Un intendente abrió la campaña para la desafiliación masiva de una poderosa obra social

Unos 90.000 empleados municipales y provinciales que deben ser atendidos a través del IOMA, el Instituto Obra Médico Asistencial de la Provincia de Buenos Aires, que tiene como afiliados cautivos a la totalidad de los trabajadores públicos bonaerenses, pidieron desafiliarse de la entidad por la pésima atención recibida.

En paralelo, el intendente de Capitán Sarmiento, el exsecretario de Energía de Mauricio Macri, Javier Iguacel, dispuso traspasar a todo el personal municipal, unos trescientos trabajadores, a la otra obra social dependiente de uno de los dos sindicatos municipales que tiene la Provincia, conducido por Oscar Ruggiero, OSCOEMA. Tras la advertencia del Tribunal de Cuentas, retrotrajo la medida, pero todos quedaron en alerta.  

La campaña en pos de una libre asociación médica para los empleados y trabajadores municipales y provinciales fue lanzada la semana pasada por el Secretario General de Vicente López, Victorio Pirillo, quien propuso hacer un plebiscito junto con las PASO para definir impulsar la desafiliación masiva por lo que consideran un pésimo servicio recibido.

En diálogo con MDZ, el secretario general del gremio que agrupa a los médicos y auxiliares que trabajan en el IOMA, Idelmar Seillant, consideró que la situación es “muy crítica porque se ha dejado de pagar a los prestadores, se han caído varios servicios y para que te atiendan a través del IOMA en la zona norte y varios otros lugares tenés que pagar directamente como una consulta privada”.

“La crisis que tiene el Instituto es total, se está sacando plata para atender otras cuestiones y se abren hospitales con un costo altísimo porque se le paga un costo altísimo, casi el doble que a un nosocomio común”, dijo Seillant.

Uno de los sectores más damnificados por esta mala prestación es el cuerpo de policía bonaerense, que apenas sufría alguna afección relacionada por el covid “no tenía adonde atenderse y quien fuera a su domicilio”, reconoció la misma fuente.

El IOMA, que desde hace dos décadas padece anomalías en su administración y provocó que varios funcionarios de las sucesivas administraciones provinciales fueran procesados por malversar sus fondos, está siendo administrado en la actualidad por Homero Giles, un funcionario formado bajo la mirada cubana de la Salud e impulsado por Axel Kicillof.

Inmediatamente conocida la noticia de la decisión de Iguacel y de la petición del sindicato de trabajadores de Vicente López, las diferentes asociaciones bancarias vinculadas con SUTEBA, ATE y UPCN reaccionaron en contrario. Previsible. Sus delegados ocupan una porción importante de las áreas de dirección del IOMA.

Entre otros, tienen el servicio de IOMA el personal en actividad dependiente de cualquier organismo de la administración general de la Provincia, los jubilados y los pensionados de dicha administración. Esto incluye docentes, judiciales, salud, seguridad; y también están incluidos los empleados municipales.

Según denunció Pirillo, el Instituto “no tiene actualizada la lista de profesionales” pues “hay muchos que se jubilaron” y figuran. Y, según señalaron, no cubren prácticas usuales en la actualidad (cirugía reparadora, ortodoncia), ni análisis igualmente corrientes, como las “determinaciones para el diagnóstico de enfermedad celíaca. No entregan pañales ni leche para los niños”, agregó.

Según las manifestaciones de quienes quieren cambiar de prestadora médica, “por IOMA, no se consigue guardia de salud mental; o cuidador/a domiciliario; ni silla de ruedas o cama ortopédica, ni aparatos. También hay marcadores y análisis de sangre que deben pagarse extra, no hay extraccionista a domicilio; y es muy difícil, por no decir casi imposible conseguir ambulancia para traslado de una persona con discapacidad”.

En la actualidad, unos 1.850.000 trabajadores y empleados activos y pasivos dependen de la obra social, los cuales ninguno puede desafiliarse. Y si lo hace, deberá seguir aportando al instituto del cual quieren irse. Desde el oficialismo bonaerense sostienen que "todo es una movida política promovida desde el PRO", aunque todos los intendentes están que trinan con las prestaciones que recibe su personal activo y pasivo.