El proyecto de Juan Manuel Ojeda contra la 7722: peor no viene

Finalmente, y luego de varias idas y vueltas, el proyecto del intendente Juan Manuel Ojeda para exceptuar al departamento de Malargüe de los alcances de la Ley 7722 y habilitar el empleo de sustancias tóxicas, ha llegado a la Legislatura. El proyecto estaba listo para ser presentado en junio luego del viaje del Gobernador a la feria minera de Canadá, pero los operadores del gobierno provincial deben haber convencido al intendente que era mejor presentarlo ahora, cuando está en plena discusión la ley de presupuesto y otras leyes importantes, para que quede sumergido en la vorágine legislativa de fin de año y termine diluyéndose en la agonía de los cientos de proyectos que deberían haberse tratado pero que no tienen la voluntad política para lograrlo.

Y el año próximo, por supuesto, siendo año electoral nadie querrá arriesgar su futuro político con iniciativas que dinamiten la paciencia de los ciudadanos. En los hechos, a nadie más que los empresarios, le interesa el tema minero. Presentarlo en este momento salva de responsabilidades tanto al intendente como al Gobernador.

Yendo al proyecto en sí, el articulado es un refrito del proyecto de ley que fue presentado y aprobado por la mayoría de los legisladores en 2019 y que, debido a las manifestaciones ciudadanas como nunca se vieron en Mendoza, solo duró unos días hasta que fue derogado, restableciendo la vigencia de la ley 7722. La mayor parte de los artículos son copia idéntica de aquella efímera ley 9209. Curiosamente, reconfigura el ordenamiento del territorio (lo cual también viola la ley 8051/09 de ordenamiento territorial y usos del suelo) para que un único proyecto minero sea viable (Don Sixto, proyecto aurífero con el procedimiento de Evaluación Ambiental avanzado), casualmente aquel en el cual el gobierno provincial tiene las mejores expectativas, sobre todo si se cae la prohibición de uso de sustancias tóxicas como se pretende. Cualquier malpensado diría que todo esto es a la medida de la empresa que posee la concesión minera.

Yendo a la perspectiva legal, el proyecto choca de bruces con la sentencia de 2015 de la Corte Suprema de Mendoza ratificando la constitucionalidad de la ley 7722, en el sentido de que se ponen en discusión asuntos que ya fueron dirimidos por la justicia, viola el principio de no regresión de la norma, que en la práctica significa que un cierto nivel de protección ambiental alcanzado no puede ser disminuido por futuras normas, sino que por el contrario, sólo le está permitido una mejora en los estándares de protección, y también es contraria a la sentencia de la corte suprema provincial del caso defendido por la ONG Oikos red ambiental entre 2000 y 2005 sobre la Laguna Llancanelo, ya que el proyecto de ley de Ojeda caprichosamente asigna una determinada distancia de cursos de agua, poblados, áreas naturales protegidas y otros sitios donde no podrá realizarse minería metalífera, siendo que la sentencia habla de límites ecológicos y realiza una elaborada metodología para calcularla, cuestión que obviamente ha sido esquivada en este proyecto de ley. El resto de los argumentos seguramente serán esgrimidos en la justicia si esta ley llegara a aprobarse.

Pero hay cuestiones mucho más interesantes y que tienen que ver con la política y sus promesas. El proyecto de ley crea una policía ambiental minera, la misma que creó la ley 7722 en el año 2007 y que nunca se cumplió a pesar de los reiterados pedidos. También crea un comité de vigilancia ambiental, que en realidad fue creado en 1996 con el Decreto 1939 o “decreto verde”, y ratificado por el decreto 820 del 2006, pero que nunca terminó de conformarse. Por si esto fuera poco, el proyecto de ley manda a crear un plan estratégico minero para Malargüe, siendo que el BID ya asignó el dinero necesario para elaborarlo hace bastante tiempo, pero sigue sin avanzar por el desinterés del gobierno provincial y del municipio.

Así las cosas, el proyecto de ley de Ojeda tiene la potencialidad de provocar mucho daño, a pesar de la aparente resistencia del poder ejecutivo y de la legislatura para tratarlo y aprobarlo. Necesitamos que la clase política se concentre en resolver los problemas cotidianos de la gente, pero con propuestas realistas. Ya no podemos seguir dándole vueltas a la manija del metegol como pretende alguna legisladora oficialista, muchos ciudadanos estamos preocupados, otros desesperados, la mayoría pensando en abandonar a su suerte a este hermoso país y viajar en busca de un mejor destino, y la mayoría pensando si esta clase política realmente nos merece. Con este tipo de iniciativas, los malargüinos deberán seguir esperando que otra dirigencia se dedique con más amor y ganas a resolver sus problemas acuciantes, porque la que actualmente los gobierna se quedó sin ideas para combatir la pobreza y la falta de oportunidades.

*Lic. Eduardo Sosa. DNI N° 20.419.756