Comienza una nueva pelea entre el Gobierno y la Corte Suprema

El proyecto del presidente Alberto Fernández para declarar a internet como un "servicio público" se encontrará con un fuerte escollo en la Corte Suprema de Justicia, donde se está analizando una demanda presentada contra el Gobierno para frenar esa movida y evitar una regularización excesiva de las tarifas.

En medio de una tensa calma entre el Ejecutivo y el máximo tribunal luego de las embestidas del kirchnerismo para reformar la Justicia, el conflicto por los precios del servicio de internet podrían reavivar el conflicto.

Un decreto firmado en agosto del año pasado por Alberto Fernández había declarado a la telefonía móvil, internet y la televisión por cable como "servicios públicos", y además dispuso la regularización completa de los esquemas tarifarios, lo que implica un control absoluto del Estado en los precios a los usuarios. Esto hizo que Telecom, una de las empresas más importantes en el rubro de las telecomunicaciones y recientemente adquirida por el Grupo Clarín, se presentara ante la Justicia para invalidar el decreto, lo cual consiguió con éxito hasta que la Corte Suprema decida si es constitucional o no.

"En el Gobierno entienden que en principio no son ganadores en este proceso judicial, porque llegan con un recurso de queja: la Cámara (Contencioso Administrativo Federal) le había cerrado el camino hacia la Corte, pero el Ejecutivo fue igual a golpear las puertas del máximo tribunal", explicó la periodista Paz Rodríguez Neil en el programa Mesa Chica, del canal LN+.

Por el momento, añadió la comunicadora, el proceso se plantea bastante lento, ya que el expediente "recién está en el primer despacho: el de Horacio Rosatti". Esto significa que "los tiempos serán azarosos y no se sabe cuánto se va a demorar", añadió. Por lo pronto, el decreto está frenado por seis meses y podría perfectamente extenderse otro tiempo más hasta que la Corte defina si seguirá en vigencia o no.

El anuncio de ayer del presidente Alberto Fernández para declarar a internet como servicio público podría tratarse de una medida anticipatoria a un posible rechazo del máximo tribunal de justicia, ya que "por tratarse justamente de una queja, podría rechazarse bastante fácilmente", aunque en la Corte niegan tener una definición: "Está empezando a caminar, no hay una decisión tomada y no es un tema que para ellos tenga urgencia", aclaró Rodríguez Neil.

A su vez, la periodista indicó que "lo que dicen Telecom y otras empresas es que si no pueden manejar los precios, no saben si podrán cumplir con las inversiones pautadas. Hay un peligro cierto de que esas inversiones terminen frenándose en un área donde son claves y constantes para mantener el servicio".