Condenaron a la jefa de Estado, pero consideran que no hubo organización criminal

Hubo fraude a la administración, es decir corrupción. Pero no una “organización criminal creada para tal fin”. Por eso Cristina Fernández de Kirchner fue condenada a 6 años de prisión, pero fue absuelta por el delito más grave por el que estaba acusada. La vicepresidenta fue hallada culpable en un delito que, según la justicia, fue ejecutado cuando era presidenta de la Nación y recibió la condena también en ejercicio del poder, como vicepresidenta.

La misma condena impone la prohibición para ejercer cargos públicos. Pero la vicepresidenta no será detenida, podrá seguir ejerciendo el cargo que tiene y también ser candidata, pues aún le quedan al menos dos instancias judiciales para que la sentencia sea revertida o quede firme. La propia Corte que tendrá que definir, considera condena firma a una sentencia emitida en esa instancia y, además, prioriza el derecho de elegir y ser elegido.

De todas formas se transforma en un hecho de trascendencia política e institucional sin antecedentes. Carlos Menem fue condenado, pero fuera del poder y su condena no quedó firme. Otro vicepresidente que fue condenado por corrupción fue Amado Boudou, quien sí tuvo condena firme en la Corte a 5 años y 10 meses de prisión por cohecho y negociaciones incompatibles. Pero el ex compañero de fórmula de Cristina había cometido esos delitos cuando era Ministro de Economía.

La sentencia es dura, porque supone prisión efectiva, pero mucho más laxa de lo que había solicitado el Ministerio Público Fiscal. La clave está en cómo toma la Justicia un delito que es fuerte en los conceptos, pero de aplicación casi imposible en la realidad: la asociación ilícita. Lo particular de la condena por “administración fraudulenta” es que los jueces consideraron a la máxima autoridad del país como responsable de haber cometido hechos de corrupción a través de una dirección (como Vialidad) y las empresas de Lázaro Báez. En otros hechos de corrupción el "hilo" se cortó antes en la cadena de mando.  Uno de los datos llamativos es la absolución de Julio De Vido, exministro de Infraestructura. El delito culpa a una persona que tiene a su cargo la administración de recursos de otros y los malversa en favor suyo. En este caso se realizó con fondos públicos. 

Es decir, la Justicia probó que hubo hechos de corrupción, pero no consideró que estaban dadas las condiciones para considerarlo una “asociación ilícita”, es decir que haya habido una planificación para delinquir usando al Estado como medio.

El otro dato saliente es el monto de los decomisos: más de 84 mil millones de pesos. Ese es el dinero que debería recuperarse; aunque es testimonial hasta que la sentencia quede firme.

Extrañamente los jueces se tomarán tres meses para explicar los alcances de la sentencia y recién allí se podrán seguir el hilo interpretativo que siguieron para que ocurran las dos cosas: inocente y culpable de delitos que podrían ir de la mano. 

La causa tiene fuertes implicancias políticas. La vicepresidenta y el oficialismo llevan el tema fuera del análisis jurídico y esa fue una de las causas de Estado desde que en 2019 el kirchnerismo volvió al poder: más allá de lo que ocurra, el foco estaba y está en el Poder Judicial; en particular toda la cadena que tarde o temprano tendrán que ver con la causa. El Ministerio Público Fiscal (con los avances sobre el titular y su trunco reemplazo), el Tribunal Oral, la Cámara de Casación y también la Corte Suprema. En el medio, la tensión creció fuertemente sobre el Consejo de la Magistratura. Por eso la condena de Cristina, que no la corre de la carrera política, también será parte de las plataformas políticas durante todo el 2023, tiñendo incluso la campaña.