La millonaria "avivada" de Santa Elena que detectó el Tribunal de Cuentas

La millonaria "avivada" de Santa Elena que detectó el Tribunal de Cuentas

La empresa que realiza la recolección de residuos en San Martín también presta servicio en otros municipios y a partir de ahora en el Parque General San Martín. Según el órgano de control, obtuvo un beneficio millonario por una actualización realizada antes de tiempo. Los detalles.

Mariano Bustos

Mariano Bustos

La empresa Bodegas y Viñedos Santa Elena S.R.L ha sido noticias en los últimos días porque se hizo cargo del servicio de limpieza y desmalezado del Parque General San Martín y el Cerro de la Gloria en una licitación controvertida y que le dio el servicio por una década. Sin embargo, es una compañía con extensa trayectoria en la provincia y desde hace años realiza la recolección de residuos en diferentes municipios de Mendoza. Entre ellos, San Martín, donde según el Tribunal de Cuentas en el año 2019 se benefició de forma irregular a esa empresa, que obtuvo de manera indebida más de 7 millones de pesos que deberá restituir a la comuna.

En concreto, el fallo 17.535 del Tribunal de Cuentas forma una pieza (una investigación especial) separada para que se presenten los elementos necesarios para aclarar irregularidades en la actualización de precios que terminaron beneficiando a la empresa. En febrero del 2019 la actualización significó una partida ilegitima de $ 3.162.830 mientras que en septiembre del mismo año hubo otra actualización por la suma de $4.493.041.

Específicamente, el órgano de control determinó que en ambos casos la actualización de valores se realizó un mes antes de lo correspondiente. Esto tuvo un impacto millonario en el monto que la empresa el cobró al municipio por la prestación del servicio. Es decir, por contrato las actualizaciones de valores debían ser cada seis meses pero en los hechos se dieron un mes antes de ese plazo. Producto de ello, en febrero del 2019 Santa Elena cobró 3.1 millones de pesos más de lo que debería haber percibido.

"La Secretaría Relatora considera que el presente reparo podría constituir una partida ilegitima de $ 3.162.830,19 por abonarse dicho monto en el último mes del semestre, es decir en Febrero de 2.019 y no al término del semestre como establece el artículo 63 del Pliego de Condiciones Particulares, es decir a partir de Marzo de 2.019", subraya el fallo.

Lo mismo se repitió luego en septiembre con una partida ilegitima de $ 4.493.041,04 "por abonarse dicho monto en el último mes del semestre, es decir en Agosto de 2.019 y no al término del semestre como establece el artículo 63 del Pliego de Condiciones Particulares, es decir a partir de Septiembre de 2.019".

Desde el municipio y la empresa acercaron aclaraciones argumentaron que la decisión estuvo vinculada a un incremento en los costos por el aumento de los salarios de los trabajadores. En este sentido, señalaron que existió "una absoluta coincidencia en adelantar la redeterminación al mes de febrero/19 y por el 21,44% determinado por la fórmula polinómica y extenderla hasta al mes de julio/19, a cambio de no pagar un 28,05% que hubiera sido determinado si se aplicaba el 11% de variación salarial a partir del mes de marzo/19 (que la empresa manifestara resignar), situación más que beneficiosa para el municipio”.

"El adelanto de un mes del ajuste semestral se basa en un pedido del proveedor, que manifiesta un incremento en sus costos en razón de un aumento salarial previsto por CCT en el mes de marzo. Dicho incremento salarial se produce en el mes de marzo, por lo cual nunca hubiera sido considerado como base de cálculo para determinar el nuevo coeficiente que debiera haber regido desde el mismo mes", justificaron.

Pero a pesar de esta explicación la auditoria entendió que "al adelantar la aplicación de la redeterminación al mes de febrero se ha favorecido a la contratista produciendo en consecuencia un daño a la hacienda pública”.

Incluso, luego del cambio de gestión del 2019, al asumir Raúl Rufeil en lugar del exintendente Jorge Omar Giménez, la comuna le pidió a Santa Elena que devuelva esos 3.1 millones de pesos. "Las nuevas autoridades han comunicado al proveedor que existe una diferencia a favor del municipio de $ 3.162.830,19, importe que ha sido reconocido por el contratista Bodegas y Viñedos Santa Elena SRL mediante la emisión de la Nota de Crédito", sostiene el fallo.

Es decir la empresa reconoció que había cobrado más de lo convenido y lo devolvió. Pero a pesar de ello el Tribunal de Cuentas decidió dejar como subsistente la observación entendiendo que los responsables del municipio "podrían haber incurrido en un procedimiento administrativo irregular".

Además, la Secretaría Relatora del Tribunal de Cuentas también remarcó que considera que todavía se encuentra subsistente la rendición como una partida Ilegítima por la suma de $4.493.041 por la actualización realizada en agosto del 2019.

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