La reforma constitucional silenciosa
Estos días, en efecto, está a debate en el Congreso la propuesta de dar jerarquía constitucional a la convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer "Convención De Belem Do Para", que integra el ordenamiento argentino con rango legal desde 1996, tras su aprobación por la Ley N° 24.632. La iniciativa se ha topado, por el momento, con la dificultad de no reunir la cantidad de votos necesaria (la cláusula constitucional mencionada exige las dos terceras partes de los miembros de cada cámara del Congreso), pero sus propulsores no han abandonado sus expectativas de lograrlo durante la prórroga de sesiones decretada días atrás por el Presidente de la Nación.
De conseguirlo, habrán consolidado en la cima de nuestro sistema jurídico aquella exigua victoria alcanzada hace dos años, cuando con una ajustada mayoría parlamentaria impusieron la liberalización del aborto en la Argentina. Porque, pese a que la insistencia en revestir a la Convención Belem Do Pará bajo la bandera de la defensa de la mujer contra toda forma de violencia (postulado que difícilmente alguien no comparta), quienes conocen la materia bien saben que su “letra chica” extiende esa defensa hasta límites inusitados gracias a la amplitud y vaguedad que permite dar a la noción de “violencia”.
Lo cierto, pues, es que los órganos a cargo de la interpretación y aplicación de sus cláusulas ostentan una conocida postura
favorable al aborto, que no tardará (ya hay evidencias de ello) en hacer prevalecer el “derecho de la mujer” a no ser víctima de la “violencia” institucional o psicológica que conlleva cualquier restricción a su libertad de acceso a la interrupción del embarazo. Remitimos, para mayor información, al informe producido por Prodeci, que pueden consultarse aqui.
La gravedad de la cuestión (que encierra, reiteramos, una reforma del marco constitucional) contrasta con su llamativa ausencia de espacio en los medios. Tal vez esto se explique por el propósito de consumar la intentona sin “levantar polvareda”, ni manchar el legajo, incluso, de muchos legisladores que han defendido fervientemente las dos vidas en el pasado, y que en esta instancia, por desinformación u otros factores que desconocemos, no parecen tan convencidos de que se trate aquí de un nuevo capítulo de la misma batalla.
* Ignacio De la Riva, Asociación Civil por los Derechos Civiles (PRODECI)