El respaldo de las mujeres del SUTE a los denunciados por abuso sexual

Finalmente ayer por la tarde, las mujeres de la conducción del SUTE, encabezadas por la secretaria general Carina Sedano, se expresaron sobre la imputación por abuso sexual que pesa sobre el secretario gremial Gustavo Correa y otros dirigentes del sindicato. “Se ha resuelto no separar de sus cargos a los compañeros hasta que la justicia se expida, como corresponde en un estado constitucional, democrático y social”, expresaron en un comunicado que firmaron se titula: “Estuvimos ahí”.

El título no es un tema menor ya que la prueba que presentará Correa y los otros dirigentes y trabajadores del SUTE ante la Justicia para demostrar que son inocentes es un video donde aparecen junto a un grupo de mujeres intentando, el 25 de noviembre pasado, entrar al edificio de la UCIM (Unión Comercial e Industrial de Mendoza) donde funciona la oficina de Educación de Adultos que depende de la Dirección General de Escuelas. El ingreso al lugar se dio en el marco de un reclamo, repleto de personas, que intentaban pedirle a la DGE que no cerrara cursos. En ese sentido, los hechos denunciados por una mujer de seguridad de la UCIM que corresponden con abuso sexual se contradicen con el video mostrado y con este testimonio de las mujeres de la conducción.

En el comunicado que encabeza Sedano, además de advertir que no se separará del cargo a los denunciados como pidió una agrupación de la oposición y reclamó el colectivo Ni Una Menos, asegura que: "El sustento fáctico de esta elección es el amplio aporte de pruebas como lo es el video publicado por un medio de comunicación local y el testimonio de las abajo firmantes que se encontraban presentes en el lugar. Es determinación de esta mesa creer en estas mujeres y no subestimar su palabra”, aseguran.

Además, agregan en el texto que: “El ámbito de aplicación del Protocolo Interno aprobado por Plenario Provincial, especifica taxativamente que será a requerimiento de la persona victima de la situación de violencia de manera personal en congruencia con el art. 24 del Cap. II Titulo III de la ley 26.485 y que debe ser afiliada/e al sindicato" . Es decir como la denunciante no es una afiliada, el protocolo no corresponde, de acuerdo afirman las mujeres de la conducción. El texto que circuló en las últimas horas asegura también que: "Los compañeros denunciados se han puesto a disposición de la justicia, y su rol en el sindicato no perturba de manera alguna el proceso de investigación del poder judicial, tampoco comparten lugares de trabajo, vivienda y o militancia con la persona que realiza la acusación.Por otra parte, el estatuto del SUTE es muy claro donde expresa que se aplicará inhabilitación total o parcial ante la comisión de delitos comunes previstos por las leyes vigentes al afiliado que resulte condenado por sentencia judicial, que tampoco es el caso”.

Por último, piden activar el debate sobre los salarios y demás derechos en las calles para no desalentar la lucha docente: “La discusión central es sin dudas poder seguir en las calles, en los actos públicos, en las Juntas, en las escuelas debatiendo las acciones que debemos llevar adelante para continuar ganando derechos, ante un gobierno que pretende debilitar la organización sindical constantemente. Una lectura contraria corre peligro de ser funcional al plan sistemático del gobierno provincial”.

Las mujeres que firman el texto advierten también a la Justicia haber estado en el lugar de los hechos. La imputación ocurrió el viernes pasado tras una denuncia de una mujer de seguridad de la UCIM. Entre la fecha del reclamo y la acusación judicial, existió un comunicado de la UCIM donde hablaban de "que unas 20 personas entraron a la fuerza al edificio donde funciona la entidad. En este mismo lugar también se encuentran oficinas dependientes de la DGE y hasta allí se habrían dirigido los manifestantes. En el mismo texto, consta que estos manifestantes (por los 20) "habrían agredido a dos personas de su equipo (un administrativo y un joven que se desempeña en tareas de maestranza) y a una mujer que cumple con tareas de vigilancia, de manera tercerizada". Sin embargo, luego apareció una denuncia por abuso sexual contra tres personas entre las que se encuentra Correa y un fotógrafo del sindicato quien estaba trabajando con la cobertura periodística del reclamo. Las mujeres que estuvieron presentes y firman el comunicado aseguran que ese hecho no pudo haber sido posible ante la cantidad de personas que se encontraban en el lugar. La investigación está a cargo del fiscal de Delitos Contra la Integridad Sexual Darío Nora.