José Luis Espert denunció a Cristina Fernández de Kirchner por su polémica maniobra en el Senado
El diputado nacional José Luis Espert (Avanza Libertad) cumplió con su amenaza y presentó una demanda judicial contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por el nombramiento de un senador kirchnerista como representante de la tercera minoría del Senado para integrar el Consejo de la Magistratura.
Tanto Cristina Fernández de Kirchner como sus aliados insistieron ayer con el nombramiento del senador kirchnerista Martín Doñate, de Río Negro, para integrar el Consejo de la Magistratura como representante por la tercera minoría del Senado por Unidad Ciudadana, por lo que el kirchnerismo reforzó su cuestionamiento al fallo de la Corte Suprema de Justicia, que la semana pasada anuló la maniobra pergeñada por la vicepresidenta para arrebatarle al PRO un lugar en el órgano encargado de seleccionar a los jueces, que le pertenecía a Luis Juez.
En la denuncia de doce hojas presentada esta mañana ante la Justicia federal, José Luis Espert recuerda "que los legisladores -senadores o diputados- están limitados en el ejercicio de sus funciones por el texto constitucional y que la interpretación de dicho texto debe ser siempre de buena fe", por lo que "actuar sin observar alguno de estos parámetros constituye un ataque al sistema democrático y acarrea responsabilidad penal".
Para el economista liberal, esta maniobra de Fernández de Kirchner "constituye una facultad extraordinaria conseguida con artimañas y ardides y en franca violación al principio de buena fe que debe regir todo el sistema legal destinados a violentar el sistema representativo y por consiguiente constituye un ataque directo al sistema democrático y a la soberanía del pueblo".
"En el día de la fecha la Presidente Provisional del Senado de la Nación, no ha hecho más que continuar con el ardid y la mala fe a la que se alude en el fallo de la Corte", advirtió.
Por ende, Espert aseguró que la líder del Frente de Todos cometió el delito de "alzamiento público para impedir la ejecución de las leyes nacionales o provinciales o de las resoluciones de los funcionarios públicos nacionales o provinciales", lo que el Código Penal castiga con prisión de uno a cuatro años.
"Ninguna interpretación de la Constitución tiene valor por encima de una sentencia del Máximo Tribunal. Una inteligencia en otro sentido pondría en duda la porción de la soberanía nacional que inviste al Poder Judicial", consideró.