Exploración offshore en el mar Argentino: una oportunidad a la sensatez

Una definición de la Cámara Federal de Mar del Plata en relación a la prospección petrolera permite que avance el trabajo exploratorio de la UTE Equinor-Shell-YPF. Este trabajo de exploración se plantea como el primer paso para verificar y cuantificar las posibles riquezas hidrocarburíferas en el subsuelo atlántico, siguiendo la línea prospectiva que ya se ha confirmado y se explota en aguas brasileras.

La Cámara Federal marplatense sorprendió con una notificación temprana este lunes 5 de diciembre, ya que normalmente los acuerdos se dan a conocer los martes. Y, al respecto de este en particular, fuentes confiables del fuero lo daban como un hecho para el martes 12, una semana después. Indudablemente, el anuncio de la partida del barco BSG Prospector, que hacía puerto en Montevideo, hacia aguas de Surinam, creó un marco de mayor presión hacia los jueces del que ya despliegan distintos actores afines al oficialismo, en particular, los gremios y la CGT marplatenses.

El anuncio, que ha tenido el beneplácito de los diferentes actores del sistema, trajo repercusiones por parte de un sector que el sistema judicial ha legitimado, aún cuando está muy flojo de papeles: es el caso de los presentantes del amparo que había impedido el avance de la exploración, constituidos en lo que han dado en llamar una “organización de ambientalistas autoconvocados”. La integran, entre otros, Verónica García Christensen, Érica Hann, Rubén Darío Ávila y Kanki Alonso, quienes han afirmado —en palabras de este último— que irán a la Corte Suprema de Justicia para apelar la decisión. Si efectivamente lo hacen, se verá allí si el asunto es admitido, o irán en queja.

La Cámara Federal marplatense hace hincapié, tanto en este como en otros casos judiciales vinculados a la extracción de riquezas del subsuelo, en un concepto que vale destacar: “Por otra parte, una vez más resulta oportuno resaltar que el Poder Judicial no está legitimado para diseñar, en general, las políticas públicas, y en particular, las vinculadas con el desarrollo energético, pues tal tarea pertenece a los restantes Poderes del Estado (lo contrario implicaría vulnerar la División de Poderes, garantizada constitucionalmente), pero no resulta ocioso enfatizar que –de todos modos la manda constitucional del art. 41 CN lo involucra, por lo cual corresponde –en sus justos límites- analizar la legalidad, constitucionalidad y razonabilidad del proceso administrativo cuestionado por las partes, en atención a los derechos colectivos que se dicen restringidos o conculcados en el mismo”. Ergo, asume su propia legítima acción, pero avisa que hay límites que, de ser violentados, implican ciertamente subvertir el orden constitucional.

Como bonus extra, para los presentantes la Cámara determinó no imponer costas, con lo cual legitima y habilita a que se mantenga esta situación de asedio a la creación de riqueza en nuestro país.