Juntos por el Cambio ya tiene a "su procesado" de campaña
El ex intendente de Pilar, Nicolás Ducoté, y cinco funcionarios más de su gestión finalizada en 2019 fueron procesados hoy por el delito de “administración infiel de la administración púbica" por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, quien a su vez le trabó un embargo de $100 millones de pesos.
La denuncia se la formuló su rival político y actual intendente, Federico Achaval, durante la campaña de hace dos años, en la que terminó triunfando por un punto. En esa localidad la dupla Mauricio Macri-María Eugenia Vidal perdió por más de 12%.
Junto con Ducoté fueron procesados su jefe de gabinete, Juan Pablo Martignone, y el ex secretario de Obras y Servicios Públicos, Guillermo Iglesias. Ellos terminaron de declarar el viernes pasado, con lo cual el procesamiento les cayó como un “rayo paralizante”.
La misma situación generó la denuncia hace dos años, a meses de las elecciones, con lo que se detuvo la distribución de microcréditos con fondos otorgados por el Gobierno nacional de Macri.
Si bien ninguno de los imputados quedó con pedido de prisión, además del embargo, el ex jefe comunal no podrá salir del país. A los funcionarios nacionales que habían sido indagados por este caso, en tanto, se les dictó una falta de mérito pero se los seguirá investigando.
La plata que el juez federal González Chavay dice que Ducoté y sus funcionarios no gastaron y que habrían servido para hacer campaña política tenía como objetivo la construcción de una planta de tratamientos en el barrio Peruzzotti, la realización de obras de infraestructura en Monterrey y por “microcréditos” que de manera discrecional se habrían otorgados semanas antes del acto eleccionario.
En aquel momento, el bloque de concejales del Frente Pilarense había denunciado que el municipio había dispuesto un método para beneficiar a un limitado grupo de corralones de materiales a los que los beneficiarios podían adquirir lo que necesitaban. Finalmente, quedó establecido un registro oficial de corralones para evitar esa acusación.
En un extenso fallo de 164 páginas, el juez destaca las supuestas irregularidades del municipio en el incumplimiento de los convenios pero también hace cargo a las autoridades del gobierno nacional de no haber custodiado esos fondos ni controlado como corresponde. Todos los procesados son los funcionarios municipales salientes y el ex intendente, mientras que la falta de mérito la consiguieron los de Nación.
En este dictamen se consignó también la responsabilidad como “partícipes necesarios” de cuatro empresarios cuyas firman dominaron la mayor cantidad de las contrataciones.
En la página 143, el magistrado consideró que “en síntesis, se llegó a la conclusión de que en todos los supuestos analizados se simuló la realización de una aparente puja de empresas que no era tal, presumiéndose fundadamente -a partir de ello- que de antemano ya se había convenido cuál iba a ser la firma adjudicada”.
“Que cada uno de los imputados cumplía su rol de acuerdo al cargo oficial que detentaban para que, a través de cada trámite irregular, resultara adjudicada la firma ya elegida para luego perjudicar el patrimonio del Estado Nacional al abonarle a las empresas digitadas por trabajos no realizados, tal como se señaló respecto de la licitación 2/98 o valores sensiblemente superiores a los de plaza por los insumos adquiridos…”, explicó González Chavay.
El procesamiento, que puede leerse también en el marco de la proximidad de la campaña política, pone en una incómoda situación al ex intendente Ducoté, quien podría encabezar nuevamente la lista de concejales en representación de la oposición de Juntos por el Cambio o ser precandidato a legislador provincial.
“Es una causa armada políticamente, instruida políticamente y resuelta políticamente por un juez que la Cámara Federal declaró incompetente. En tiempo récord y justo en medio del proceso electoral”, aseveró.