El nuevo desafío que promete alterar la tranquilidad de Axel Kicillof

La convocatoria a los gremios estatales, por parte del Gobierno de Axel Kicillof arranca este jueves 27, con los gremios enrolados en la Ley 10.430 de la administración pública bonaerense. Para ese mismo día, también, citaron a la CICOP (el gremio de los profesionales de la Salud). En tanto, a los docentes los convocaron para el lunes 31.

Más allá de la discusión salarial y si las clases arrancan el 3 de marzo, con los docentes se va a dar otra discusión que tiene que ver con el Pase Sanitario en las escuelas y qué va a pasar con las clases presenciales.

Una de las mayores preocupaciones de los gremios estatales es la de no seguir perdiendo ante la inflación. Según las estimaciones del Banco Central, el 2022 va a ser otro año difícil y se calcula un 54%. Sabido es que en Argentina esos cálculos no son de los más precisos. Los economistas de todos los colores se aventuran a hacer sus pronósticos inflacionarios; los más optimistas hablan de una inflación menor al 60% mientras que los cálculos de los pesimistas ven el horizonte cercano una hiperinflación, con números que recuerdan al final del gobierno de Raúl Alfonsín y al principio del de Carlos Menem.

Con este panorama, ¿qué harán los gremios?¿Exigirán una cláusula gatillo cómo en el gobierno de Vidal? ¿O negociaran como lo vienen haciendo en los últimos 2 años? Es decir, aumentos dados por tramos que son licuados por la inflación y el alza de los precios.

Desde ATE afirman que van a seguir con los mismos criterios que vienen planteando hace tiempo para que el 2022 sea el año del despegue para la recuperación del poder adquisitivo de los estatales bonaerenses, "lesionado" durante la administración de Vidal.

Asimismo, afirmaron que van a pedir por la regularización del empleo público y el pase a planta permanente de los trabajadores contratados.

Por el lado de UPCN, uno de los principales referentes del gremio le dijo a MDZ que “esta bien la convocatoria temprana, porque en los primeros encuentros no se decida nada”. Los principales reclamos que va a llevar el gremio a la mesa paritaria tienen que ver con cuestiones que quedaron pendientes del año pasado, como son las recategorizaciones y el pase a planta permanente. También van a pedir una recomposición salarial que eleve el básico de los trabajadores, aunque reconocieron que esa discusión es más difícil.

En cuanto a la clausula gatillo desde UPCN, afirmaron que con Kicillof no fue necesaria porque las paritarias se fijaron a largo plazo y cuando la inflación se disparó, desde gobernación decidieron adelantar a julio el aumento previsto para septiembre. Aunque no descartaron pedirla si la situación lo amerita. Y aclararon que hoy no se hace falta y más viendo como respondió el Gobierno provincial el año pasado.

En tanto, desde la CICOP anticiparon que van a pedir un aumento salarial que proteja a los trabajadores de la inflación y “un justo reconocimiento para los trabajadores de la Salud”. También pedirán (ni bien termina la paritaria 10.430) la inmediata convocatoria a su propia paritaria correspondiente a la carrera profesional hospitalaria.

Lo cierto es que los gremios de la administración pública bonaerense festejaron con bombos y platillos el cierre de la paritaria del año pasado con un 54 % de aumento, en cuotas, que fueron licuadas por la alta inflación y los trabajadores no vieron reflejados en sus bolsillos dicho incremento.

Más aún, teniendo en cuenta que los sueldos promedios de los trabajadores de la administración publica bonaerense, bajo la ley 10.430, no superan los $50.000 pesos mensuales, muy por debajo de los $76.146,13 que necesita una familia en Argentina para no caer en la pobreza, según la última medición del Indec.