La licitación del Parque se coló en la campaña y denuncian que estuvo direccionada a Santa Elena

Nuevamente, la licitación del servicio de limpieza del Parque General San Martín es motivo de denuncias. En esta oportunidad, la candidata a senadora nacional Mercedes Llano y el candidato a concejal de Ciudad Luis Giachino -ambos del frente Vamos Mendocinos- denunciaron que la adjudicación del servicio por 10 años a la empresa Santa Elena estuvo direccionada y presentaron una denuncia ante la Oficina de Ética Pública.

"Entendemos que la participación de la Auditoría de Ética Pública es ineludible por tratarse del órgano a cargo de velar por el cumplimiento de los deberes y pautas de comportamiento de los funcionarios públicos", sostienen en la denuncia que ingresó ayer por la tarde.

Además de pedir dictámenes técnicos de organismos especializados como el INTA, la Facultad de Ciencias Agrarias, el Centro de Ingenieros Agrónomos, el Colegio de Arquitectos, entre otras, ponen énfasis en una supuesta maniobra del gobierno de Mendoza para eludir un impedimento que dejaba a Santa Elena fuera de la licitación.

Se trata de la decisión de no pedir certificado del Registro de Antecedentes de Constructoras de Obra Pública (RACOP) a las empresas oferentes. Esto benefició a Santa Elena, ya que en octubre del 2019 la suspendieron por dos años. Es decir, no podía participar en licitaciones de obra pública al menos hasta octubre de este año.

Por este motivo, le piden a la Oficina de Ética Pública que insista en la investigación del motivo por el que se omitió la exigencia de los antecedentes para esta licitación en particular. "Esta habilitación atípica se da en virtud del inciso 'r' recientemente introducido al Artículo 132 de la Ley de Administración Financiera en el marco de la Ley de Presupuesto 2021, sancionada, llamativamente, unos pocos meses antes de la convocatoria a la licitación de referencia", subrayan Llano, Giachino y el resto de los denunciantes.

De esta manera, dan a entender que la intención de darle el negocio de 2.000 millones de pesos a Santa Elena era previa incluso al llamado a licitación y que todo estuvo armado para que la empresa que se encarga de la recolección de residuos en varios departamentos sea la nueva "patrona" del Parque General San Martín.

"Esta maniobra legislativa y procedimental para evadir la inscripción en el RACOP pareciera reflejar la intencionalidad de favorecer a Santa Elena, empresa que no habría podido presentarse si se aplicara la Ley de Obras Públicas, al encontrarse suspendida por el propio consejo del RACOP a causa de irregularidades detectadas en el proceso de instalación de luminarias en el Municipio de Maipú", subrayan y explican que la forma de evadir el requisito del RACOP fue calificar la licitación como una obra menor.

"Es decir, desde el Gobierno se estaría allanando el camino para que una empresa sancionada por una entidad de contralor sobre la solvencia y capacidades de las corporaciones privadas participe en una licitación para la consecución de una obra y la prestación de servicios que ha incumplido ante un municipio", adhieren los denunciantes tiñendo de sospechas todo el proceso.

En este sentido, piden que se anule el decreto 1027 mediante el cual se adjudicó el servicio de limpieza y desmalezado del Parque, el Cerro de la Gloria y el Centro Cívico a Santa Elena. "Entendemos que el decreto 1027 es contrario a la teoría de los actos propios y la buena fe que la misma presume, dado que encierra una contradicción a buscar justificar, por un lado, que la contratación por el extenso plazo de 10 años es la única forma viable en virtud de la magnitud y complejidad de la licitación dada la necesidad de amortizar la inversión y, por el otro, para evitar que el adjudicatario pueda evitar la sanción en el RACOP, la encuadran como una obra menor", aseveran.

Por último, subrayan que llamar a una licitación por 2.000 millones de pesos -16 millones de pesos por mes durante 10 años- en un momento de crisis económica y sanitaria carece de sentido. Más aún si se tiene en cuenta que la Dirección de Parques y Paseos Públicos cuenta con una planta de 40 personas destinadas a cuidar el Parque y que actualmente el servicio de limpieza estaba tercerizado a una empresa por 700 mil pesos mensuales.

"No creemos que una licitación de 2.000 millones de pesos, de 16 millones mensuales ajustables respete los momentos que vivimos, razonablemente, el principio de austeridad republicana por el cual el señor auditor tiene que velar", finaliza el documento que llegó a manos del auditor General de Ética Pública de la Provincia, Gabriel Balsells Miró.

"Consideramos que ante este silencio en derecho de Fiscalía de Estado, de manifestarse sobre la proporcionalidad o razonabilidad del llamado a licitación, hace necesario que el auditor de Ética Pública indague la conveniencia, el mérito y la oportunidad de la propuesta, por los antecedentes de hecho y de derecho que se denuncian en esta presentación", remarcan.