Armas a Bolivia: ampliaron la imputación a otros ex funcionarios de Mauricio Macri

Armas a Bolivia: ampliaron la imputación a otros ex funcionarios de Mauricio Macri

El fiscal Claudio Navas Rial pidió ampliar la imputación respecto del ex jefe de Gabinete, Marcos Peña, del ex canciller, Jorge Faurie, y del ex secretario de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo.

Lourdes Marchese

Lourdes Marchese

En el marco de la causa por el presunto contrabando de armamento bélico a Bolivia durante el gobierno de Mauricio Macri, el fiscal Claudio Navas Rial, imputó al exjefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña, al exministro de Relaciones Exteriores y Culto Jorge Faurie, y al ex secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación, Fulvio Pompeo.

La ampliación del requerimiento se dio tras la presentación del gobierno con nuevos elementos. Allí, la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria y la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont, señalaron la existencia de dos reuniones celebradas el 12 de noviembre de 2019 en la Casa Rosada.

Según argumentaron, en la primera de ellas, el ex presidente Mauricio Macri se habría reunido en privado con Faurie, quien tras el encuentro habría suscripto una “sospechosa nota, hasta ahora desconocida” mediante la cual solicitaba -por fuera del sistema electrónico y obligatorio de comunicaciones oficiales-, el envío de personal de la Gendarmería Nacional a Bolivia, con el supuesto fin de defender la embajada argentina en ese país, la cual estaba a cargo del entonces embajador Normando Álvarez García.

Asimismo, agregaron la existencia de una segunda reunión celebrada en el despacho de Peña, en la que estuvieron presentes la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ex jefe de la Gendarmería Nacional Gerardo Otero -entre otros-, y que en aquellos encuentros se habría ordenado y organizado la maniobra de contrabando del material bélico que fue entregado por las fuerzas nacionales a la Policía y la Fuerza Aérea bolivianas el 13 de noviembre de 2019.

Al ampliar las imputaciones el fiscal entendió que “los elementos arrimados por los denunciantes en esta oportunidad permiten robustecer preliminarmente la hipótesis del caso originalmente trazada, a la vez que justifican dirigir la atención de la pesquisa a la conducta atribuida a los entonces jefe de Gabinete, Marcos Peña, al canciller, Jorge Faurie, y al secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación, Fulvio Pompeo, en cuanto a una supuesta participación en la organización y desarrollo de las condiciones necesarias para el envío de los gendarmes y del material armamentístico antes aludido, al Estado Plurinacional de Bolivia vulnerando el adecuado ejercicio de control del servicio aduanero”.

Añadió que, dado que los hechos descriptos en sus dictámenes anteriores son los mismos, pero que ahora se revelarían con más detalle y nuevas pruebas, "la acción penal se encuentra debidamente instada y está vigente”. También estimó que las medidas de prueba solicitadas por los denunciantes -que se suman a las ya solicitadas por la fiscalía- resultaban “conducentes para la averiguación de la verdad”.

Mientras se sigue investigando, aún resta que el juez López Biscayart defina si se queda con el expediente o si finalmente traba una contienda por la competencia. 

Temas

¿Querés recibir notificaciones de alertas?