portezuelo, no podrá disponer de ese financiamiento para realizar cualquier obra hídrica. Está obligada a proyectar solo aquellas que contemplen la generación hidroeléctrica, aunque dentro del gobierno hay quienes están seguros de poder sortear ese corset aún a riesgo de que, si lo hace, Mendoza quedará expuesta para que Fernández decrete la violación del acuerdo de 2019 y los más de U$S 600 millones que restan llegar (del total de U$S 1.023) dejen de hacerlo.
El gobernador quiere qué el presidente le permita disponer libremente de la plata y luego consensuar con la oposición, empresarios y sectores sociales que esa suma multimillonaria no termine en la construcción de barrios, rutas o cloacas, por caso. Sino que se conviertan en infraestructura para el desarrollo estratégico de la provincia.
Anabel, en el encuentro, vio cómo brillaban los ojos de los intendentes de su propio partido cuando el gobernador pidió por esto e interrumpió la exposición. “Quiero decir algo sobre ese punto. Estoy totalmente en contra de la discusión de esa addenda. Quiero decirlo acá, para que quede claro”. De esta forma, antes de que se pudiera llegar a discutir en Buenos Aires, esta alternativa que ya era imposible de concretar de antemano quedó muerta. Ya era sabido. Alberto no estaba dispuesto a darle a los radicales mendocinos la extraordinaria oportunidad de encarar un millonario plan de inversión pública para que les sirva de plataforma electoral en 2023. En algo puede descansar tranquila la Casa Rosada, igualmente, a la luz del ritmo lento de ejecución de obra pública de la actual administración.
Si no se hace Portezuelo, en definitiva, la variante más cercana es terminar de proyectar la construcción de al menos dos diques con esa plata . En eso sí coincide Anabel, aunque insiste con que Suarez debería adjudicar sin aguardar el meneado laudo presidencial . Y algo así, si se quiere también, es lo que Alfredo Cornejo viene planteando desde hace tiempo.
Las idas y vueltas por Portezuelo fue uno de los temas que el actual y el ex más discutieron. Desde que Alberto Fernández le puso un freno al proceso en junio de 2020, Cornejo entendió que se debía abandonar el proyecto y comenzar a ejecutar el Plan B de las otras obras hídricas. Suarez trató de sostener el proceso hasta el final, hasta que cayó en la cuenta que, sin la definición del presidente en el COIRCO, la provincia se enfrentaba al conflicto de quedarse sin la obra, correr el riesgo además de perder el financiamiento y él mismo quedar expuesto a una demanda judicial por parte de las empresas (los chinos de Sinohydro particularmente) por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Pero en muy buena medida, el gobernador dilató una definición temeroso de pagar el costo político de hacer caer una obra que, incluso, había sido uno de los principales compromisos de campaña. Fue notable como en 2019, Cambia Mendoza lanzó la convocatoria para registrar gente en el Sur a cambio de empleo en una obra que , a dos años ya, todavía sigue en los papeles.
Pero algo fue cambiando en la opinión pública alrededor de este tema, que también influyó en la decisión que se está a punto de tomar. Lector ávido de encuestas, una última de la consultora Reale – DallaTorre realizada entre el 25 y el 29 de enero pasado le marcó a Suarez que cuando le preguntan a la ciudadanía: “¿Quién cree que es el principal responsable de que no haya podido empezar a construirse aún Portezuelo del Viento”, el 64 por ciento respondió que esa culpa es de Alberto Fernández. Y solo el 22 por ciento le achacó la responsabilidad a su gestión.
Pero figura también un elemento clave de ese sondeo en relación a la obra. “Si en este momento estuvieras en el lugar de Rodolfo Suarez, qué harías con el dinero disponible de Portezuelo? ¿Lo usarías para hacer otras obras hídricas o insistirías con hacer el dique? El 54 por ciento optó por la primera opción. El dato, fue suficiente para el gobernador.