Portezuelo y el principio del fin para la obra más prometida

Una reunión prevista con los intendentes y los legisladores del PJ que se realizará esta semana y un encuentro con Alberto Fernández que todavía no tiene fecha, son los dos hitos que marcarán en el corto plazo el futuro de la controvertida obra de Portezuelo del Viento. Pero más allá de que las definiciones alrededor de estos encuentros están rodeados de incertidumbre, algunas cuestiones están decididas para Rodolfo Suarez acerca de qué hacer finalmente con la construcción de este dique que ya lleva décadas de promesas incumplidas.

El gobierno, ya se sabe, sostiene como Plan A que el presidente defina a favor de Mendoza, en el marco del Comité Interjurisdiccional de Cuenca el Río Colorado (COIRCO), el laudo que tiene en carpeta como árbitro final entre las cinco provincias que conforman este organismo. Sin embargo, esta última semana, ya comenzó a dar señales de que no aguardará mucho tiempo más una definición presidencial. Si en el lapso de dos meses, aproximadamente, el presidente no define, dará por caído el proceso licitatorio que está en marcha hace más de dos años y buscará nuevo destino para los más de mil millones de dólares que tiene disponibles para hacer este dique en Malargüe.

Pero se agregó otro elemento en las últimas horas que se podría transformar en una misión que aparece como imposible: en caso de que Alberto le baje el pulgar o estire en el tiempo una decisión sobre Portezuelo, el gobierno provincial pretende sentarse a rediscutir con la Casa Rosada aquél convenio que firmó Mauricio Macri en 2019 y que fijó un destino específico para aquellos mil millones verdes.

Como se sabe, quien está al frente del consorcio que se quiere quedar con el proyecto es la asiática Sinohydro, cabeza de la UTE Malal- hue, que además integra otro gigante oriental, China Gezhouba Group Corporation, y completan la mendocina Impsa, que tendrá a cargo el sistema hidroeléctrico de la represa y dos conocidas del medio local: Ceosa y Obras Andinas (los empresarios Fernando Porreta y Omar Alvarez) que se ocuparán del resto de las obras complementarias que también implican una inversión millonaria. Si resulta adjudicado, el líder asiático de la obra se quedará con el 46% de la participación en el consorcio, Impsa con el 22% y las otras dos empresas locales con el 16% cada una. Si se cae la licitación, no existirían problemas con los chinos porque no tienen derechos adquiridos. Pero el Gobierno deberá enfrentar las consecuencias ante los empresarios locales que no solo ostentan poder mediático y de lobby, sino que también pusieron mucha plata hasta acá.

Alfredo Cornejo, desde que el presidente frenó el avance de la obra en junio de 2020, siempre estuvo convencido de que el mejor camino era no concretar Portezuelo del Viento y hacer uso de la opción que la provincia acordó con el gobierno nacional en 2019. En esa oportunidad se estableció que los recursos que la Nación se comprometía a enviar semestralmente a Mendoza, podrían resultar afectados tanto a construir la mega presa en el Sur como a otras obras de ese tipo.

Pero para desarrollar este plan siempre existió un límite. El propio acuerdo que Cornejo suscribió con Mauricio Macri hace poco menos de tres años y que permitió asegurar el financiamiento para Portezuelo, estableció que si la provincia no ejecutaba esta obra sólo podía destinar los U$S 1.023 millones para un fin específico:“ y/u otras obras hídricas necesarias para el desarrollo de la generación hidroeléctrica provincial", rezaba aquél arreglo.

Por impericia o ignorancia, varios funcionarios de la gestión actual no leyeron bien este párrafo. Desde que se disparó el último conflicto con la Casa Rosada en enero por la continuidad de la represa, hablan del potencial desarrollo de un plan de obras hídricas que, si se llegara a concretar, pondría a todos los dólares disponibles de Mendoza en serio riesgo. Si la provincia no hace Portezuelo, no podrá disponer de ese financiamiento para realizar cualquier obra hídrica. Está obligada a proyectar solo aquellas que contemplen la generación hidroeléctrica. 

Funcionarios de Suarez salieron a ventilar un ambicioso plan de inversión que ya tiene en carpeta el Departamento General de Irrigación, por caso. Sergio Marinelli, que apuesta a seguir en el cargo después de abril, no podrá usar un solo dólar de este acuerdo para canales de riego, por ejemplo, si estos no contemplan algún tipo de generación de energía. Más cauto estuvo Alejandro Gallego, el titular de Aysam, quien ni siquiera habló del tema, más allá de que algunos funcionarios también intentaron reducir daños expresando que ya estaba listo un proyecto de inversión para la empresa. Nada de lo que vino o vendrá para Portezuelo podrá ser utilizado con este fin. Si lo hace, Mendoza quedará expuesta para que Fernández decrete la violación del acuerdo de 2019 y los más de U$S 600 millones que restan llegar dejarían de hacerlo.

Aquí es donde Suarez apunta a rediscutir ese arreglo suscripto entre Cornejo y Macri. Quiere qué el presidente le permita disponer libremente de la plata y en este punto ya tomó una decisión: si esa renegociación resultare exitosa, apuesta a consensuar con la oposición, empresarios y sectores sociales que semejante suma no termine en la construcción de barrios, rutas o cloacas, por caso. Sino que se conviertan en infraestructura para el desarrollo estratégico de la provincia.

En el marco de las relaciones actuales de Mendoza con la Casa Rosada, el planteo suena a utopía. ¿Le dará Alberto Fernández a Suarez ( y fundamentalmente a Cornejo) la extraordinaria oportunidad de encarar un millonario plan de inversión pública para que le sirva de plataforma electoral en 2023? Suena a imposible.

Hoy, la postura de la Casa Rosada es la misma que hace un mes. Sostienen que el presidente no laudará en el COIRCO porque básicamente Mendoza todavía no hace el pedido de ese arbitraje. Pero hay más: el peronismo advierte que en el fondo lo que existe es una pelea interna en el gobierno provincial por la caja. Una pieza clave en este engranaje, Anabel Fernández Sagasti, entiende sin vueltas que Suarez debe adjudicar Portezuelo. 

A decir verdad, el presidente fue desconcertante alrededor de esta obra durante estos últimos dos años. Si bien paró todo cuando le puso el oído a los reclamos pampeanos, le garantizó a Suarez en persona que su intención era hacer el dique cuando ambos compartieron el acto de estatización de Impsa hace algunos meses. Y, si hace poco mas de treinta días lo ninguneó al gobernador mendocino en su reclamo para que laude rápido a favor de la provincia en el comité de cuenca del Río Colorado, en agosto del año pasado ayudó a destrabar una negociación con los chinos cuando todo estuvo a punto de caerse en serio por primera vez.

En aquella oportunidad, el entonces embajador de nuestro país en China, Sabino Vaca Narvaja, se reunió unos días antes del vencimiento del plazo para la mejora de oferta con los directivos de Sinohydro en ese país, y le garantizó a la empresa asiática que no iba a enfrentar problemas con el tipo de cambio y que los pagos se iban a realizar en dólares. La propuesta fue que los chinos podrían terminar cambiando los dólares que recibirían para hacer la obra a través del dólar MEP o dólar Bolsa, que consiste en la posibilidad de comprar bonos en pesos para después canjearlos por dólares.

Ese tire y afloje con los chinos fue durísimo. Tanto, que a horas de la fecha prevista de cierre de ofertas Suarez pateó el tablero. Irrumpió en la sala en la cual sus funcionarios estaban discutiendo con los representantes asiáticos y a los gritos les comunicó su decisión de hacer caer la licitación de Portezuelo si no aceptaban. Los chinos dijeron que sí y el proceso siguió adelante. Pero dejó uno de los hechos más escandalosos de una licitación demasiado polémica a esta altura: el consorcio terminó proponiendo una reducción del 22,6% a las distintas ofertas que realizó en un primer momento, que en concreto representaron más U$S 200 millones de dólares menos del costo original que habían planteado. El resultado de esa negociación tuvo ribetes escandalosos porque existen poquísimos antecedentes en licitaciones de esta envergadura en donde, ante un pedido de mejora de oferta, la rebaja fue de más del 20%.

Suárez amaga con frenar por una cuestión no menor, asimismo. Si bien hasta hace pocos meses estaba convencido de que podía adjudicar la obra sin tener antes una definición presidencial, leyó las señales que provenían de Buenos Aires que le indicaron que el camino no iba a ser fácil. Y esto no abarcó únicamente al último cruce con el presidente de enero. Hacia finales de noviembre pasado la secretaría de Provincias del ministerio del Interior, Silvina Batakis, dijo que Portezuelo “no será un tema de resolución inmediata" y además deslizó lo que para el gobierno fue la señal más clara de que la cosa no venía bien. La funcionaria, que reporta a Wado de Pedro, anticipó que podrían exigirse nuevos estudios de impacto ambiental.

Para el gobernador ese fue el principio del fin. Un dictamen del Fiscal de Estado, Fernando Simón, alertó al Gobierno de que, si Mendoza avanzaba sin una definición presidencial en el COIRCO, podría quedar sujeta con seguridad a un planteo pampeano y a una sentencia en contra de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. “Yo no tengo alma de procesado" , cuentan que le dijo Suarez a sus funcionarios en ese momento después de escuchar a Batakis.
  
Nadie sabe cómo resolverá Alberto ahora el problema. Pero podría elegir un camino: no hacer caer la obra, pero definir que requiere de nuevos estudios de impacto ambiental como exigen en La Pampa. Para Mendoza será lo mismo. Ese trámite no solo demoraría años, sino que ese expediente deberá resolverse a nivel nacional y requerirá de la aprobación de todos los ministros de Obras Públicas de las provincias del COIRCO. De más está decir que Mendoza está prácticamente hoy soledad en ese organismo que integran, además del gobernador mendocino y el pampeano, el de Buenos Aires, el de Neuquén y la gobernadora de Río Negro.

El escenario no podría ser más complejo. La provincia no solo está ante la frustración (una más) de tener que bajar de la lista a su proyecto de inversión más ambicioso. Sino que además, tiene disponibles mil millones de dólares para el desarrollo de los cuales hoy no tiene idea de qué hacer en caso de que no se haga Portezuelo.