Las dos estrategias de Rodolfo Suarez para seguir adelante con Portezuelo del Viento
La certeza de que podrá resolver el problema con La Pampa porque Alberto Fernández lo terminará respaldando y el compromiso de que, antes de adjudicar, Mendoza se asegurará de firmar cláusulas en el contrato con los chinos para que la provincia no quede sujeta a reclamos judiciales en caso de que la obra finalmente no se concrete. Estas son al menos dos de las estrategias de Rodolfo Suarez para seguir adelante con Portezuelo del Viento, la mega obra hídrica en el Sur sujeta a una cadena de cuestionamientos empresariales y políticos que derivaron, el viernes, en un dictamen del Fiscal de Estado, Fernando Simón, que terminó avalando la continuidad del proceso aunque planteando la posibilidad de cierto riesgo jurídico a futuro.
Fiscalía de Estado emitió finalmente el dictamen que dio respuesta a una serie de planteos que, ante ese organismo, habían presentado juristas como Alejandro Pérez Hualde y Miguel Mathus Escorihuela y por referentes de la Asamblea del Agua como Marcelo Giraud. Simón analizó la legalidad del proceso licitatorio en sí por existencia de un solo oferente, el consorcio Malal-hue; se debió meter con la variación de los caudales del Río Grande que impactará en el llenado de la presa y que terminaría afectando la generación de energía a futuro que es la llave del negocio de la construcción de la represa y, además, estudió si existía o no riesgo de eventuales conflictos judiciales a futuro que pondrían en riesgo a Mendoza por posibles demandas ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Con respecto al primer punto, el Fiscal entendió que el Gobierno puede decidir si adjudicar o no a pesar de las particulares condiciones de que existe un solo conglomerado de empresas en competencia. "Respecto al procedimiento licitatorio -redactó- la existencia de un único oferente no es legalmente causal de fracaso de la licitación". Sobre la crisis hídrica del Grande, que amenaza el llenado del embalse, pidió estudios más precios antes de adjudicar. Pero consideró a su vez “que no existe una irrazonabilidad evidente en la realización de la obra, que me induzca a solicitar se declare su fracaso".
Pero la advertencia clave estuvo en el riesgo jurídico a futuro, alertado por Pérez Hualde en su presentación y por Alfredo Cornejo, el exgobernador, quien entiende que hasta que Alberto Fernández no destrabe la continuidad de la obra en el Coirco (Comité Interjurisdiccional del Rio Colorado) Mendoza no debería adjudicarla.
Cornejo fue quien firmó el acta acuerdo con Mauricio Macri en el 2019 que permitió obtener el financiamiento en dólares para Portezuelo, en la que está establecido que la provincia, para adjudicar la obra, debe tener aprobados en el Coirco los estudios de impacto ambiental correspondientes. En el marco de un debate sumamente técnico que ya lleva un año, Mendoza insiste en que este trámite está concretado pero los pampeanos discuten esa argumentación. Aquí la llave la tiene el presidente: Suarez no quiere bajar la obra más allá de todos los problemas, para no enfrentar a la Casa Rosada. Y está confiado en que, antes de la adjudicación para la que faltan meses todavía, Alberto terminará laudando a favor de la provincia porque desde la Nación están convencidos de la necesidad de concretar este proyecto de generación de energía.
Como se sabe, quien está al frente del consorcio y que se quiere quedar con el proyecto es la asiática Sinohydro, cabeza de la UTE Malal- hue, que además integra otro gigante oriental, China Gezhouba Group Corporation, y completan la mendocina Impsa, que tendrá a cargo el sistema hidroeléctrico de la represa y dos conocidas del medio local: Ceosa y Obras Andinas que se ocuparán del resto de las obras complementarias que también implican una inversión millonaria. Si resulta adjudicado, el líder asiático de la obra se quedará con el 46% de la participación en el consorcio, Impsa con el 22% y las otras dos empresas locales con el 16% cada una.
Este único oferente en la licitación, luego de haber hecho inicialmente una oferta muy por encima del presupuesto oficial de 1.023 millones de dólares, terminó proponiendo a instancias del Poder Ejecutivo una rebaja de precios que en la actualidad está bajo análisis oficial y que no se resolverá antes de los seis meses. La empresa terminó ofreciendo una reducción del 22,6% a las distintas ofertas que realizó en un primer momento, que en concreto representaron más de 200 millones de dólares menos de lo que originalmente había ofrecido.
Este episodio resultó muy particular para procesos de este tipo. Sin embargo Simón dictaminó que “la existencia de un único oferente no es legalmente causal de fracaso de la licitación... Tampoco resulta un obstáculo legal que se haya solicitado y obtenido una mejora de la oferta del orden del 22%, la que en definitiva resulta en beneficio de la Provincia. Por ello considero que la licitación pública en cuestión se ha realizado, hasta la fecha, de conformidad con el marco normativo vigente".
Lo que sí planteó el Fiscal de Estado fue “que no puede descartarse la posibilidad de que una decisión ajena a las autoridades provinciales (sea del Poder Ejecutivo Nacional en el marco del COIRCO o del Poder Judicial), pueda obstaculizar el avance de la ejecución de la presa” y recomendó a su vez que “en el caso que el Sr. Gobernador decidiera darle continuidad al proceso licitatorio, a fin de proteger el patrimonio provincial, resulta necesario que se precise el alcance de las renuncias que ha realizado el oferente a realizar reclamos indemnizatorios o de cualquier otro tipo frente a una eventual suspensión, paralización o fracaso de la obra por causa ajena a la voluntad de las autoridades provinciales”, según se informó a nivel oficial desde la propia Fiscalía.
“Riesgo jurídico en estas obras existe en todo el mundo, a partir del advenimiento o el auge del derecho ambiental y del funcionamiento de tantas ONG. Todo tienen clausula de indemnidad para el Estado en caso de que haya alguna paralización. Estas cláusulas contemplan no reclamar lucro cesante o cualquier tipo de daño y es muy común que haya amparos. Pero eso se prevé en los contratos: allí se va a contemplar todas las hipótesis de futuro de manera que la provincia no tenga ningún perjuicio”, relató a MDZ una importante voz oficial para explicar por que Suarez avanzará con el proyecto.