La ley maldita que ahora nadie quiere y podrían obligar a que el Gobierno cambie

La ley maldita que ahora nadie quiere y podrían obligar a que el Gobierno cambie

La ley de promoción de la industria petrolera sigue sumando rechazos. El Gobierno podría verse obligado a modificarla.

Pablo Icardi

Pablo Icardi

La ley de promoción de la industria de los hidrocarburos es uno de los proyectos más "promocionados" por el Gobierno, pero se transformó en una especie de ley maldita que ahora nadie quiere. Incluso la presentación tuvo una carga adicional: fue el acto donde Alberto Fernández y Martín Guzmán mandaron mensajes cifrados a Cristina Fernández de Kirchner y desde cuando se inició la guerra interna en el Frente de Todos. 

La ley busca generar condiciones especiales para las empresas que inviertan grandes sumas tengan estabilidad fiscal y hasta puedan tener libre disponibilidad de los dólares, una condición inédita para el resto. El problema es que la "burbuja" solo se crearía para un tipo de inversiones (de grandes volúmenes), para cuencas específicas y generaría un efecto desaliento con el resto. Es lo que le pasa a Mendoza, cuyos proyectos en marcha no entrarían en los esquemas propuestos. Además, le quita potestades a las provincias (que son dueñas de los recursos) y genera un amplio margen de discrecionalidad para que la Nación regule y tome el control total de la política e, indirectamente, de los recursos. 

Las provincias presionan para modificar la ley. La más beneficiada sería Neuquén, pero ni siquiera la provincia patagónica está conforme con la propuesta. Los grandes beneficiados serían las grandes empresas, principalmente YPF y Pan American, y quienes tienen posibilidad de exportar. Por el contrario, podría desalentarse la inversión en zonas petroleras que están en decadencia y necesitan promoción, como Mendoza.

Hoy el Gobierno tiene los números muy justos. Pero el rechazo de las provincias petroleras podría incluso tirar hacia atrás la posibilidad de aprobación. Mucho más si, como se especula, el tratamiento se demora hasta luego del recambio legislativo de diciembre. 

Más rechazos

El Instituto Argentino de la Energía General Mosconi (IAE), que está integrado por un grupo de expertos en temas energéticos, rechazó el proyecto de ley y se suma a la lista. "Crea inequidades", aseguran. Y además genera “criterios elementales de la transición energética”, según los expertos. 

Es que el proyecto, entre otras cosas, apuesta todo a la extracción de petróleo, sobre todo en Vaca Muerta, y va a contramano del mundo; de la bisagra que gira hacia las energía renovables. La decisión de Estados Unidos de poner un norte hacia ese tipo de tecnología es el principal indicador político. El Instituto planteó que el proyecto de ley “modifica marginalmente la actual Ley de Hidrocarburos”, aunque “en rigor se trata de una ley de promoción industrial”. Por eso piden que no se apruebe la ley porque "compromete recursos fiscales que el Estado no posee, concede beneficios por largos períodos, tiene un diseño institucional que no es transparente, crea inequidades que serán motivo de reclamo y se contrapone con criterios elementales de la transición energética”.


La burbuja genera condiciones desiguales con otros sectores de la economía, pues crea estabilidad fiscal por 20 años incluso en las provincias y otorga libre disponibilidad de divisas. "El proyecto discrimina positivamente al sector de hidrocarburos y sus derivados en detrimento de otros sectores de la economía. Establece un régimen fiscal, regulatorio, cambiario y económico ad hoc y deja amplios espacios de discrecionalidad para la autoridad de aplicación”, aseguran los ex secretarios de Energía.

La idea del Gobierno es crear un  “Consejo de Inversiones” de amplias facultades definirá y priorizará proyectos a los que asignará beneficios”. “Este Consejo de Inversiones no tiene prevista ninguna representación provincial, desconociendo así el dominio original de los recursos naturales en sus territorios establecido en el artículo 124 la Constitución de 1994 y en las leyes posteriores, como la ley 26.197, que interpretan esta disposición constitucional”, advierten. Desde el punto de vista ambiental explican que “los compromisos que asume el Estado Argentino en esta ley no solo se contraponen con los asumidos con la comunidad internacional en relación con la transición energética, sino que limitaría seriamente su capacidad de negociación futura en el marco de los acuerdos globales sobre el cambio climático”.

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