Argentina quedó a un solo paso del abismo institucional

A pesar del espamento que se ha generado en torno a los planteos realizados por el gobierno nacional contra el fallo de la Corte, aún el límite no se ha cruzado. Sin embargo, el Gobierno camina en la cornisa y de insistir con su resistencia contra la resolución del máximo tribunal podría quebrarse el equilibrio institucional en la República Argentina. "Estamos en la antesala de una anarquía institucional", manifestó el abogado constitucionalista Félix Lonigro.

Lo que aclaran los especialistas es que por el momento el Ejecutivo ha hecho uso de un recurso procesal válido como es la recusación de los jueces y el pedido de revocatoria "in extremis". La pregunta es qué ocurrirá una vez que eso se resuelva.

Ayer se informó que el presidente decidió "instruir a los órganos competentes del Estado nacional a recusar a los miembros de la Corte Suprema y a presentar el pedido de revocatoria "in extremis" de la resolución cautelar dictada". Además, los gobernadores solicitarán  "ser tenidos por parte en el expediente acompañando la recusación de los ministros firmantes de dicha medida cautelar".

"Es procesalmente posible frente a un fallo de la Corte Suprema interponer un recurso de reposición in extremis y recusar a sus miembros. Lo debe resolver la Corte Suprema previo traslado al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Seguramente la Corte Suprema lo va a rechazar y el fallo se va a ejecutar", subrayó el constitucionalista Andrés Gil Domínguez. En este sentido, aclaró que "los fallos de la Corte Suprema se cumplen".

La duda que existe es si el gobierno nacional está dispuesto a acatar el fallo si la Corte rechaza los recursos presentados por el Ejecutivo. Sobre todo por la tensión que ha generado el kirchnerismo con el Poder Judicial con el objetivo de deslegitimar sus resoluciones. "Es una Corte que está dispuesta a gobernar y llevarse por encima los poderes del Estado. Está dispuesta a llevarse la voluntad popular y ahora también al Ejecutivo, han asumido la suma del poder público", disparó en ese sentido el senador kirchnerista Oscar Parrilli.

La relación del kirchnerismo y la Justicia nunca fue buena y desde hace tiempo vienen impulsando proyectos para licuar su poder. La reforma de la Corte es sólo un ejemplo.

Pero de persistir esta postura negacionista por parte del Frente de Todos y si se llegase a desconocer la resolución de la Corte que fija que el Gobierno destinara el 2,95% del volumen de impuestos coparticipables a la Ciudad de Buenos Aires, se cambiará drásticamente el reglamento institucional. En términos futbolísticos, es el equivalente a que un equipo se moleste con el árbitro por sus fallos y decida unilateralmente que sus decisiones no deben respetarse. A partir de ahí, los jugadores podrán tomar la pelota con la mano, no habrá forma de cobrar posición adelantada y los golpes no tendrán amonestación.

Ese es el riesgo que corre el país por estos días. Aún queda un paso. Estamos a tiempo de llamar a la responsabilidad de nuestros dirigentes. La pelea de fondo es, como siempre, política. El kirchnerismo quiere el dinero para el gobernador de Buenos Aires Axel Kicillof y aseguran que la Corte quiere beneficiar a Horacio Rodríguez Larreta otorgándole fondos de coparticipación en un año electoral. En el medio juegan con fuego y nos llevan a todos a un punto sin retorno.