Destituyeron a un funcionario judicial vinculado al caso Walter Bento
El Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público de la Defensa decidió, a través de una resolución, que Jorge Omar Miranda, titular de la Defensoría Pública Oficial ante los Tribunales Federales de Primera y Segunda Instancia de Mendoza, fuera removido de su cargo por "mal desempeño". El ahora exfuncionario tiene una estrecha vinculación con la causa en la que se investiga una red de corrupción que era presuntamente liderada por el juez federal Walter Bento, en la cual existiría un presunto sistema de pago de coimas para beneficiar a imputados.
El tribunal convocado por la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, indicó lo siguiente en el veredicto dado a conocer: "El tribunal entiende que el doctor Jorge Omar Miranda tuvo una actuación indebida en la causa caratulada 'Imputado: Ortego, Luciano Edgardo y otros s/asociación ilícita, cohecho con conductas art. 256 bis, segundo párrafo, y 257, cohecho activo y falso testimonio. Solicitante: Aliaga Alfredo, y otros' del registro del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 3 de Mendoza (...) En líneas generales, este magistrado utilizó su condición de defensor público oficial y su carácter de titular de la Defensoría Pública Oficial ante los Tribunales Federales de Primera y Segunda Instancia de Mendoza, para entrometerse en una causa en la cual se encuentra procesado en la actualidad".
Se indicó en el escrito que Miranda "para 'garantizar la legalidad' de declaraciones testimoniales fue irregular porque se trataba de una causa en la que desde su inicio ya existían personas imputadas que no lo habían designado como su abogado defensor. El proceder correcto hubiese sido rechazar esa intervención, solicitar que se intimen a los imputados a que designen un abogado de su confianza, y, eventualmente, limitar su intervención a presenciar actos procesales definitivos e irreproducibles".
Vinculación con Walter Bento
Jorge Miranda fue defensor particular de Rosa Isabel Fernández, acusada de haber llevado adelante el pago de sobornos, hecho que la dejó involucrada en la megacausa en la que se encuentra procesado el juez federal Walter Bento, sindicado como el líder de una asociación ilícita.
Esta mujer fue la única que recuperó su libertad en su causa original -a través de la aprobación de Bento- cuando el resto de los coimputados mantenían su prisión preventiva.
"A partir de la declaración de Gonzalo Adrián Ramírez Madrid; del 11 de diciembre de 2020, surgió ya un deber evidente de apartarse en esta causa. Se tiene la plena de que el doctor Jorge Omar Miranda sabía que tanto Ramírez Madrid, como Roberto Dante Flores, Juan Carlos Iñiguez Fazio y Carlos Felipe Giménez hacían referencia al pago de sobornos al juez Walter Bento en la causa caratulada 'Iñiguez Fazio, Juan Carlos y otros s/infracción ley 22.415', del registro del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 1 de Mendoza, en la cual el propio doctor Miranda había actuado como abogado particular, entre otros, de Rosa Isabel Fernández, quien había recuperado su libertad cuando el resto de los coimputados mantenían su prisión preventiva", dice el fallo.
Y se agrega, en ese sentido: "Su participación en estas declaraciones testimoniales existiendo un manifiesto interés personal en el objeto procesal de la causa, comprometió la integridad de su desempeño profesional al usar la representación general de los imputados en beneficio propio en violación de lo previsto en los artículos 16° y 19° inciso "b" de la ley 27.149 y 114° y 118°, inciso '2' del Régimen Jurídico del Ministerio Público de la Defensa. Además, existió una falta de decoro y rectitud porque con esta actuación puso en duda la transparencia y legitimidad de una investigación penal de suma trascendencia pública".
"Ya transcurridas las declaraciones de quienes intervinieron en la causa 'Iñiguez' y anticipándose al giro que tendría la investigación penal en la cual fue posteriormente procesado por el delito de cohecho, el doctor Jorge Miranda intentó dar un paso al costado sin expresar las verdaderas por las cuales se apartaba".
Miranda era defensor general, un cargo de magistrado. Estaba a cargo de la Defensoría General del fuero federal en Mendoza (tanto en el ámbito penal como civil). Fue nombrado durante el gobierno de Mauricio Macri.
A Miranda se le inició una causa por supuestos hechos de abuso sexual y coimas, donde dichas denuncias estaban vinculadas con la causa Bento indirectamente. Concretamente, la mujer denunciante era pareja de un preso y realizó la presentación ante la Justicia por presuntos pedidos de coimas y un aparente abuso sexual, en el marco de un intercambio de favores para mejorar la situación procesal del hombre encarcelado. Sin embargo, respecto a la acusación de índole sexual, el tribunal sostuvo en su fallo que "no se han arrimado al proceso elementos suficientes que permitan tener debidamente acreditado que haya existido un requerimiento de contenido sexual". De modo que esto no influyó en la decisión tomada.
Además, Miranda está involucrado por un hecho aislado de coimas, ya que se lo acusa de cohecho activo. Precisamente, a Walter Bento se le atribuyen 15 casos de coimas. En uno de esos casos uno de los que participa es Miranda, que habría pedido coimas para mejorar la situación procesal de sus defendidos, lo cual no se puede hacer por formar parte de la Defensoría Pública.
Un dato a tener en cuenta es que, a diferencia del Consejo de la Magistratura -que se encuentra sumergido en un caos respecto a la situación de Bento debido a los inconvenientes en la designación de integrantes- en el caso de la Defensoría Pública se actuó de forma rápida.

