El Gobierno licita uno de los contratos que más polémica generó

El Gobierno licita uno de los contratos que más polémica generó

El Gobierno prepara la licitación del alquiler de máquinas tragamonedas del casino central. Es la sala de juego que más polémica generó por el canon que se paga.

Pablo Icardi

Pablo Icardi

El Gobierno está a punto de revisar y relanzar uno de los contratos más polémicos de la historia reciente: los tragamonedas del casino central, un negocio que increíblemente terminó dándole pérdidas, a pesar de ser la principal sala de juegos de la Provincia. Eso ocurrió porque en medio del contrato se aumentó fuertemente el canon que cobra la empresa que tiene a cargo los tragamonedas.

La ecuación fue ruinosa: se aumentaron los ingresos de la empresa, pero el Estado se quedó con los gastos y casi nada de la recaudación. La concesión con Mendoza Central Entretenimientos está vencida y está en proceso la redacción del pliego de licitación para adjudicar ese servicio a una empresa por un total de 10 años. Todo, en el marco del relanzamiento de la política de juego del Gobierno. 

De hecho, la nueva licitación se solapa con la adjudicación que también está a punto de ejecutarse: el mega casino del Este provincial. Esa licitación también puede terminar con otro récord en cuanto al canon que la Provincia concede, pues las ofertas oscilan en hasta el 76%.

La política para regular los juegos de azar tuvo un nuevo vuelco. Mientras entre el año 2000 y 2015 se promocionó la apertura casi indiscriminada de salas (estatales concesionadas y privadas), en los últimos años se cerraron. Rodolfo Suarez volvió a cambiar y tiene su propia estrategia. Los dos anexos del Este, por ejemplo, se convertirán en una mega sala de juegos. Aunque para algunos hay un "punto de equilibrio" lo cierto es que Mendoza sigue siendo una de las provincias con mayor cantidad de casinos del país. 

Azar

El casino central, ubicado en Godoy Cruz, se mudó a ese lugar en 2003, con un edificio nuevo. La concesión fue cambiando de manos y la empresa Mendoza Central Entretenimientos (del grupo Vila) quedó a cargo. Un hito que generó escándalo político fue cuando sin mediar ningún vencimiento el Instituto de Juegos y Casinos le duplicó las ganancias a la empresa. El canon pasó de ser del 27 al 47 por ciento (luego se redujo algunos puntos), con un agregado: todos los costos quedaban a cargo del Estado. Al filo del vencimiento de la concesión se hizo un balance que arrojó un concepto difícil de creer para el mundo del juego: a pesar de ser el casino más grande y concurrido, daba pérdidas para el poder concedente. 

Ahora el Gobierno prepara una la nueva licitación para concesionar los tragamonedas. A diferencia de lo que ocurre con otras salas, en ese caso el Estado es el dueño del edificio y, al menos por ahora, quien tiene a cargo el personal. Solo se licita el alquiler de los tragamonedas. Por eso siempre generó sorpresa el canon que se paga. Los pliegos ya fueron enviados a Fiscalía de Estado y tiene el visto bueno en el plan administrativo. Nuevamente la clave será el canon; es decir cuánto se queda el concesionario y cuánto el Estado de cada 100 pesos que se recaudan. 

En el mega casino del Este la disputa es compleja. Allí la empresa que se haga cargo sí tiene que ocuparse de la inversión total en infraestructura. El canon propuesto por cada una supera lo que se había previsto. La oferta más baja, de la empresa Desarrollos Maipú, propone un canon del 54,75%. La más alta es la de Traylon, que pide quedarse con el 77,17% de lo recaudado. Fuente Mayor presentó dos ofertas, con un canon del 68% en caso de construir un hotel o del 62% sin esa infraestructura. El margen chico que le quedaría al Estado ha generado polémica. 

Al Instituto de Juegos y Casinos regula esa actividad en la Provincia. Los casinos autorizados son los estatales (concesionados) y los de los hoteles 5 estrellas (que pueden ocupar un porcentaje de la superficie para ese fin). Antes de que se vuelva a prohibir la apertura de nuevas salas se otorgaron permisos que aún no se ejecutan. Como poder concedente el Estado recauda y tiene una "coartada" para justificar la promoción del juego: parte de lo recaudado va a parar a financiar programas de salud y asistencia. La ley indicaba que debía ser el 35%. Pero esa norma se reinterpretó y en vez de ser el 35% del total de ingresos, para tomar la base del cálculo se quitan todos los gastos, como las obras. Por eso en definitiva es menos de lo esperado. 

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