Fiscalía avaló la licitación de "la obra del siglo", pero pide garantías para evitar juicios

Fiscalía avaló la licitación de "la obra del siglo", pero pide garantías para evitar juicios

Fiscalía de Estado avaló la licitación de Portezuelo del Viento. Aseguró que no hay dificultades extremas como para frenar la obra, pero advirtió sobre los riesgos jurídicos y pidió garantías para evitar juicios indemnizatorios. Suarez está en Malargüe y podría haber un anuncio.

Pablo Icardi

Pablo Icardi

Fiscalía de Estado emitió el dictamen para responder a las denuncias que hubo para frenar la licitación de la represa Portezuelo del Viento y en el Gobierno respiran: el fiscal Fernando Simón avaló la legalidad del proceso y no puso frenos, aunque sí hizo varias recomendaciones y pidió que haya más garantías para evitar litigios por posibles frenos a la obra cuando ya se adjudique.

"Considero que el procedimiento licitatorio del 'Aprovechamiento Hídrico Multipropósito Portezuelo del Viento' no resulta ilegal ni manifiestamente irrazonable, no teniendo por tanto esta Fiscalía de Estado motivación suficiente para oponerse a su desarrollo y eventual  conclusión, ni atribución para pronunciarse sobre su conveniencia”, determinó el Fiscal. En el análisis advierte sobre los riesgos legales y ambientales que tiene a futuro el proyecto, pero asegura que no hay certezas como para frenar la licitación. Por eso deja en manos de Suarez la decisión política de avanzar o recalcular todo. 

Fuera de los detalles técnicos de la licitación, la mención a los riesgos jurídicos a futuro es una de las más importantes, pues el principal temor de la construcción de Portezuelo del Viento es que la obra se frente por las demandas que puedan presentar La Pampa y otros actores en la Corte Suprema y, en ese caso, los reclamos que podría hacer quienes la construyen. "En caso de decidir avanzar, a fin de evitar que una eventual suspensión de la obra por decisión ajena a la voluntad de la Provincia genere reclamos del contratista, riesgo correctamente señalado por los presentantes, realizaré una serie de recomendaciones para la mejor protección del patrimonio fiscal, las que deberán ser tenidas en cuenta", dice el Fiscal.

El gobernador Rodolfo Suarez está en Malargüe y se especula conque haya un anuncio importante respecto a Portezuelo del Viento. La obra tiene financiamiento asegurado porque es producto del convenio entre Mendoza y la Nación por el resarcimiento por la promoción industrial. En total llegarán 1023 millones de dólares. Pero hay problemas cruzados. La licitación tuvo un solo oferente. Se trata de la UTE liderada por la china Sinohydro y de la que forman parte las mendocinas IMPSA, CEOSA y Obras Andinas. Justamente IMPSA es un eje central que terminó "asociando" a Alberto Fernández y Rodolfo Suarez, pues ambos son parte del rescate de la empresa metalúrgica mendocina y están en el directorio. Portezuelo es una de las obras previstas para "salvar" a esa firma. 

Suarez y Cornejo tienen visiones distintas sobre el proyecto. 

Detalles

La licitación de Portezuelo del Viento lleva más de un año de proceso y tuvo dificultades. Se presentó solo un oferente (UTE Malal Hue) y el precio superó en principio el presupuesto oficial. Por eso un grupo de juristas presentaron una denuncia en Fiscalía de Estado para frenar la licitación porque consideran a la obra como perjudicial para la provincia.

Y se basan en el costo, en la falta de competencia entre empresas, en los problemas ambientales y la crisis hídrica y, sobre todo, en los conflictos legales que pueda tener por demandas de La Pampa y otros actores. Consideran que la Corte podría frenar la obra luego de adjudicarla, como ocurrió con otras represas, y generar así litigios con las empresas que demanden indemnizaciones. 

El dictamen es detallista al extremo en cuanto a su alcance, tratando de alejarse de las decisiones políticas que debe tomar el propio gobernador Rodolfo Suarez. Es decir, se acoge al análisis legal y ambiental del proceso y la construcción de la represa. Pero en cuanto al sentido de oportunidad, lo deja en manos del Ejecutivo. 

Un dato que lleva alivio al Gobierno es el aval a la licitación, en particular a que haya un solo oferente y al precio de la obra, que está por encima del presupuesto oficial. "Respecto al procedimiento licitatorio, la existencia de un único oferente no es legalmente causal de fracaso de la licitación... Tampoco resulta un obstáculo legal que se haya solicitado y obtenido una mejora de la oferta del orden del 22%, la que en definitiva resulta en beneficio de la Provincia. Por ello considero que la licitación pública en cuestión se ha realizado, hasta la fecha, de conformidad con el marco normativo vigente", define Simón, quien deja dentro del "margen de discrecionalidad" que tiene el Gobierno para decidir si es oportuno o no adjudicar la obra en esas condiciones. 

¿Se llena o no?

El otro eje de los cuestionamientos es ambiental y tiene que ver con la posibilidad o no de que la represa se llene. Es que el Río Grande ha sufrido la crisis hídrica y los demandantes aseguran que en esas condiciones la obra no será rentable. El Gobierno asegura en sus análisis técnicos que "el embalse se llenaría en un plazo máximo de 4 años y estaría en situación de empezar a generar energía en no más de 12 meses, contados desde el momento de cierre de la presa". Ello a pesar de que en los últimos años la cuenca ha erogado menos caudal del histórico. "Este resultado, eminentemente técnico, resulta esencial a fin de despejar las dudas y cuestionamientos de los presentantes, y otorga elementos suficientes para considerar que no existe una irrazonabilidad evidente en la realización de la obra, que me induzca a solicitar se declare su fracaso", concluye el Fiscal de Estado. 

Sin embargo le pide a Suarez, que tenga en cuenta un análisis profundo del tema antes de adjudicarla. "Los riesgos e incertidumbres que genera la actual crisis hídrica -expresados por los presentantes-, al igual que los informes técnicos realizados por los organismos especializados, no deban ser cuidadosamente merituados por el Sr. Gobernador a fin de decidir, en el marco de las atribuciones que constitucional y legalmente le son propias, la continuidad o el fracaso del proceso licitatorio", agregó al dictamen. 

Luego de avalar el proceso, Simón deja en manos de Suarez la decisión política. "Resulta atribución del Poder Ejecutivo previo considerar los riesgos de la existencia de escasez hídrica como de conflictos judiciales, decidir dejar sin efecto el procedimiento licitatorio o avanzar en su oportuna adjudicación", advierte. 

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