Paritarias recién en abril y boleto en cuotas: el plan de Suarez para fin de año

Una débil, muy débil señal auspiciosa creyó haber leído Rodolfo Suarez en los últimos días tras haber decidido no respaldar el proyecto que reclama Malargüe para que le permitan desarrollar la minería: la presentación de esa iniciativa en la Legislatura no sacó a la calle a esa porción importante de la población que, en Mendoza, siempre está dispuesta a movilizarse para plantarse como cancerbera de la ley 7722. Es más, se entusiasman a nivel oficial, la frustrada movida del intendente sureño Juan Manuel Ojeda hasta generó un agrupamiento, débil también, de organizaciones gremiales y económicas que se juntaron para pedir por una actividad económica en la provincia cuyo desarrollo a gran escala está vedado desde hace más de quince años.

Otro debate que girará alrededor de esto se avecina. El gobierno enviará, probablemente en noviembre, un pedido para la aprobación legislativa de la Declaración de Impacto Ambiental para permitir el comienzo de los trabajos de exploración de la mina Cerro Amarillo, el yacimiento de cobre que, desde hace décadas, está puesto a la altura de la mina chilena El Teniente, considerada históricamente como uno de los reservorios más grandes de ese mineral hallados del otro lado de la cordillera.

Este mismo proyecto intentó habilitarlo Francisco Pérez en 2015. Pero fracasó y ocho años después vuelve. En aquella oportunidad el Senado lo archivó porque se objetó la falta del inventario de glaciares para determinar si la explotación de cobre iba a terminar afectando o no los reservorios de agua. Casi una década después, quedó comprobado de que no.

La extracción del mineral se hará con el proceso de flotación, es decir que está dentro de los alcances de la 7722 y Suarez está subido al plan. Pero no pasará mucho más que esto. Desde aquél fracaso rotundo en diciembre de 2019 para abrirle la puerta a la explotación minera, el mensaje del gobernador alrededor de este tema viene siendo pura contradicción. Casi tres años después de aquél episodio, sigue convencido de que la minería es una ventana al desarrollo. Pero hizo un juramento consigo mismo de que mientras siga ocupando el sillón de San Martín, nunca más iba a volver a plantear el debate. No hay que hurgar demasiado en los motivos de esta drástica decisión. Suarez quedó marcado a fuego por el nivel de tensión social que aquél episodio generó y que lo llevó a temer, en aquél diciembre tan caliente, por el hecho de que la discusión derivara en algún muerto en la vía pública.

Esa conflictividad tiene hoy un nuevo motor que es la crisis económica. Y el gobernador quiere alejarse lo más posible de los reclamos en las calles durante estos últimos meses del año. Por eso lo dejó en soledad a Ojeda y, por la misma razón, buena parte de las decisiones políticas que se están tomando en la Casa de Gobierno van en ese sentido.

Un reflejo de esto fue la propuesta de aumento salarial que se le presentó a los gremios estatales en esta nueva negociación paritaria. La tercera en lo que va de 2022 y forzada por el vértigo de la inflación. La clave acá ya no está únicamente en la discusión por los porcentajes, sino que también la puja está en los tiempos. Los paritarios oficiales trazaron un cronograma de incrementos para llegar a marzo y evitar así tener que volver a sentarse cara a cara con los sindicatos en diciembre. De paso, acordar salarios para el primer trimestre le permitiría al Gobierno garantizar una Fiesta de la Vendimia sin manifestaciones.

Pero los gremios no están dispuestos a jugar el juego. Por un lado ya rechazaron la oferta porque entienden que con el 6,5% de incremento puesto sobre la mesa de negociación no se cumple siquiera la premisa planteada por Suarez de acercarse lo más que pueda a la inflación de este año. El SUTE y ATE, especialmente, plantearon asimismo que no firmarán ningún acuerdo que excluya la posibilidad de saldar la deuda por los aumentos no otorgados durante 2020. Pero, fundamentalmente, rechazan de plano la alternativa de tener que esperar cinco meses como mínimo (y como les propuso el Gobierno) para volver a discutir aumentos. Con los aumentos de precios que se tornaron imparables, resultará difícil que se presten al juego de volver a reabrir la paritaria recién en abril y, peor aún, cuando son conscientes de la intencionalidad de la propuesta oficial.

El aumento del precio del boleto es otro de los asuntos que están en la agenda. Y aquí también la intención es minimizar el impacto en el bolsillo de los usuarios para lo que resta del año. Desde hace dos décadas al menos que, en Mendoza, el precio del pasaje de micro es político. Y el actual gobierno no escapa a la norma.

Hoy, con las gratuidades del sistema, el boleto mínimo debería costar $240. Si todos pagaran el cien por cien, el pasaje costaría $160 para que no hayan subsidios. Pero cuesta $40 debido al fenomenal aporte estatal de recursos. Como ejemplo: para sostener el transporte el año próximo la provincia destinará más de $31.000 millones según la pauta fijada en el proyecto de Presupuesto presentado en la Legislatura. Los diputados empujaron el jueves en el Congreso, a pedido de los gobernadores oficialistas y opositores, un aumento considerable en el Presupuesto de los fondos para los subsidios al transporte en el interior. Algo consiguieron. Elevaron ese gasto a $85.000 millones, cuando lo que pautó Sergio Massa apenas llegaba a los $65.000 millones. Los legisladores radicales por Mendoza habían pedido elevar esa cifra por los menos a los $150.000 millones, con lo que el incremento será imperceptible acá y más aún si se toma en cuenta que nueve de cada diez pesos que se distribuyen para financiar al transporte de pasajeros en el país, se quedan en el AMBA.

Dos cosas están claras alrededor de este asunto. El boleto aumentará y muy probablemente el mínimo llegará a los $70, como se planteó en la última audiencia pública realizada hace unas semanas. En un principio se barajó la idea de subirlo no más allá de lo que impactó la inflación hasta aquí, es decir, alrededor de un 60%. Pero por estos días se comenzó a sondear otra vía. La secretaría de Servicios Públicos podría terminar estableciendo un cronograma escalonado de aumentos para llegar a un valor equilibrado de recaudación y subsidios. Dicho de otra manera, el boleto subiría a un ritmo de $10 por mes durante tres meses para llegar al mínimo de $70 en enero o febrero.

Por supuesto que la discusión política interna por las candidaturas tampoco escapa a este plan de acción. En buena medida, Suarez fracasó en su exigencia para que los que aspiran a sucederlo posterguen sus movimientos hasta el año próximo. La avanzada desobediente de Daniel Orozco es más que una prueba de ello. En medio de este escenario de malestar social en ascenso y un rechazo de la gente a las ambiciones de la dirigencia política al percibir que no se ocupa de sus problemas, el gobierno está intentando que la definición del candidato se produzca recién durante los meses de verano para que la cara del delfín ya esté visible en la Vendimia.

Sin embargo, aunque quisiera, Cambia Mendoza no podría resolver la cuestión en el corto plazo básicamente porque lo que reina hoy es la incertidumbre. La mayor de ellas, la aporta Alfredo Cornejo quien no decide todavía qué hará en 2023. En estos tiempos políticos tan convulsionados, el exgobernador mantiene su apuesta de lograr influencia nacional. Ya no como candidato a presidente, eso se sabe desde hace algún tiempo, sino participando de algún juego junto con alguno de los principales candidatos del PRO.

Qué definirá Omar De Marchi también es una incógnita. El diputado será candidato a gobernador, pero la duda es saber si romperá la alianza que tiene con la UCR desde 2015 o peleará su candidatura en una PASO. De Marchi percibe que en la actualidad es el único dirigente de Mendoza que está en condiciones de amenazar la hegemonía de Cornejo,  aunque los radicales se la pasen minimizando su verdadero impacto en las encuestas.

Si Cornejo decide volver, posibilidad latente, la historia de las disputas internas en el oficialismo se habrán terminado. Pero si no, un esquema de toma de decisiones ya está definido. El candidato será resuelto entre Cornejo y Suarez y saldrá de la dupla que integran Tadeo García Zalazar y Ulpiano Suarez. Hoy, quien mejor está posicionado ante esa definición es el intendente de Capital.