Causa cuadernos: un exfuncionario fue procesado y sobreseyeron a directivos del grupo Techint

El juez federal Julián Ercolini que subroga el juzgado federal 11 que quedó vacante tras el fallecimiento de Claudio Bonadio, procesó al ex número 2 del Ministerio de Planificación Federal durante el Kirchnerismo, Roberto Baratta, por recibir cerca de un millón de dólares en dádivas pagadas para favorecer la evacuación del personal de una planta de la firma en Venezuela, cuya integridad física corría peligro. 

En la misma resolución sobreseyó al CEO de Techint, Paolo Rocca, y a los ejecutivos de la empresa Luis Betnaza y Héctor Zabaleta al interpretar que "su accionar habría tenido como única y forzada motivación la de evitar serias afectaciones a la libertad".

Recordemos que cuando se conoció el escándalo de los cuadernos de la corrupción en agosto de 2018, desde la dirección de Techint se admitió haber entregado dinero durante la gestión de Néstor Kirchner para resolver una situación compleja de una filial de esa compañía en Venezuela. Los empresarios buscaban que el gobierno kirchnerista intercediera en 2008 ante Hugo Chávez por la expropiación que se iba a hacer en Venezuela de la empresa SIDOR, perteneciente al Grupo Techint.

La causa tuvo un laberíntico camino con procesamientos, arrepentidos, faltas de mérito y hoy el magistrado habiendo juntado más evidencia pudo analizar si había mérito para procesar o sobreseer a los imputados. En ese sentido analizó declaraciones testimoniales junto con las constancias aportadas por la defensa de Betnaza que permitieron acreditar las diversas situaciones de violencia producidas contra los dependientes de la firma SIDOR -ocurridas en la República Bolivariana de Venezuela-. “Dicha circunstancia, como lo expuse al inicio, corroboraría que los pagos efectuados por Zabaleta a Baratta habrían tenido origen en ese pedido de ayuda a las autoridades del gobierno desde donde se habría solicitado el aporte de dinero”.

El magistrado sostuvo a la hora de dictar los sobreseimientos: "Entiendo que si bien la conducta endilgada a Betnaza y Zabaleta (de ordenar y ejecutar los pagos, respectivamente, a un funcionario público) podría tener relevancia penal en cuanto su adecuación típica, considero que, por los hechos acreditados que han sido reseñados, habría mediado una causal de justificación, en los términos del artículo 336, inciso 5to. del Código Procesal Penal de la Nación, que conlleva el dictado del sobreseimiento de los nombrados".

Se trata de una causa de justificación cuyo fundamento es la ponderación de bienes o intereses... lo que hay es un estado de peligro, actual o inminente, para un interés jurídicamente reconocido, que únicamente puede ser salvado mediante el sacrificio de otros intereses reconocidos de terceros, de menor valor. Son situaciones donde no hay otra salida que la afectación de intereses ajenos, jurídicamente protegidos pero menos valiosos, a condición de que el peligro no haya sido provocado por quien actúa en salvaguarda del bien o del interés de mayor valor

Diferente temperamento tomó respecto a la conducta de Roberto Baratta “siendo el funcionario público que habría recibido estos ocho (8) pagos que, de ningún modo, se vinculaban con sus tareas en el ex Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. “

En otra parte de su resolución Ercolini expresó: “Baratta se desempeñaba como Subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio, y habría organizado la forma en que se entregaría el dinero, logrando que le sean entregados entre quince (15) y veinte (20) millones de pesos -conforme surge de lo declarado por Héctor Zabaleta-, suma que no habría ingresado en las arcas públicas”.