Vicentin: la Corte de Santa Fe rechazó el pedido de avocamiento de un acreedor

Vicentin: la Corte de Santa Fe rechazó el pedido de avocamiento de un acreedor

Fue por unanimidad y el expediente vuelve al juez del concurso preventivo. El pedido lo había solicitado la empresa Commodities SA.

Lourdes Marchese

Lourdes Marchese

La Corte Suprema santafesina rechazó, por unanimidad, el pedido de avocamiento presentado por un acreedor de Vicentin, en consonancia con el dictamen del procurador general Jorge Barraguirre.Y resolvió devolverle el expediente al juez del concurso preventivo Lorenzini.

Recordemos que el pasado 16 de junio el acreedor Commodities S.A., peticionó ante la Corte santafesina el avocamiento en el concurso preventivo de Vicentin, solicitando que se tomen las medidas que entienda adecuadas para “encauzar el proceso a fin de resguardar los derechos de los acreedores y la conservación de la concursada y sus bienes”. 

En ese sentido, refirió “gravedad institucional por violación del orden público económico en virtud de que la afectación es comunitaria por la cantidad de créditos y personas afectadas”. Para la empresa que no quiso dar conformidad al acuerdo, como lo hicieron otros acreedores, se trataba de una “acción fraudulenta” por el tipo de quita y que sujetó el pago de la o las cuotas concursales, total o parcialmente, al resultado de una operación cuya vigencia depende del levantamiento de cautelares. Además criticaron el accionar del juez Lorenzini. 

Al rechazar el pedido, los magistrados sostuvieron que esta “Corte Suprema no puede prescindir de las reglas y excepciones que imponen la Constitución provincial y las leyes para el ejercicio de su jurisdicción, pues, actuar de otra manera importaría asumir competencia sobre una causa respecto de la cual no se dan las condiciones que legalmente la habilitan”.

Cuando Barraguirre fundó su dictamen rechazando la pretensión de Commodities refirió que “la presentación no constituye un supuesto de avocación (tal como está diseñado en nuestra legislación) y, que la “pretensión en los términos en los que fue formulada, resulta asimilable al supuesto de per saltum no existente en nuestra provincia”.

Además dijo que la gravedad institucional no ha sido demostrada”. Para el procurador en el caso no se ha planteado ninguna "cuestión de competencia" que esta Corte deba resolver, esto es que no se cuestiona la aptitud del juez de la causa para entender en el caso, en los términos del artículo 2 que prevé que la Corte Suprema de Justicia resuelve con carácter definitivo las cuestiones de competencia que se susciten entre ella y las cámaras o los tribunales ordinarios, entre las cámaras, y entre éstas y los tribunales ordinarios, de oficio o a petición de parte. 

Al expedirse en ese sentido, manifestaron los magistrados que “las argumentaciones que sirven de sustento al pedido de avocación no se subsumen, es más, ni siquiera rozan tangencialmente, alguno de los supuestos de atribución de competencia que autoricen la intervención de este Tribunal”.

Agregaron que “no se ha planteado ninguna cuestión de competencia que esta Corte deba resolver, esto es, no se cuestiona la aptitud del juez de la causa para entender en el caso en los términos del artículo 2”

A su vez, dijeron que la petición formulada tampoco configura un per saltum, dado que éste supondría una decisión jurisdiccional de primera instancia -inexistente en autos en lo tocante a la propuesta de acuerdo preventivo en cuestión-, sin perjuicio de la ausencia de todo fundamento normativo respecto de este último instituto.

Así las cosas a la hora de hablar de la situación de Vicentin refirieron a la importancia económica y social que el referido concurso tiene para la Provincia de Santa Fe y para el país en general, lo cual ha derivado en la intervención de otros actores en el proceso que exorbitan los parámetros ordinarios. Es más, “la extraordinariedad del caso ha constituido un entramado procesal complejo, que además cuenta con la interferencia de otros procesos judiciales, incluso penales y ante la jurisdicción federal”.

Entendieron que los jueces tienen una alta responsabilidad institucional en el procesamiento y juzgamiento de la controversia, “imponiéndose una vez más señalar que las decisiones deben guiarse por la suma prudencia en el control de legalidad que les compete realizar, a fin de mensurar y poner a seguro resguardo los derechos y garantías de los justiciables”.

En cuanto al trabajo del juez dentro del concurso manifestaron que debe apreciar objetivamente “si el deudor, en el ejercicio de su derecho, ha contrariado la finalidad económico social del mismo que, en la especie, no está solamente dada por la conservación de la empresa como fuente de producción y trabajo, sino que también está definida por el logro de una finalidad satisfactiva del derecho de los acreedores”.

Cómo sigue el proceso 

Hay que mencionar que hasta que el presidente de la Corte provincial hiciera lugar a analizar el planteo de la parte que hoy fue rechazada y suspendiera los términos, y más allá de las causas que llevaron al default de Vicentin y que son motivo de investigación en la justicia, lo cierto es que en el concurso preventivo de acreedores, la empresa estaba terminando el periodo de exclusividad logrando las mayorías de cápitas y capital a fin de pasar a que el juez lo verifique y declare la existencia de acuerdo para pasar al plazo de impugnaciones y una vez resueltas las mismas en caso de ser rechazadas homologar el acuerdo. Es decir que si notara algo en fraude a la ley, no se homologaría.

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